Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 82 de 30/04/2015
4. Administración de justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 27 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de San Roque, dimanante de autos núm. 161/2012. (PD. 1070/2015).
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NIG: 1103341C20122000204.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 161/2012. Negociado: 13.
De: Puerto Sotogrande, S.A.
Procurador: Sr. José Adolfo Aldana Ríos.
Contra: Don David John Speight.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 161/2012, seguido a instancia de Puerto Sotogrande, S.A., frente a David John Speight se ha dictado sentencia, cuyo fallo es de tenor literal siguiente:
«Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Sr. Adolfo Aldana Ríos, en nombre y representación de Puerto Sotogrande, S.A., y condeno a don David John Speight al pago de la cantidad de seis mil novecientos sesenta y un euros con ocho céntimos (6.961,08 €), más las cantidades que se devengue en un futuro, más los intereses legales moratorios, con imposición de las costas a la parte demandada.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que esta Sentencia no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación en un plazo de veinte días contados desde la notificación de la presente resolución, mediante un escrito que deberá reunir los requisitos previstos en el art. 457.2 de la Ley 1/2001, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, debiendo ser resuelto el mismo por la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y encontrándose dicho demandado, David John Speight, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En San Roque, a veintisiete de marzo de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).»
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