En 1995 nace el primer referente normativo, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre
, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
Fue la primera Ley que reguló pautas de actuación dentro del proceso penal, concretamente:
Igualmente fue esta Ley la que dictaminó en su artículo 16 la creación de Oficinas de Asistencia a las Víctimas en las sedes de Juzgados y Tribunales o en todas aquellas Fiscalías en las que las necesidades lo exijan.