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  • Dar soporte emocional a la persona víctima de un delito o falta.
  • Prestar ayuda y orientación psicológica y social con objeto de detectar las necesidades de la víctima, valorar su situación e informarle sobre las actuaciones precisas dirigidas a cubrir sus necesidades, concretando planes de actuación, para minimizar al máximo las consecuencias directas y posibles secuelas, previniendo consecuencias más graves.
  • Ofrecer orientación e información jurídica específica sobre el proceso judicial.
  • Servir de puente entre la víctima y las instancias que intervienen en el proceso judicial.
  • Conexión y derivación, en aquellos casos que lo requieran, a la red de atención específica (sanitaria, social, psicológica, jurídica y policial), lo que implica una labor de coordinación interdisciplinar y colaboración con las distintas instituciones y recursos de la comunidad.
  • Ofrecer a la víctima soluciones alternativas a la vía judicial, cuando sea viable, a través del ejercicio de la mediación.
  • Promover la sensibilización y sensibilidad social hacia la víctima, así como la coordinación y colaboración entre las distintas instituciones implicadas, que posibilite una capacidad de respuesta adecuada a sus necesidades.
  • Impulsar la difusión de todas aquellas medidas que implican mayor protección para las víctimas, previstas en la legislación actual