Page 264 - IMA 2018.Informe-de-Medio-Ambiente-en-Andalucía

Entre las figuras que regulan la implantación y el ejercicio de actividades productivas
contaminantes se encuentran la Autorización AmbientaI Integrada (AAI) y la Autorización
Ambiental Unificada (AAU), que son otorgadas por la autoridad regional. En el grupo de las
sometidas a AAI se encuentran las grandes instalaciones industriales y ganaderas. Su se-
guimiento es intenso, estando sujeta su actividad a lo indicado en las guías de Mejores
Técnicas Disponibles. Asimismo, estas instalaciones están obligadas a realizar declaracio-
nes periódicas de sus emisiones de residuos, las cuales se incluyen en el Registro Europeo
de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (E-PRTR: European Pollutants Release and
Transfer Register). Estas notificaciones periódicas, que también afectan a una parte de las
actividades sometidas a AAU, deberán ser validadas por las Delegaciones Territoriales de
la autoridad ambiental, actualmente la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible, que actúan también realizando inspecciones programadas y no pro-
gramadas. Los planes anuales de inspecciones sectoriales, de vertidos o de traslados
transfronterizos de residuos, establecidos anualmente mediante Resolución, forman parte
de este conjunto de actuaciones de vigilancia en la acción reguladora de la administra-
ción.

Además del control de emisiones contaminantes, el combate contra los GEI causantes del
cambio climático supone un ámbito específico puesto en marcha a partir de la entrada en
vigor del Protocolo de Kioto, con el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE)
que la Unión Europea inauguró el 1 de enero de 2005. Los grandes productores de dióxido
de carbono (CO ), óxido nitroso (N O) y perfluorocarburos (PFC) del sector eléctrico, refi-
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nerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio, papeleras y química orgánica tienen obliga-
ción de participar en este régimen por el que, a partir de una asignación límite de
emisiones para el conjunto de la UE, las empresas pueden comprar y vender derechos de
emisión en función de sus necesidades por encima o por debajo de su asignación concre-
ta, estableciéndose una contrapartida económica que funciona como incentivo a la inver-
sión en tecnologías más eficientes.

En Andalucía, para 2017 se estima que los volúmenes de emisión de GEI declarados por
estas instalaciones incluidas en el RCDE suponen alrededor del 48,3% del total, mientras
que el 51,7% provienen de los llamados sectores difusos, pequeños emisores cuya regula-
ción se hace mediante normas especificas que afectan al transporte, su principal respon-
sable, la agricultura o la actividad comercial, residencial o institucional.

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