Los planes técnicos de caza son instrumentos de gestión de los terrenos cinegéticos que garantizan el aprovechamiento sostenible de las especies cazables de Andalucía. El objetivo de estos planes, obligatorios para todos los terrenos cinegéticos, es compatibilizar el aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas con la conservación de la diversidad biológica.
A partir de los planes técnicos de caza se establecen los criterios de gestión cinegética, debiendo incluir, entre otros datos, el inventario de poblaciones silvestres existentes, la estimación de extracciones o capturas a realizar y la delimitación de una zona de reserva para permitir el refugio y desarrollo de las poblaciones en las que no podrá practicarse la caza ni cualquier otra actividad que afecte negativamente a aquellas.
Su vigencia es de cuatro años, teniendo que coincidir este periodo con las temporadas completas de caza con la finalidad de gestionar bajo criterios comunes hábitats homogéneos, los titulares de cotos de caza colindantes pueden solicitar la integración de los planes técnicos de caza individuales en un plan integrado de caza.
Tramitación de los planes
La tramitación del Plan técnico de caza requiere de un procedimiento administrativo que comienza con la presentación del documento firmado por un técnico competente y suscrito por la persona o entidad titular del aprovechamiento. En su elaboración, se han de incluir diferentes apartados, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía Las modificaciones del plan también están sujetas a tramitación.
Uno de los objetivos de la Consejería es actuar como colaboradora en las diferentes fases, facilitando los datos necesarios (cartografía, memorias, planes en vigor, etc….), implementando posibilidades para la cumplimentación por parte de los titulares y agilizando los trámites.
Las Delegaciones Territoriales son las responsables de tramitar los planes técnicos de caza. Una vez finalizado el proceso, emiten una Resolución en la que se indican las piezas que se pueden abatir, las modalidades de caza admitidas y las condiciones particulares para el desarrollo de la actividad cinegética en cada coto de caza.