Diego Valderas
El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre.
A juicio del Gobierno andaluz, esta norma supone un ataque frontal no sólo a las competencias de la comunidad autónoma en la materia sino, sobre todo, a la propia capacidad de autogobierno de las entidades locales, que en Andalucía reforzó el Estatuto de Autonomía de 2007 y su posterior desarrollo legislativo. Con ello, se desvirtúa el carácter democrático de los ayuntamientos para convertirlos, sobre todo en las pequeñas poblaciones, en simples instancias administrativas.
La Junta subraya que los municipios andaluces verán afectada su autonomía por la reforma, ya que implica una recentralización y control por parte del Gobierno, especialmente en los 691 de menos de 20.000 habitantes (el 89,5% del total). Estas pequeñas y medianas localidades, con una población que en su conjunto supera los tres millones de personas, podrían perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto por la norma estatal. Por su parte, los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes (66% del total) quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.
El recurso, primero que presenta una comunidad autónoma contra la ley, se centrará en 19 artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final que, en líneas generales, alteran el marco competencial vigente desde hace más de treinta años, así como el principio descentralizador recogido en la Constitución Española. Además, la reforma deja a la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones. locales.
El Ejecutivo andaluz considera que la ley supone una alteración del autogobierno administrativo y financiero que reconoce la Carta Europea de Autonomía Local. Frente al argumento del Gobierno de ahorrar unos 8.024 millones de euros por la reordenación de competencias municipales, la Junta señala que la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia.
Los ámbitos de gestión más amenazados, que pasarían a las comunidades autónomas, son los relativos a educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo. Sólo en servicios sociales (guarderías, ayuda a domicilio y pequeñas residencias de mayores, entre otros), la cifra de puestos de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas.
La ley supone una sobrecarga financiera para las comunidades autónomas que deberán asumir el coste de los servicios que se sustraen a las competencias municipales. La Junta evalúa inicialmente en unos 600 millones este desajuste financiero para las arcas autonómicas. De ellos, 330 corresponden a educación, 162 a políticas sociales y 16 al transporte público.
Privatización de servicios
Igualmente, el Ejecutivo andaluz señala que esta merma afectará también negativamente a los cauces de participación y atención a las demandas vecinales, y convertirá a los ayuntamientos en meros gestores de los servicios obligatorios que coordinarán las diputaciones provinciales, instituciones que no son de elección directa por la ciudadanía. Además, dejará a las corporaciones bajo el control potestativo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, de entrada, será el que evalúe el coste de todos los servicios. Según la ley, la competencia del servicio será municipal sólo si la cuantía que propone es "competitiva", lo que abre las puertas a la privatización.
Otra de las amenazas a la autonomía local viene de la posibilidad de que el Estado promueva la fusión de municipios con la justificación de mejorar la capacidad de gestión. Con esta vía se desactiva igualmente cualquier decisión democrática de segregación, ya que la norma estatal lo prohíbe por un periodo de diez años desde la fusión.
La ley estatal también impide la creación de nuevas Entidades Locales Autónomas con personalidad jurídica, mientras que a las ya existentes (47 en Andalucía) se les impone un mecanismo de supresión vinculado a su estabilidad presupuestaria o a la del ayuntamiento matriz. Por su parte, las 78 mancomunidades de municipios andaluzas tendrán que renunciar a políticas de desarrollo socioeconómico, empleo y formación, por ser consideradas “competencias impropias”.
Finalmente, el Gobierno andaluz señala que la reforma local supone una doble vara de medir, ya que comunidades como el País Vasco o Navarra tendrán la posibilidad de no aplicarla, bien en su totalidad o parcialmente.
Leyes de autonomía local
El Consejo de Gobierno recuerda que la reforma amenaza directamente al desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010.
La primera de estas normas, pionera en España y considerada como el ‘Estatuto de los Ayuntamientos’, reduce la tutela previa de la Junta sobre diversas materias y concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios. Asimismo, en consonancia con el objetivo de descentralización, delimita sus 28 competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Administración autonómica.
Por su parte, la Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es decir, respetando por tanto unas decisiones y prioridades de gasto que, en cualquier caso, tienen su legitimidad en el mandato de las urnas.