Consultas sobre infracciones

Las siguientes preguntas y respuestas intentan aclarar cómo se puede proponer el inicio y realizar un seguimiento de cualquier actuación en materia de disciplina territorial y urbanística.

 

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¿Qué actos están sujetos a licencia urbanística municipal?

Se requiere, con carácter general, que el Ayuntamiento otorgue licencia urbanística -independientemente de las autorizaciones, concesiones o informes de otras Administraciones- en los actos de construcción, edificación, instalación, infraestructura y uso del suelo, incluido el subsuelo y el vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación en la materia.

Todo acto de uso del suelo requiere licencia urbanística municipal, salvo que sean actuaciones sometidas a otro medio alternativo de intervención administrativa como son las declaraciones responsables y las comunicaciones previas.

¿Qué actos están sometidos a declaración responsable o comunicación previa?

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía precisa una serie de actos y usos del suelo en los que la tradicional licencia urbanística se sustituye por otras técnicas alternativas como son la declaración responsable o la comunicación previa.

En general, bajo el cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones, se someten a declaración responsable las siguientes actuaciones:

  • La realización de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente.
  • Las obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística; y aquellas en suelo rústico que tengan por objeto la mejora de las condiciones de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía renovable o la reducción de su impacto ambiental.
  • La ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones.
  • Los cambios de uso en edificaciones.

Por otra parte, deben ser objeto de comunicación previa:

  • Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables.
  • El inicio de las obras.
  • Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras.

¿Necesitan licencia o declaración responsable las obras promovidas por las administraciones públicas?

Las obras de iniciativa pública están sometidas igualmente a licencia o, en su caso, a declaración responsable, salvo que hayan sido aprobadas en un Plan Especial supramunicipal, la legislación sectorial establezca un procedimiento especial de armonización o sean declaradas de urgente interés público. Las obras promovidas por los Ayuntamientos deben ser autorizadas mediante un acuerdo municipal, sujeto a los mismos requisitos que la licencia urbanística.

¿Qué edificaciones se encuentran en situación de asimilado a fuera de ordenación?

Se encuentran en situación de asimilado a fuera de ordenación aquellas edificaciones irregulares que se encuentren terminadas, en cualquier clase de suelo y cualquiera que sea su uso, respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio.

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¿Cómo se puede conocer la situación urbanística de una parcela o inmueble?

En el caso de que se desee conocer la situación urbanística de una finca o parcela, se deberá solicitar al Ayuntamiento correspondiente la información mediante cédula urbanística sobre el régimen urbanístico aplicable a los terrenos o edificios. La información facilitada tendrá carácter informativo respecto de las condiciones urbanísticas en el momento de su emisión y no vinculará a la Administración en el ejercicio de sus potestades públicas.

De otro lado, se puede acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación territorial y urbanística, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

¿Cómo resolver otras dudas sobre determinados hechos o actuaciones sin tener que formular denuncia?

Mediante el correo electrónico inspeccion.sgimot.cfiot@juntadeandalucia.es se pueden plantear consultas genéricas sobre qué actuaciones se pueden llevar a cabo en determinadas situaciones relacionadas con la disciplina urbanística.

¿Quién puede denunciar una infracción urbanística?

Cualquier persona tiene derecho a ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística y a obtener de la Administración una respuesta motivada, sin necesidad de demostrar un interés legítimo concreto.

En todo caso, la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de persona interesada en un determinado procedimiento.

Las personas interesadas con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representantes, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, deben actuar por medio de quienes, en el momento de la actuación inspectora, ocupen los órganos de su representación o la tengan conferida.

¿En qué casos no se tramita una denuncia?

No son tomadas en consideración y, por tanto, no dan lugar al inicio de actuaciones, las denuncias manifiestamente infundadas, ininteligibles, anónimas o cuando no sea posible determinar su objeto; así como aquéllas sobre las que exista sospecha fundada de que han sido presentadas con objeto de obstaculizar una actuación inspectora planificada o en curso.

¿Qué datos deben hacerse constar en la denuncia?

Las denuncias por infracciones territoriales o urbanísticas deberán expresar la identidad de la persona o personas que la presenta, el relato de los hechos denunciados, la fecha de comisión de la infracción y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

El escrito por el que se interponga la denuncia debe recoger, con toda claridad, los hechos, razones y petición en que se concreta la denuncia, así como la localización de la parcela o finca donde supuestamente se estén cometiendo la infracción y cualquier otra información que se estime conveniente para precisar o completar los hechos.

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¿Ante qué administración puede presentarse una denuncia?

La competencia universal en materia de disciplina urbanística la tienen atribuida los Ayuntamientos, a los que corresponde la tramitación y resolución de los procedimientos disciplinarios, la concesión de licencias, las facultades de comprobación y control posteriores respecto a las declaraciones responsables o comunicaciones previas, y las labores de inspección. La Junta de Andalucía únicamente actúa de forma subsidiaria cuando, requerido el Ayuntamiento correspondiente, éste no haya actuado y siempre que se trate de infracciones que afecten a competencias autonómicas en esta materia.

No obstante, la Junta de Andalucía ostenta competencia directa para el restablecimiento de la legalidad y la imposición de sanciones ante las actuaciones que comporten infracción de la ordenación territorial, sin perjuicio de que si dichas actuaciones inciden igualmente en las competencias municipales también pueden actuar los municipios.

Las denuncias por infracciones contra la ordenación territorial interpuestas ante la Junta de Andalucía deben dirigirse a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. C/ Pablo Picasso, nº 6. 41018. Sevilla,  en el registro telemático general de la Junta de Andalucía, por fax al numero 954782752, o a través de los registros públicos que la legislación en materia de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas establece.

¿Qué infracciones prioriza el actual Plan General de Inspección?

El Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo para el cuatrienio 2017-2020, actualmente prorrogado, así como los programas que se establecen en ejecución de sus objetivos, prioriza las actuaciones inspectoras cuando el objeto de la denuncia esté incluido dentro de los siguientes supuestos:

  • Los suelos protegidos por instrumentos de ordenación territorial, en especial en los ámbitos de la Zona de Influencia del Litoral.
  • El patrimonio territorial de Andalucía, en particular mediante la prevención de la formación de asentamientos urbanísticos no previstos en los instrumentos de ordenación urbanística general y los procesos de parcelaciones ilegales.
  • Los procesos de reconocimiento y reconducción a la legalidad de situaciones irregulares existentes en suelo rústico y el cumplimiento de las condiciones y medidas correctoras y compensatorias inherentes.

Dado que la actividad autonómica de inspección en ordenación del territorio y urbanismo está sujeta a planificación, aquellas denuncias que se presenten sobre hechos no programados por el Plan General de Inspección e incidan en las competencias municipales darán lugar a la formulación de requerimientos al Ayuntamiento que corresponda, instándole a que inicie las actuaciones disciplinarias de su competencia, para que el denunciante no tenga que presentarla de nuevo ante la administración local y se eviten de esta forma dilaciones y molestias innecesarias.

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¿Qué actuaciones puede llevar a cabo la Inspección autonómica dentro del ámbito de sus competencias y de los objetivos del Plan de Inspección?

Como primer paso en el procedimiento de inspección, si se considera necesario, se pueden abrir diligencias de investigación para constatar los hechos denunciados y obtener la información necesaria para establecer qué medidas se deben adoptar. En este momento se puede requerir información adicional a la ciudadanía, otras administraciones o al propio denunciante para ampliar, contrastar y concretar los hechos objeto de presunta infracción.

Una vez tomados en consideración los hechos, constatada la competencia autonómica por tratarse de actos que vulneran la ordenación territorial, y comprobado que no cuentan con ningún título que los legitime, se pueden iniciar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad territorial y de sanción a los responsables. Si se comprueba que las obras están ejecutándose, se ordena la inmediata suspensión o paralización de tales obras.

En los casos en que se constata que los hechos denunciados cuentan con título que los legitima -licencia o autorización administrativa-, pero este título es incompatible con la ordenación territorial o urbanística y siempre que no estuviera ya juzgándose, se insta del Ayuntamiento la revisión de oficio si el vicio del acto administrativo es de nulidad o se promueve la impugnación jurisdiccional.

¿Qué medidas pueden adoptarse en un procedimiento de inspección?

Si como resultado de un procedimiento de inspección se constata la comisión de una infracción territorial o urbanística, su resolución puede conducir a la adopción de distintas medidas:

  • La puesta en conocimiento de otras administraciones competentes.
  • La impugnación o requerimiento de revisión de la licencia.
  • La suspensión de las obras o actos en ejecución.
  • El restablecimiento del orden físico y jurídico perturbado.
  • La imposición de sanciones.
  • La reposición a su estado originario de la realidad física alterada, incluyendo la demolición de lo edificado.

 

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¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento de restablecimiento de la legalidad y un procedimiento sancionador?

La comisión de hechos constitutivos de infracción territorial o urbanística da lugar a la tramitación de dos procedimientos distintos: el de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística y el procedimiento sancionador. El procedimiento de restablecimiento se resuelve con independencia del sancionador que se hubiera incoado, pero de forma coordinada con éste, y pueden unirse a cada expediente testimonios de lo actuado en el otro. Las sanciones que se deriven de la comisión de dichas infracciones son compatibles con la exigencia de la reposición de la situación física alterada a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios.

Mientas que las sanciones tienen una función represiva o de castigo por la realización de una conducta ilícita, las medidas de restablecimiento de la legalidad no tienen naturaleza sancionadora sino que su finalidad esencial es reponer o restaurar el orden físico y jurídico quebrantado para el caso de que la actuación no sea legalizable. Las medidas de adecuación pueden consistir en la prohibición de iniciar o de continuar la actuación en curso, cese de suministros, desmantelamiento de servicios, infraestructuras o instalaciones análogas, demolición total o parcial, desmonte, reconstrucción, reagrupación de parcelas y cuantas sean necesarias en función del contenido y el alcance de la ilegalidad.

¿Qué sucede si los hechos denunciados afectan a varias administraciones competentes?

En caso de que además de la infracción territorial se trate de una infracción urbanística o se detecte el incumplimiento de otras normativas sectoriales, se da traslado de los hechos tanto al Ayuntamiento que corresponda a los efectos de la cooperación y colaboración interadministrativas como a otros órganos o administraciones cuyas competencias se vean afectadas por los mismos. Todo ello con la finalidad de no demorar la tramitación de la denuncia, de forma que la ciudadanía no tenga que presentarla de nuevo ante las administraciones y órganos competentes.

¿Qué derechos de información tiene la ciudadanía sobre las actuaciones inspectoras?

En el marco de la legislación sobre transparencia de las administraciones públicas, la ciudadanía puede conocer el contenido de las actuaciones inspectoras; siempre que el ejercicio del derecho de acceso a la información no suponga un perjuicio para la prevención, investigación o sanción de los actos ilícitos, así como para las funciones de vigilancia, inspección y control y en cualquier caso siempre que se garantice la protección de datos especialmente protegidos.

¿Puedo tener conocimiento en cualquier momento del estado de la denuncia presentada?

Únicamente quienes acrediten un interés legítimo con el objeto del expediente abierto podrán tener acceso al mismo, para la consulta u obtención de copia de documentos obrantes en el mismo, o para conocer el estado en el que se encuentra, pudiendo solicitarlo por escrito o pidiendo cita con el personal inspector. La cita podrá concederse, en su caso, de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de la actividad inspectora.

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