Los responsables de las políticas de Vivienda de Andalucía y Madrid.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, se han reunido hoy en Madrid para analizar las políticas en materia de vivienda. El objetivo del encuentro ha sido aunar sinergias, establecer lazos de cooperación y compartir experiencias conjuntas para garantizar el derecho a una vivienda a un precio asequible. Las dos administraciones han abordado además, la necesidad de reforzar el marco de confianza y seguridad jurídica en el ámbito de la gestión con los principales agentes involucrados en el sector inmobiliario y desarrollar políticas de transparencia dirigida a los ciudadanos.
Uno de los principales frentes comunes de ambas administraciones es la necesidad de mejorar y reforzar los convenios en materia de vivienda suscritos con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ya que estos están dotados con pocos recursos económicos, en su mayoría procedentes de los convenios suscritos en el marco del Plan Nacional de Vivienda.
Las dos administraciones han mostrado su oposición frontal al anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar los precios del alquiler, medida que ha demostrado ser un fracaso en grandes ciudades europeas como París o Berlín. Frente a propuestas intervencionistas del mercado del alquiler, Marifrán Carazo ha defendido que apuesta por “promover nuevas viviendas en alquiler que amplíen la oferta donde más se necesita”.
“Para ello vamos a poner suelo público autonómico y vamos a incentivar a los ayuntamientos para que ofrezcan suelo para construir nuevas viviendas en alquiler”, ha explicado. La Consejería ya tiene en marcha un programa de Fomento del Alquiler con el que se van a construir 722 viviendas en Andalucía tras una inversión de 19,8 millones de euros en ayudas a promotores públicos y privados de siete provincias andaluzas.
El consejero Pérez ha mostrado su total oposición a la propuesta del Gobierno de Sánchez: “Lucharemos contra esta medida, en el marco de nuestras plenas competencias autonómicas, y evitaremos que se limiten los precios en el mercado del alquiler, ya que solo traería fraude y encarecimiento de los precios”. David Pérez y Marifrán Carrazo han puesto el foco en el aumento del precio de la vivienda, afectando especialmente al alquiler, con precios previos a las crisis de 2007, así como la escasez de suelo y la rigidez de la normativa que regula todo lo concerniente al proceso de construcción de vivienda, a lo que se le suma la escasez e incentivos fiscales que faciliten a los ciudadanos el derecho básico de acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y mayores de 65 años.
Por último, los dos Gobiernos han acordado solicitar al Ministerio la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, con el objetivo de que las comunidades autónomas tengan voz y participen de los planes del Gobierno de la Nación en materia de vivienda.
La consejera, que estuvo acompañada por la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, y el director general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Juan Carlos del Pino, ha defendido que las administraciones tienen el deber de poner los medios para garantizar el acceso a la vivienda en alquiler, y también en venta, a precio asequible y para esto se está poniendo en marcha el Plan Vive en Andalucía 2020-2030, que supondrá “un cambio en las políticas de vivienda en la comunidad andaluza”.
“Estamos trabajando para que las viviendas sean dignas y adecuadas y, por tanto, accesibles, promoviendo la rehabilitación, la eficiencia energética y la conservación y mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones”, ha manifestado Marifrán Carazo tras indicar que la Junta de Andalucía va apoyar a las comunidades de propietarios que necesitan abordar obras de rehabilitación en los edificios, con especial atención a la accesibilidad. La consejera ha añadido que se delimitarán Áreas de Rehabilitación, donde concentrar los esfuerzos, y se pondrán en marcha, por ejemplo, proyectos de adecuación de espacios urbanos y planes de intervención social.
La última medida puesta en marcha por la Consejería de Fomento ha sido la publicación de la orden que equipara el diseño y funcionalidad de las viviendas protegidas a las viviendas libres y agiliza los procedimientos de calificación al unir su concesión a la de la licencia de obras. Con ambas medidas, se busca favorecer y fomentar la promoción de vivienda pública. “Se cambia el concepto de vivienda protegida, disipando las diferencias con la vivienda de promoción libre y adecuándolo a las necesidades de la sociedad actual y con ello haremos la vivienda protegida más atractiva tanto para los promotores como para las entidades financieras”, ha apostillado la consejera.
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