Memoria 2024. TARCJA

MEMORIA DEL TARCJA 2024 22 gia de profesionalización; y iii) el establecimiento de una estrategia de profesionalización. En relación con esta tercera etapa, entre las diversas acciones que los países miembros pueden promover, destaca el desa- rrollo de“un modelo de competencias y un marco de certificación”. Sobre España, se pone de manifiesto en dicho infor- me que, en 2022, el Ministerio de Hacienda junto con el Instituto de Estudios Fiscales, desarrolló un curso denominado“Alta Especialización en Contratación Pública”, una iniciativa formativa basada en el Pro- curCompEU en el que participaron treinta funciona- rios de alto nivel de dicho Ministerio, con el perfil de expertos en contratación pública y con amplia expe- riencia. Tras la evaluación y mejora del programa, los objetivos expuestos se concretaron en que se debían aumentar el número de cursos anuales y en diferentes instituciones de formación, aumentar el número de participantes e invitarlos del sector privado, colaborar con universidades e impartir cursos en las Comunida- des Autónomas y las Entidades Locales. Concluye, ex- presando que “el objetivo es trabajar conjuntamente con recursos humanos planeando crear una certifica- ción en especialización en contratación pública para funcionarios y otra para especialistas privados”. Asimismo, dicho documento analizaba los tipos de enfoques colaborativos con centros de conocimien- to para mejorar la capacidad del personal de contra- tación pública en el año 2020, exponiendo que, sin embargo, no teníamos instituciones de formación profesional especializada, ni programas conjuntos de investigación, salvo seminarios y talleres, a diferencia de otros países como Eslovenia, Noruega, Suecia, Ho- landa, Lituania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Reino Unido, etc. De todos los países de la OCDE, ya en dicho estudio en 2020, quedábamos fuera de la lista de los 20 países que tenían instauradas instituciones de formación profesional especializada, y programas conjuntos de investigación. Todo ello, unido a que la tendencia es el incremen- to de la litigiosidad contractual pública, nos indica la gran la importancia de la profesionalización de la contratación pública y, en concreto, el desarrollo de modelos de competencias y marcos de certificación, pues a mayor especialización, por ambas partes, po- deres adjudicadores y licitadores, mayor claridad jurídica, menores errores y, por tanto, menor litigio- sidad. Es decir, el conocimiento de la doctrina de los tribunales como herramienta útil para poder realizar una contención de la litigiosidad y, con ello, poder dar respuesta desde los Tribunales, y en concreto, desde el Tribunal andaluz a todas las controversias que se planteen. De este modo, hay que poder de relieve que, concre- tamente, la Comisión Europea promueve “construir una arquitectura para la profesionalización de la con- tratación pública” y recomienda desarrollar y apoyar