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La Consejería de Fomento y Vivienda está inspeccionando y adecuando las viviendas cedidas hasta la fecha por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) de las 400 recogidas en el convenio firmado en junio de 2016. Este trabajo finalizará, según ha dado a conocer el titular de este departamento del Gobierno andaluz, Felipe López, en septiembre, una vez cedida la totalidad de inmuebles.

 

Durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, López ha recordado que el objetivo de este acuerdo es que las viviendas de la Sareb situadas en Andalucía pasen a ser gestionadas por la Junta para destinarlas a aquellas familias con menos recursos que podrán acceder a ellas a través de un alquiler asequible. El consejero ha detallado que hasta la fecha se ha culminado el proceso de tramitación para la cesión de un total de 280 viviendas. “Por ello, estamos ahora trabajando, por una parte, en regularizar la situación de las familias que residen en estas viviendas que van a ser cedidas y, por otra, haciéndole las mejoras necesarias para entregarlas a familias en óptimas condiciones”, ha explicado.

 

Así, la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se está encargando, en el caso de las viviendas ocupadas, de regularizar la situación de sus inquilinos mediante su transformación en alquiler, evitando así el lanzamiento. Para ello, ha añadido, “se ha solicitado información a las instancias judiciales, que han facilitado los datos necesarios para conocer la situación de los procedimientos abiertos sobre las familias que habitan en las viviendas cedidas”. “Una vez obtenida toda la información se han comenzado a aplicar los protocolos que prevén ofrecer, de un lado, garantías para las familias y, de otro, una regularización de la situación”, ha asegurado.

 

Respecto las viviendas disponibles no ocupadas, AVRA se encarga de su adecuación, para lo que se ha dispuesto una inversión por vivienda de hasta 7.000 euros que se financiarán de forma conjunta por AVRA y SAREB. En las próximas semanas comenzarán las reparaciones de aquellas viviendas que así lo demanden, para lo que se ha establecido un plazo de entre 15 días y un mes.

 

Una vez finalicen las obras de rehabilitación, la Junta de Andalucía pondrá en marcha los correspondientes procesos de adjudicación conforme a lo establecido, entregando dichos inmuebles a los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.

“Esta cooperación con entidades propietarias de vivienda forma parte de una estrategia global para garantizar el derecho a una vivienda digna y que se plasma en el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2020”, ha aseverado Felipe López, que ha añadido que “nuestro compromiso es aportar todos los recursos tanto normativos como económicos para evitar los desahucios o paliar sus negativos efectos sociales”.

 

 

Felipe López ha asegurado que el convenio con la Sareb ”forma parte de un todo y sólo cobra sentido dentro de una estrategia global porque su impacto aislado podría considerarse limitado”. De hecho, ha aclarado que se trata de “una herramienta más dentro de las políticas de vivienda que viene impulsando la Junta para dar respuesta a la demanda de viviendas por parte de aquellas familias que más están sufriendo la crisis y que cuentan con recursos limitados“.

 

Además, ha recordado que el convenio con la Sareb persigue el mismo objetivo que el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2020, un Plan que prevé reducir el impacto que sobre las familias andaluzas han tenido los años más severos de la crisis económica. Ése es el motivo por el que Andalucía cuenta con una normativa amplia --Medidas para la Vivienda Protegida y del Suelo, Ley reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y medidas para asegurar el cumplimiento de la Función social de la vivienda--, a la que se sumas las aprobadas en esta legislatura, como son la de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda.

 

La tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucios en Andalucía, el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, la Orden de ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social o la de ayudas al alquiler y el convenio con el Consejo General del Poder Judicial son otros de los ejemplos que ha enumerado el consejero en la suma de esfuerzos y recursos contra los desahucios.