¿Qué es?

La promoción de la competencia es una labor preventiva dirigida a favorecer la competencia en los mercados y sectores económicos, para proteger los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias.

Esta función de “competition advocacy” es complementaria de la actividad clásica de defensa de la competencia. Su objetivo principal es evitar la existencia de restricciones o distorsiones injustificadas a la competencia en los mercados y formar y difundir la “cultura de competencia” entre la ciudadanía en general y, particularmente, entre las Administraciones públicas, aumentando el grado de concienciación sobre los beneficios asociados a la competencia efectiva para que sean percibidos por la sociedad en su conjunto, y en particular por los ciudadanos y las empresas. También tiene por objeto prevenir la aparición de conductas prohibidas por la normativa de defensa de la competencia, como los acuerdos colusorios, el abuso de posición dominante o el falseamiento de la libre competencia por actos desleales que afecten al interés público.

La mejora de la regulación económica es uno de los ejes centrales de la promoción de la competencia y con ella se persigue garantizar que toda intervención de los poderes públicos en la economía cumpla con los objetivos previstos de las diferentes políticas públicas (salud, medio ambiente, etc.) al mínimo coste posible.  En este ámbito de actuación, la Agencia adopta un rol proactivo supervisando la regulación de los distintos sectores económicos y la calidad de la intervención pública en la economía, detectando los obstáculos y barreras injustificados presentes en la actuación de las Administraciones públicas, mediante la aplicación de los principios de buena regulación económica (necesidad, proporcionalidad o mínima distorsión competitiva, no discriminación, etc.).

Entre las principales herramientas de la promoción de la competencia y mejora regulatoria reconocidas a la ACREA por la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía están el control o evaluación de  los proyectos normativos; la elaboración de informes, estudios, guías, recomendaciones; las respuestas a consultas; la legitimación para impugnar actos y disposiciones que constituyan obstáculos a la competencia efectiva; o la organización de actividades formativas.