El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de créditos de 3,32 millones de euros en la Consejería de Educación para dar cobertura financiera a la dotación presupuestaria, acordada el pasado martes, de 259 puestos de trabajo.

Estas plazas, ya creadas pero con vacantes sin cubrir, refuerzan unos servicios públicos especialmente afectados por las dificultades de reposición de efectivos que la normativa estatal ha impuesto durante los últimos años. De ellas, 226 corresponden a personal funcionario para las delegaciones territoriales de la Consejería y las 33 restantes a personal laboral destinado a escuelas infantiles de titularidad de la Junta, comedores escolares y programas de apoyo al alumnado con necesidades específicas.

La Consejería de Justicia e Interior tiene previsto destinar 19 millones de euros a su plan estratégico de subvenciones 2018-2021. El documento, que ha iniciado su trámite de elaboración, recogerá las diferentes líneas de ayudas a entidades, empresas y asociaciones que colaboran en el cumplimiento de los fines de este departamento, especialmente en políticas migratorias, violencia de género, mediación, protección civil y víctimas del terrorismo.

El documento prevé el apoyo financiero a iniciativas de prevención de violencia contra las mujeres, entre otras.

El plan establecerá las previsiones de apoyo financiero para impulsar, entre otros objetivos, el voluntariado local de protección civil, las iniciativas de prevención de la violencia contra las mujeres, la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, la orientación jurídica penitenciaria, el fomento de la resolución extrajudicial de conflictos y reforzar las acciones dirigidas a la integración de las personas inmigrantes en Andalucía.

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del proyecto de decreto regulador de la organización, funcionamiento y régimen jurídico del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía, con el fin de adaptarlo a la legislación vigente.

La nueva norma agilizará el funcionamiento y reforzará la independencia de este órgano, encargado de la tramitación y resolución de las reclamaciones contra la aplicación de tributos, sanciones y otros ingresos de derecho público de la Administración autonómica. Su nueva organización supondrá la creación de una estructura central con la presidencia, cuatro vocalías y una secretaría.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado ampliar en seis meses la prórroga del actual contrato de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (RCJA) en tres lotes cuyo plazo finaliza el 23 de agosto. Se trata de la Red de Respaldo para Sedes Críticas, de los servicios telefónicos en movilidad y de los nodos de interconexión NIX para minimizar riesgos en internet.

La decisión responde al interés público de garantizar el funcionamiento de estas infraestructuras mientras se ultima la firma del contrato completo, prevista para el próximo mes. Actualmente, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ya ha finalizado la fase de valoración y negociación de las propuestas referidas a los servicios de datos, voz y comunicaciones críticas.

La RCJA da cobertura a 84 organismos y 11.000 centros de trabajo, con más de 160.000 extensiones de telefonía.

La prórroga acordada para la Red de Respaldo para Sedes Críticas asegura el funcionamiento de este dispositivo encargado de garantizar, ante eventuales cortes, servicios esenciales de la Junta que funcionan las 24 horas los siete días de la semana, como hospitales, grandes instalaciones de proceso de datos o centros de defensa forestal del Plan Infoca, cuya interrupción en estas fechas conllevaría un alto riesgo.

El segundo lote que cubrirá la prórroga es el denominado Servicios en Movilidad, integrado por líneas móviles-fijas (teléfonos de sobremesa que emplean una SIM móvil) y líneas móviles. Finalmente, los Nodos de Interconexión NIX son aquellos que dotan a la Red Corporativa de la Junta de los servicios de seguridad y control de acceso necesarios para minimizar el nivel de riesgo en internet, monitorizando todo el tráfico.

La RCJA se creó en 1998, con el objetivo de desplegar un conjunto unificado de servicios avanzados de telecomunicaciones, reduciendo costes globales y mejorando su gestión. Da cobertura actualmente a 84 organismos y alrededor de 11.000 sedes y centros de trabajo de la Administración autonómica. Cuenta con más de 160.000 extensiones de telefonía y un caudal de 7,6 Gbps de acceso a internet, tanto en las consejerías y organismos autónomos de la Junta como en las empresas y entidades del sector público andaluz. En estas últimas se incluyen los denominados centros periféricos, donde se concentra la prestación de servicios públicos a los ciudadanos (hospitales, centros de salud y educativos, juzgados y oficinas de empleo, entre otros).

El contrato firmado en 2011 para todos los servicios de la Red, cuyas prórrogas se amplían ahora en tres de ellos, ha supuesto durante los últimos siete años un ahorro medio del 35% respecto a los costes de mercado en telefonía fija y del 55% en móvil.