Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 145 de 31/07/2017
4. Administración de justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 11 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 1618/2016.
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NIG: 2906742C20160038230.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1618/2016. Negociado: IA.
Sobre: Divorcio.
De: Doña Gisela Karina Deibe Lombardo.
Procuradora: Sra. María del Carmen Martínez Galindo.
Letrada: Sra. Antonia Palomo Sánchez.
Contra: Mariano Marcelo Micozzi.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1618/2016 seguido a instancia de Gisela Karina Deibe Lombardo frente a Mariano Marcelo Micozzi se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
FALLO
Estimar la demanda de divorcio interpuesta por doña Gisela Karina Deibe Lombardo contra don Mariano Marcelo Micozzi, y en consecuencia debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio por divorcio de los expresados con todos los efectos legales, abonando cada parte sus propias costas.
Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del pleito.
Notifíquese la presente a las partes y a través de edictos que se publicarán en el BOJA al demandado rebelde, dada su situación de paradero desconocido.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 458 LEC).
Y encontrándose dicho demandado, Mariano Marcelo Micozzi, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Málaga, a once de julio de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).»
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