El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en el Parlamento andaluz
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha defendido hoy en el Pleno del Parlamento autonómico que el sector público empresarial de la Junta de Andalucía “tiene margen de mejora”. Ha explicado que al inicio de esta legislatura el Gobierno regional se encontró con una realidad: “Un entramado de agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios cuyo personal no se ha visto afectado en la misma medida por reducciones, como ha ocurrido en la Administración general y en otros sectores como pueden ser el docente, el sanitario o incluso la administración de justicia”.
Desde ese punto de partida, el consejero ha explicado que el Ejecutivo andaluz pretende aumentar su conocimiento sobre la administración instrumental de la Junta con nuevas auditorías que “continúen con el esfuerzo” que ha hecho la Intervención General, que ha analizado ya una docena de entidades. Esa información será fundamental a la hora de arrancar cualquier proceso de racionalización y optimización que se pueda llevar a cabo.
En ese sentido, Bendodo ha señalado que cualquier acuerdo que incluya una serie de actuaciones, tiene que tener respaldo presupuestario, por lo que se ha previsto una partida de 15 millones de euros en 2020 para cubrir los costes por integración entre distintas entidades o actuaciones liquidatorias en sociedades mercantiles o fundaciones.
En la misma línea, “habrá respaldo presupuestario este año y el siguiente para auditorías y asesorías jurídicas, concretamente 3,5 millones de euros”, ha aseverado el consejero, con lo que el total será de 18,5 millones en el próximo ejercicio.
El titular de la Presidencia ha incidido en que la intención del Gobierno andaluz es la de realizar “un plan de auditorías específicas, contratadas con firmas independientes, con la supervisión de la Intervención General, en aspectos de auditoría operativa, y análisis de eficacia, eficiencia y economía, sobre la totalidad del sector público instrumental”.
El mencionado plan se acometerá en un plazo de dos años de ejecución, con resultados progresivos a partir de nueve meses. Será con las conclusiones de ese análisis por delante, más las de los grupos de trabajo creados en 2019 con dicha finalidad por el Consejo de Gobierno, cuando se adopten decisiones sobre la supresión y eliminación de duplicidades y se planteen propuestas para reestructurar el sector instrumental.
“La voluntad real es la de acometer un proceso de racionalización, que no implica en ningún caso despidos masivos”, ha sostenido Bendodo, para añadir que se harán estudios caso a caso.
El titular de la Consejería de la Presidencia ha dejado claro que la Junta “no va a despedir personal que preste servicios públicos esenciales”. “Estamos reforzándolos porque las grandes banderas del socialismo, como la educación, la sanidad y los servicios sociales, tenían numerosos problemas que estamos solventando”, ha mantenido.
Por último, ha subrayado también que la seguridad jurídica será otro de los ejes que marquen los posibles cambios en la Administración instrumental, donde se llevarán a cabo las actuaciones que se estimen necesarias siempre “dentro de la ley”.
El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2019 cuantifica de manera clara el personal laboral propio de las entidades instrumentales que suma un total de 26.045 personas, de ellas, 16.499 pertenecen a agencias, 5.307 a sociedades mercantiles, 4.100 a fundaciones y 139 a consorcios.
Dichos entes emplean un tercio de su presupuesto en gastos de personal, en concreto 1.073,69 millones de euros, destinados principalmente al pago de salarios.
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