Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Exclusión. La recurrente combate la exclusión de su oferta de las agrupaciones de lotes y lotes de los que resultó excluida alegando que se trató de un error material susceptible de subsanación. Examen por el Tribunal a partir de las previsiones de los pliegos, el modelo de oferta económica que debía cumplimentar y de la doctrina del Tribunal acerca de los requisitos que han de concurrir para apreciar el error material y los límites a la inmodificabilidad o alteración de la oferta. Solo cabe la rectificación de errores materiales cuando el sentido correcto de la proposición se deduce de datos internos, inequívocos y completos de la propia oferta. La falta de diligencia de la licitadora al cumplimentar el modelo de proposición económica abocó a la superación del precio máximo unitario de licitación en todos los lotes y agrupaciones de lotes, no siendo posibe, una vez descartado el error material la subsanación porque ello supondría infringir el principio de igualdad de trato. Tampoco es posible apreciar el trato discrimnatorio frente a otros licitadores a quienes sí se les permitió la corrección del error aritmético. Desestimación.

Exclusión. Contrato de suministro. Se impugna la exclusión por falta de acreditación de la solvencia técnica, alegando que las actas de recepción aportadas para acreditar suministros ejecutados para entidades públicas tenían eficacia equivalente a los certificados exigidos por los pliegos y el artículo 89.1.a) LCSP, que el requerimiento de subsanación fue impreciso y que la solvencia quedaba acreditada incluso sin computar determinados contratos. El Tribunal considera que la mesa incurrió en error al rechazar de forma genérica las actas por su denominación formal sin analizar individualmente su contenido, procedencia y eficacia acreditativa, pero rechaza que pueda tenerse por acreditada directamente la solvencia o admitirse documentación aportada extemporáneamente con el recurso. Procede retrotraer para una nueva valoración individualizada de la documentación presentada en plazo. Estimación parcial.

Pliegos. Contrato de suministro. Se impugna la exigencia de que el adjudicatario disponga del nivel “Diamante” de Google Workspace al considerarla un requisito de solvencia técnica encubierto, restrictivo de la competencia y carente de justificación suficiente. El órgano de contratación elimina durante la tramitación del recurso la exigencia impugnada, aprueba nuevos pliegos, retrotrae el procedimiento y abre un nuevo plazo de presentación de ofertas. El Tribunal aprecia la pérdida sobrevenida del objeto, aunque señala que la exigencia cuestionada actuaba efectivamente como acreditación de experiencia y capacidad técnica propia de la solvencia y que no estaba suficientemente justificada ni proporcionada. Inadmisión.

Pliegos. Contrato de servicios. Se impugnan el anuncio y los pliegos de la licitación, pero el Tribunal analiza con carácter previo la recurribilidad del contrato y concluye que su valor estimado (59.840 euros) no alcanza el umbral de 100.000 euros exigido por el artículo 44.1 LCSP para los contratos de servicios, por lo que no procede entrar en el examen de los motivos de fondo planteados y se acuerda la remisión del recurso al órgano de contratación para su eventual tramitación por las vías ordinarias. Inadmisión.

Recurso contra la convocatoria de un procedimiento negociado. Contrato de obras. Declaración de desierto por falta de proposiciones presentadas. Inadmisión por pérdida sobrevenida del objeto.

Adjudicación - exclusión. Contrato de servicios. Inviabilidad de oferta anormalmente baja. Una empresa puede disponer de medios propios y de una organización apta para ejecutar materialmente el contrato y, sin embargo, no haber acreditado suficientemente que el precio ofertado permite cubrir la utilización de tales medios y el resto de las obligaciones contractuales. Respecto al absentismo, la cuestión relevante no es la corrección histórica del porcentaje aportado, sino su aptitud para asegurar la cobertura del coste real en la ejecución de este concreto contrato, sujeto a subrogación de personal. Respecto a la coordinación y a las reuniones mensuales de seguimiento, se ha cuantificado el coste de la persona coordinadora, pero la insuficiencia apreciada no radica en negar que una misma persona pueda desempeñar varias tareas, sino en la falta de acreditación específica de que la dedicación comprometida por la mejora (reuniones mensuales) queda razonablemente integrada en los costes declarados, sin que el órgano técnico deba suplir tal ausencia mediante hipótesis sobre la organización interna de la licitadora. Respecto a los costes de formación, la recurrente defiende que la formación tiene coste cero en su oferta por disponer de personal formador propio, si bien, aun admitiendo que ello puedan reducir significativamente el coste de formación, no resulta aceptable tener por acreditado un coste nulo cuando la propia impartición por personal interno, la planificación y gestión formativa y los recursos de soporte implican, en términos económicos, consumo de tiempo y medios que deben quedar cuantificados o, cuando menos, explicados con un mínimo de verificabilidad en la estructura de costes presentada. Respecto a los gastos generales y las economías de escala y la suficiencia del beneficio industrial, la recurrente acredita suficientemente la existencia de economías de escala y la capacidad de su estructura para asumir organizativamente el contrato, pero el juicio técnico de inviabilidad se apoya en una falta de justificación suficiente de gastos generales y partidas vinculadas, y en la imposibilidad de comprobar que el precio ofertado cubre el coste global de ejecución en los términos del pliego, asimismo, el beneficio industrial positivo se valora como un elemento favorable, pero no se considera apto, por sí solo, para suplir la falta de acreditación de partidas significativas ni para neutralizar el diferencial económico conjunto advertido por el informe técnico. Desestimación.

Exclusión. Contrato de servicios. Plazo de interposición: excluido el 20 de agosto, publicado en perfil el 31 de agosto pero sin notificación personal, recurso interpuesto el 1 de octubre. Se entiende interpuesto dentro de plazo al no haber una actuación de la recurrente en el periodo de tiempo examinado que denotara conocimiento de su exclusión. Vista del expediente: se deniega al solicitar las ofertas de otras licitadoras cuando lo que impugna es su propia exclusión. Doctrina sobre la lex contractus: la impugnación indirecta de cláusulas técnicas firmes es jurídicamente improcedente. La apreciación del cumplimiento de las prescripciones técnicas se integra en el ámbito de la discrecionalidad técnica de la Administración. La eventual admisión de otras ofertas no puede alterar la legalidad de una exclusión que cuenta con fundamento propio, conforme a la doctrina reiterada de que el principio de igualdad no ampara la extensión de irregularidades hipotéticas. Desestimación.

Adjudicación. Contrato de servicios. Falta de legitimación. La recurrente ostenta la quinta posición en el orden de clasificación de ofertas. Incluso en el escenario hipotético de una estimación íntegra de la valoración del criterio impugnado la recurrente obtendría 20 puntos más y quedaría clasificada en tercera posición con 85,04 puntos, tras la adjudicataria, con 90,04 puntos y la segunda clasificada con 88,49 puntos. Inadmisión por falta de legitimación ad causam.

Adjudicación. Contrato de servicios. El núcleo de la impugnación se centra en determinar la conformidad a derecho de la valoración efectuada de la oferta d ela UTE recurrente a fin de dirimir si es posible apreciar el error en la baremación efectuada y el trato discriminatorio que denuncia. Interpretación de conformidad con la literalidad de los pliegos: el criterio de adjudicación controvertido no atribuye puntuación por la mera ejecución de contratos vinculados a proyectos financiados con fondos europeos ni por la prestación de servicios de asistencia técnica en sentido amplio, sino solamente aquellos proyectos en los que la empresa haya participado como socia, beneficiaria o entidad encargada del diseño de la propuesta seleccionada. Las alegaciones de la recurrente parten del presupuesto de que el criterio controvertido valoraba la experiencia profesional pbtenida mediante la ejecución de contratos vinculados a proyectos europeos lo que no cohonesta con la literalidad de la cláusula. No se aprecia la infracción del proncipio de igualdad de trato. Desestimación.

Pliegos. Contrato de suministro sujeto al Real Decreto ley 3/2020. Infracción del artículo 145.5 letras b) y c) de la LCSP e infracción de los principios de igualdad de trato y no discriminación respecto de la cláusula relativa a los criterios de adjudicación y apartados del pliego de prescripciones técnicas que se refieren a valores no verificables en fase de licitación que impiden la valoración competitiva entre las distintas ofertas. Análisis por el Tribunal: la cuestión no radica en la existencia de criterios ocultos o introducidos con posterioridad, sino en la insuficiente predeterminación de los parámetros que permiten apreciar la viabilidad técnica de las ofertas.Insuficiente motivación de la elección de los criterios de adjudicación ni de la razón por la que determinados parámetros de rendimiento se configuran como criterios susceptibles de aplicación mediante fórmulas. Inconcreción de los criterios controvertidos pese a reconocerse en el pliego la existencia de mecanismos de verificación y comprobación de los rendimientos ofertados. No se aprecia la infracción del principio de igualdad de trato ni la existencia de ventaja competitiva a favor del contratista actual ni tampoco infracción del artículo 136 de la LCSP ni imposibilidad para la recurrente de haber preparado su oferta tras la respuesta facilitada por el órgano y la posibilidad de realizar pruebas industriales en fase de ejecución que tampoco garantiza que los productos ensayados lo sean en condiciones equivalentes. Tampoco procede la anulación de los apartados del PPT que denuncia por no ser verificables en fase de licitación, en la medida que dichas previsiones atañen a la fase de ejecución contractual sin que contemplen caractaerísticas técnicas y económicas discriminatorias. Estimación parcial.