Mi agradecimiento tanto a Cajasur como a la Universidad Loyola por su patrocinio en el día de hoy. Es un placer estar aquí esta mañana, en Córdoba, con todos ustedes, compartiendo uno de estos foros que nos permiten conocernos más y enriquecernos desde el diálogo y el debate.

Permítanme en primer lugar que en mi primera intervención pública después la muerte de Gabriel García Márquez no deje pasar la ocasión de rendir un justo y sentido homenaje a su persona. En el discurso de aceptación del Premio Nobel, García Márquez les decía a los europeos que al aplicar a los latinoamericanos la misma vara de medir que a ellos mismos, parecían olvidar que los estragos de la vida no son iguales para todos.

Esa misma conciencia de los estragos de la vida, de la desigualdad que a muchos marca desde su nacimiento, es precisamente lo que más me impulsa a mí, con mis errores y mis limitaciones, que serán muchas, pero sin perder nunca de vista que en mi actividad política tengo que pensar en quienes no son iguales desde el nacimiento y necesitan un trato diferente para poder tener las mismas oportunidades. Por eso quería empezar estas palabras agradeciendo a García Márquez, en la hora de su muerte, no sólo su genio creador y su imaginación fecunda, sino sobre todo su compromiso con la vida, que tanto ayudó a mejorar y a comprender con sus escritos el valor que le daba al sentido de la igualdad.

Ha terminado la Semana Santa, tan importante siempre en Andalucía en lo que se refiere al turismo y a la actividad económica y al empleo que genera. Ha sido, a falta de datos definitivos, muy buena y eso es siempre una buena nueva que espero no sea más que el preámbulo de mejores noticias para nuestra tierra. Para mí eso es lo verdaderamente importante, por encima de incidentes en el recorrido como el que atravesamos en los días previos a la Semana Santa, que afortunadamente ya hemos dejado atrás.

Hay gente que tiene a sorprenderse o a escandalizarse cuando se ponen de relieve determinadas diferencias entre los socios de un Gobierno, como ocurrió hace diez días en nuestra tierra, pero debemos saber ver las cosas como son y, la verdad, es que una coalición como la que sustenta el Gobierno andaluz presupone la existencia de dos partidos diferentes, con ideas y proyectos distintos y que se han puesto de acuerdo para impulsar y llevar a cabo un programa común.

Por eso, nada tiene de extraño que puedan surgir interpretaciones distintas a la hora de gestionar problemas a los que nos enfrentamos. Incluso, en ocasiones, contrapuestas. La cuestión es si esas diferencias lógicas pueden o no solucionarse con el diálogo y los propios mecanismos acordados entre las partes. Hasta ahora ha sido así, aunque no les niego que en este caso han saltado chispas que nos deben servir para que todos tomemos buena nota de manera que este tipo de situaciones no se repitan.

En todo caso, yo tengo algo muy claro: soy la presidenta de todos los andaluces y de todas las andaluzas. De los que protestan más y los que protestan menos. Y toda mi actuación, en éste y en otros casos a los que tenga que enfrentarme, mi actuación siempre estará guiada por dos principios que para mí son irrenunciables: la igualdad y la legalidad.

No les oculto que, a veces, me llama la atención cómo se pretende enfrentar a uno y otro principio, pero creo estar en lo cierto cuando sostengo que el principio de legalidad es el que garantiza la igualdad entre los ciudadanos y, en muchas ocasiones, es la única defensa de los débiles frente a la arbitrariedad de los que tienen más recursos para hacer frente a las mismas circunstancias.

En democracia, si una ley no gusta o no sirve, se cambia si tienes la mayoría para hacerlo. Pero la ley siempre ha de cumplirse porque si no se cumple entramos en un terreno peligroso del que se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale.

Y, a propósito de ello, quisiera expresar, con respeto pero también con energía, mi más rotunda discrepancia con el auto del Tribunal Constitucional que mantiene la suspensión de determinados artículos de la Ley de la Función Social de la Vivienda, una ley que es una muestra más de la voluntad del Gobierno que presido por hacer normas justas que den respuestas a problemas muy reales de los ciudadanos andaluces como es, sin duda, el de la vivienda. Por ello le pido al Gobierno de España que retire este recurso, que está obstaculizando gravemente la acción de la Junta de Andalucía a favor de los que más lo necesitan.

Respeto y hasta comprendo, aunque ya les digo que discrepo, al Tribunal Constitucional. Pero si este tribunal aplica una Constitución que no permite aprobar una medida tan elemental y tan justa, dirigida a gente más necesitada, entonces creo que tenemos un motivo, uno más, para acometer una reforma de la Constitución que garantice más y mejor los derechos de todos los españoles.

En todo caso, ahora, encauzadas las cosas y llevadas al terreno en el que deben estar, el Gobierno andaluz ha retomado su velocidad de crucero y sigue con toda intensidad su trabajo para hacer frente a los grandes retos que tenemos por delante.

Desde mi investidura, hace siete meses y medio, toda la acción del Gobierno de la Junta ha estado enfocada en torno a unos grandes ejes: en primer lugar, la recuperación y la creación de empleo; en segundo lugar, el mantenimiento de los servicios públicos, que son los que conforman la esencia del Estado del Bienestar; y en tercer lugar, una firme decisión con la que estoy convencida y comprometida que es la de prestigiar la política. Y con ella, prestigiar nuestras instituciones democráticas para que los ciudadanos vuelvan a creer en ellas y entiendan que, aun con un sistema con errores y con dificultades como las que en estos momentos tenemos, el que tenemos es el que más garantías ofrece a los ciudadanos.

Y todo ello, acompañado de dos elementos que entiendo que son fundamentales: uno, la defensa de Andalucía, de sus intereses y de sus derechos. Si uno o una ha contemplado este fin de semana la actualidad política, habrá visto cómo en algunos territorios de España, la identidad propia se entiende desde la desigualdad y desde el enfrentamiento. En Andalucía entendemos la identidad de los andaluces desde la igualdad, desde la suma al proyecto común que se llama España, un proyecto que cada día tiene que tener más futuro y tiene que generar más oportunidades para el conjunto de los ciudadanos. Por eso creo que es fundamental esa defensa de Andalucía, de sus intereses y derechos.

Y el otro elemento fundamental es la voluntad de diálogo y de acuerdo político y social, y de la más amplia y leal cooperación institucional. Los ciudadanos necesitan instituciones que dialoguen, que se pongan de acuerdo, que sean capaces de aportar lo mejor de cada una de ellas y de los partidos a los que también representan para encontrar soluciones a un presente muy difícil y a un futuro más incierto.

En estos meses que llevamos de 2014 han aparecido señales macroeconómicas que indican el fin de la recesión y el comienzo de una etapa de posible recuperación. Una recuperación que todos anhelamos y que sea además pronta, pero sí es cierto que sólo será real en la medida que llegue de verdad a los ciudadanos. A los que se levantan cada mañana esperando encontrar un puesto de trabajo, a los emprendedores, autónomos, pequeños empresarios que necesitan una financiación adecuada y, en general, a toda esa inmensa mayoría de la sociedad que ye lleva sobre sus espaldas demasiado sufrimiento y demasiados sacrificios. Entenderemos que esa recuperación económica será real cuando lo sienta esa mayoría de ciudadanos de este país.

La economía y la sociedad andaluza tiene problemas diversos, pero hay pocas dudas, yo al menos no las tengo, de que el principal problema al que hay que dar respuesta es el drama del desempleo, que se cuenta con unas cifras absolutamente inasumibles e inaceptables.

Es cierto que hay algunos datos que podrían señalar un cierto cambio de tendencia y me refiero en particular al hecho de que una de cada tres nuevas afiliaciones a la Seguridad Social que se han producido en España en los últimos doce meses tienen su origen en Andalucía. Por cierto, me llama la atención que si, según el Gobierno del PP, el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social es la piedra de toque de la recuperación, no se valore ese dato andaluz que indica la aportación positiva de Andalucía a la creación de empleo.

En todo caso, yo no pasaré de esa calificación, porque teniendo las cifras de paro que tenemos en España y en Andalucía, echar las campanas al vuelo por una modificación tan modesta del empleo podría ser entendido, y no sin cierta razón, como una auténtico insulto a la ciudadanía y, en particular, a las personas y familias que sufren este drama en primera persona.

Para mí, tener el empleo como gran prioridad significa, en la práctica, y con las competencias y recursos que contamos, que hay que poner todos los recursos de nuestra tierra al servicio de ese empeño. Eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno andaluz, fundamentalmente actuando en tres direcciones. En primer lugar, reconociendo el agotamiento del modelo económico anterior a la crisis, que no nos permite crecer en las mismas condiciones y con las necesidades que tenemos en estos momentos; en segundo lugar, la necesidad de financiación que tienen las empresas, autónomos y emprendedores en general; y en tercer lugar, paliando las trabas burocráticas innecesarias que dificultan la actividad económica en Andalucía.

Yo sé muy bien que a un futuro mejor no podremos llegar si no hacemos los cambios necesarios para que la economía andaluza ocupe un escenario propio en el escenario de una globalización tan exigente como competitiva.

Andalucía sigue necesitando que se creen y se consoliden más empresas. Necesitamos un tejido productivo más fuerte. El 92% de las empresas andaluzas tienen menos de cinco trabajadores; pues bien, es necesario que ganen tamaño, que abran nuevos mercados y que ganen músculo.

Por eso, en la medida de nuestras posibilidades, estamos apostando por la innovación, por el emprendimiento, por la apertura al exterior y, en general, por la mejora de la competitividad de nuestra economía.

Mantenemos, igualmente, nuestro esfuerzo en I+D y hemos conseguido articular un completo sistema de apoyo al emprendimiento con una red de infraestructuras científico-tecnológicas de primer orden. Una red que nos está permitiendo apostar fuerte por sectores emergentes que nos permitan aprovechar nuestras potencialidades, como las industrias biotecnológicas en las que Córdoba ha de jugar un papel destacado con el Hospital Reina Sofía y el Instituto de Investigación Biomédica Maimónides como piezas fundamentales en este camino.

Apostar por cambios en nuestro modelo productivo no puede significar, de ninguna manera, abandonar sectores claves para nuestra economía. Al contrario. Saben que estamos haciendo una apuesta por nuestra minería y también por el sector de la construcción, ambos con criterios sostenibles. Seamos claros: si queremos crear empleo a la velocidad que demanda nuestro mercado laboral, debemos hacer que se mueva el sector de la construcción y, para ello, hay que dejar de asociar construcción con especulación.

¿Qué significa eso? Que hay que desterrar la especulación y todo lo que nos trajo de negativo en el pasado y centrarse en un modelo sostenible de construcción que puede y debe hacer muchas cosas y volver a crear mucho empleo.

En esta dirección, el decreto-ley para apoyar la eficiencia energética en los edificios, dotado con 200 millones euros, es una buena muestra de por dónde queremos avanzar. Hasta la fecha, ya se han interesado por sumarse y colaborar en torno a unas 3.000 empresas en Andalucía. Hay demanda, hay posibilidades de crecimiento y tiene que haber también posibilidades por parte de la Administración de facilitar este tipo de programas que han tenido una excelente acogida en tan sólo tres semanas.

Y, si se trata de poner todos los activos y recursos de Andalucía para propiciar el crecimiento de la economía y del empleo, el sector agroalimentario es particularmente decisivo, más aún en provincias como Córdoba.

De hecho, el complejo agroalimentario en su conjunto es una fuente habitual de buenas noticias en nuestra tierra. Gracias a la labor desarrollada y a la entrega de sus protagonistas, hoy la agricultura andaluza es un sector de arrastre, dinámico y estratégico. Capaz de generar riqueza y empleo. No les voy a cansar con datos, pero permítanme dos breves reflexiones.

Una sobre la PAC. Me gustaría recordar que la Junta de Andalucía dio, desde el principio, su apoyo sin ningún tipo de reservas al Gobierno de España  para que la negociación de la PAC en Europa garantizara que España tuviese esos fondos. Fue un apoyo sin reservas, leal, de cooperación institucional de esas que yo defendía al principio que tiene que regir la actividad política, sobre todo en un momento como este.

En cambio, cuando España garantiza que no pierde fondos en el marco de la Unión Europea, el reparto que se produce en el territorio español supone que la única comunidad autónoma que pierde fondos es Andalucía. Ese tipo de criterios arbitrarios, que al final cargan contra Andalucía, son los que no señalan un buen camino en las relaciones entre las distintas instituciones.

Fue injustificado y nosotros vamos a hacer los esfuerzos necesarios en el Gobierno de la Junta de Andalucía para intentar compensar los 418 millones que se van a dejar de percibir y que son menos oportunidades de renta y de generación de empleo en nuestra tierra.

Y, estando aquí, en Córdoba, debo decirles que estamos siguiendo con mucha atención el proceso de Deoleo, un proceso en el que también hemos colaborado y estamos colaborando de manera intensa con el Gobierno de España, concretamente con el ministro de Agricultura, con el señor Cañete, porque estamos convencidos de que con Deoleo, los andaluces nos jugamos mucho, y los cordobeses también.

Es una empresa con especial vinculación con esta provincia y en la que tenemos muchísimo interés. Nuestra posición es muy clara: no queremos que Deoleo se fragmente, queremos que se fortalezca con un sólido proyecto industrial que garantice a los olivareros andaluces estabilidad, un modelo de negocio con futuro y una retribución adecuada para su producción.

Queremos una entidad que adquiera un fuerte compromiso con Andalucía y eso es lo que le voy a pedir a los nuevos inversores, lo que le he trasladado ya en reuniones anteriores y lo que le voy a pedir al consejo de administración que se celebrará mañana. Quiero que apuesten por el mantenimiento y creación de empleo de calidad, que vayan a la conquista de nuevos mercados internacionales y refuercen su liderazgo en la economía global basándose en la calidad de nuestro aceite y la generación de valor.

Quedan pasos importantes por dar en los próximos tiempos y espero que los distintos socios andaluces, en especial Hojiblanca, mantengan su apuesta dentro de Deoleo. Y tendrán el compromiso, la lealtad y la colaboración del Gobierno de la Junta de Andalucía. Estoy convencida de que si conseguimos esos objetivos va a ser beneficioso para Andalucía en general, y para Córdoba en particular.

Junto a la tarea de impulsar nuestra economía y reorientar nuestro tejido productivo, el Gobierno andaluz ha acometido reformas en dos aspectos especialmente sensibles para nuestras empresas: las trabas burocráticas y la financiación.

En este sentido, y de la misma manera que todos sabemos que la Administración no puede resolver por sí misma el problema del desempleo, siempre les digo a mis consejeros en el Consejo de Gobierno que quien puede crear empleo en Andalucía es su tejido empresarial, son sus empresarios, sus empresarias, aquellos que forman parte de ese modelo productivo que tiene nuestra tierra.

Lo que tiene que hacer un gobierno es facilitar que se cree empleo, colaborar, ayudar para que se cree empleo, y no sería de recibo en un momento como el que atravesamos que a causa de la Administración se llegara a perder una sola inversión en Andalucía o se dejara de crear un puesto de trabajo porque la Administración se comportara con excesiva lentitud o ponga obstáculos innecesarios a nuestros emprendedores.

En este sentido, puedo anunciarles que el Consejo de Gobierno va a aprobar mañana mismo el anteproyecto de Ley de Mejora de la Regulación Económica, que tiene dos objetivos básicos: suprimir todas aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general y simplificar decididamente los requisitos exigibles para la creación de empresas.

Somos plenamente conscientes de que el Gobierno andaluz no puede resolver por sí mismo el problema de financiación que asfixia a muchas de nuestras empresas en Andalucía, pero tenemos que seguir colaborando y ayudando a facilitar el crédito a las pymes andaluzas.

Ahora bien, si la prioridad es el empleo, los jóvenes nos demandan una atención especial. Tenemos una tasa de desempleo juvenil insoportable, tenemos una pérdida de talento también insoportable, que está produciendo en estos momentos un deterioro en nuestra competitividad. Si es nuestro talento, nuestro capital humanos el que nos tiene que hacer competitivos en el futuro, no podemos permitirnos esa fuga de talentos o que en estos momentos tengamos una tasa de desempleo juvenil tan elevada.

Nuestra tarea es ofrecer oportunidades a quienes la crisis y una mala gestión de la crisis les han restado presente y futuro. Por eso, dentro de ocho días, el próximo Consejo de Gobierno aprobará el plan extraordinario de medidas urgentes de empleo juvenil con una dotación de 200 millones de euros.

En definitiva, desde el Gobierno andaluz estamos haciendo nuestros deberes. Pero no podemos olvidar que se trata de un reto colectivo, un reto en el que todos tenemos que aportar. Y, de la misma manera que Andalucía ha cumplido con el objetivo del déficit público, transmitiendo un mensaje de rigor, solvencia y confianza, igualmente tengo que pedirle y no me voy a cansar nunca de pedirle al Gobierno que España cumpla con Andalucía. Nosotros hemos cumplido en un momento difícil y complicado, en un momento en el que muchos no apostaban porque Andalucía fuera una de esas comunidades autónomas que cumplieran con un objetivo de déficit que no compartía, porque no compartíamos ese objetivo de déficit. En cambio, lo hemos hecho. Ahora creemos que España tiene que hacerlo con nuestra tierra.

Es incomprensible que el Gobierno de España encuentre miles de millones de euros para rescatar a las concesionarias de unas autopistas y se niegue insistentemente en darle un Plan de Empleo Extraordinario para Andalucía. No pedimos más que nadie y no quiero pelearme con nadie. Lo que hago es pedir que se le dé a Andalucía lo mismo que se le ha dado a otros territorios de España, a otras comunidades autónomas con una tasa de desempleo similar al de nuestra tierra.

Les hablaba hace un momento del cumplimiento del déficit, pese a no compartirlo. No lo compartimos porque creemos que es un reparto injusto, que carga de manera excesiva sobre las comunidades autónomas. Y hemos tenido que cumplir manteniendo el estado del bienestar.

En efecto, desde Andalucía hemos demostrado que es posible ser austeros sin que sea a costa de la calidad de vida de las familias andaluzas, que se puede ser austero al mismo tiempo que se prioriza en la educación, incorporando profesores, creando nuevas becas, manteniendo programas de refuerzo, el programa de TIC y el bilingüismo, incluso manteniendo el fraccionamiento del pago de las tasas universitarias que nos demandaban los propios estudiantes ante la situación de miles de familias en Andalucía.

Que es posible ser austeros defendiendo la sanidad universal, sin exclusiones de nadie, sin privatizaciones, sin nuevos copagos. Sin dejar de lado los servicios sociales, incluso manteniendo la atención a la dependencia, a pesar de que el Gobierno de España nos ha recortado más de 300 millones de euros.

Hemos demostrado que es posible ser austeros sin olvidar a aquellos que están sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis, con medidas como el Plan de Acción Social, la Ley de Función Social de la Vivienda a la que antes he hecho referencia, el incremento del complemento a las pensiones asistenciales y no contributivas, lo mayores recursos para el Ingreso Mínimo de Solidaridad y creando una Comisión para la Renta Básica.

En definitiva, hemos demostrado que otra política es posible y que el gobierno andaluz en un espejo incómodo  para aquellos que quieren utilizar la crisis como una excusa para desmontar lo que nos da más igualdad, lo que nos da igualdad de oportunidades que es el Estado del Bienestar.

También hemos demostrado que otra política es posible a la hora de prestigiar a las instituciones.

Dentro de unos días, el Gobierno andaluz aprobará la orden de desarrollo de la Ley de Presupuestos de la Comunidad con medidas adicionales de control sobre las transferencias de financiación, incorporando, tal como prometí, los criterios que nos ha planteado la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Se trata de la culminación administrativa de un propósito elevado ya a rango de Ley, para que se evite para siempre la posibilidad de que casos bochornosos como el de los ERE vuelvan a producirse. En este tema de la corrupción, lo que nos piden los ciudadanos a los políticos, con razón, son hechos y no palabras. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo.

Y en segundo lugar, hemos presentado recientemente en el Parlamento el proyecto de ley de Transparencia, gracias al cual cualquier ciudadano podrá conocer el destino último de sus impuestos, de hasta el último euro público, y ello con independencia de que ese dinero se destine a un organismo público o una institución privada.

Ni un solo euro va a quedar, a partir de esa ley, al margen del escrutinio de los ciudadanos. Me parece un paso decidido y valiente que quizás tampoco se valore en su justa medida hasta que pase el tiempo. Pero se valorará y será de nuevo Andalucía la que en el terreno de la transparencia marcará el camino a seguir por el resto de comunidades.

En este punto, no quiero dejar pasar por alto la polémica sobre el asunto de los cursos de formación que tanta polvareda ha levantado estos últimos días, me temo que aprovechándose, ya veremos quién, del vacío informativo tradicional en estas fechas de Semana Santa.

Quiero decirles dos cosas sobre esta cuestión:

Primero, quien piense que cuando digo que voy a ser implacable en la lucha contra la corrupción son sólo palabras y no hechos, se equivoca. Acabo de relatarles algunas de las actuaciones que hemos llevado a cabo en estos meses. Y creo que estos controles que se están poniendo sobre la mesa en el Gobierno de la Junta de Andalucía no tienen parangón en ningún otro territorio de España.

Segundo, y a propósito igualmente de este caso, tengo que pedir respeto para Andalucía. Para nuestra imagen -y coincido plenamente con el presidente de la CEA en el sentido del daño que nos hacen esta supuestas informaciones- y con ellas para la imagen de las miles de empresas, sindicatos, ayuntamientos, diputaciones, universidades, cámaras de comercio y ONG que reciben este tipo de ayuda y actúan de manera impecable. Si alguien ha actuado incorrectamente, lo va a pagar, pero no deben, en modo alguno, pagar justos por pecadores ni generalizarse las sospechas sobre las conductas irregulares.

Hace sólo unos días, se produjo un caso parecido en la Comunidad de Madrid, incluso con algunas detenciones en la cúpula de la confederación empresarial, y nadie extendió sospechas sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni señalar a los madrileños. Y el mismo respeto, por un caso similar que ha tenido la Comunidad de Madrid, espero que tengan con Andalucía, con el Gobierno de Andalucía y con los andaluces.

Precisamente, porque esa prudencia y ese respeto permite garantizar que se está tratando por igual a todos los territorios. Una de las primeras medidas que tomé al asumir la Presidencia de la Junta de Andalucía fue la de reforzar el control de estas subvenciones, incorporando las recomendaciones de la Intervención sobre las convocatorias públicas de FP, y ordené revisar todas las que se habían dado desde 2007 y hasta 2011, último año en el que se ofrecieron, puesto que, como saben, en esta legislatura no se ha producido este tipo de convocatoria de en Andalucía.

De manera que nosotros daremos todas las explicaciones que haya que dar y exigiremos todas las responsabilidades si alguien ha defraudado. Pero, como les decía, también responsabilidad y la mayor transparencia al Ministerio del Interior, y especialmente a su titular, al ministro del Interior, que debe dar toda la información de que disponga y explicar, en su caso, por qué se hace pública una información que ni siquiera está aun judicializada. Y es que sería gravísimo que Interior estuviera más interesado en hacer ruido político en época preelectoral que en perseguir a quien haya incumplido la ley.

Creo que las actuales circunstancias, de tanta dificultad para tantos ciudadanos, lo que los ciudadanos nos piden a los políticos es dejar de lado peleas estériles, intereses partidistas de corto plazo y buscar un objetivo común sobre la base de los intereses generales que, no lo olvidemos, son los que puedan beneficiar a la inmensa mayoría.

Yo he tendido la mano a la oposición en el Parlamento, para poder llegar a acuerdos en asuntos tan importantes como la regeneración política, el reparto de los fondos de la PAC, el futuro modelo de financiación o el impulso a infraestructuras fundamentales para nuestra tierra.

No pierdo la esperanza de que en la oposición tomen conciencia alguna vez de la gran responsabilidad que los electores depositaron en ellos en su momento para que hicieran algo útil por Andalucía. Algo útil que sea más que ruido y mucho ruido, que es lo que en estos meses venimos presenciando.

He buscado el diálogo con grandes empresas que, más allá de los beneficios concretos que en algunos casos se están poniendo en marcha, están aportando un mensaje de confianza en Andalucía, un mensaje de solvencia, ayudando a convertir Andalucía en una esperanza de futuro, en que se generen expectativas para nuestros jóvenes y que sea una tierra atractiva para la inversión.

Y apostamos también por el diálogo social, sobre nuevas bases. Ha cambiado el mercado laboral, los actores que participan en el mercado laboral y tiene que cambiar también nuestra perspectiva sobre el diálogo social, sobre sus instrumentos, sus protagonistas y también sobre el control de sus resultados. Tenemos que ser intransigentes en el control de los resultados que motivan y dan sentido al diálogo social. El nuevo modelo de diálogo social se tiene que adaptar a las necesidades y retos que tiene en la actualidad Andalucía.

Y desde el diálogo, la cooperación y lealtad institucional. Las instituciones no pueden estar movidas por intereses políticos de corto plazo y poner palos en las ruedas del progreso de Andalucía.

Me refiero, por ejemplo, a lo sucedido en el proceso de reapertura de las minas de Aznalcóllar. Yo he demostrado que no me duelen prendas incluso de renunciar a pleitear por lo que era nuestro derecho estatutario porque lo importante era no poner en peligro la creación de 1.500 puestos de trabajo.

Ojalá que otros hayan aprendido también la lección, porque no es lógico que se pongan tantos obstáculos a la acción del Gobierno andaluz, como ocurre con la aplicación del sistema de financiación, o el incumplimiento de la Disposición adicional tercera. Ahora se intenta que el Gobierno central recurra nuevamente la cuarta subasta de medicamentos de la Junta. Esperemos que algunos dejen de defender los intereses de la gran industria farmacéutica y empiecen a defender los de los ciudadanos y se ponga por una vez del lado de nuestra tierra.

Cooperación también con las administraciones locales, algo que es fundamental para el desarrollo de Córdoba, una provincia cuya centralidad es un factor estratégico y una ventaja comparativa. Por ello, en mi anterior visita a la ciudad, y a propuesta del Alcalde de la misma, ya indiqué que en estos momentos debemos unir esfuerzos para desarrollar estrategias conjuntas de infraestructuras que reduzcan sus costes, optimicen sus posibilidades y los hagan sostenibles económica y socialmente en el futuro. Córdoba debe avanzar por este camino.

Córdoba debe mantener firme su apuesta estratégica por la cultura y el desarrollo económico ligado a la cultura y el turismo. Y este compromiso debemos tenerlo las administraciones públicas, los agentes privados y todas las fuerzas de la ciudad. Sus ejes monumentales, su rico patrimonio cultural y sus señas de identidad más conocidas tienen que formar parte de ese gran pacto del bien común que tanto nos reclama la ciudadanía.

Por ello he manifestado que ante la situación creada con la Mezquita-Catedral de Córdoba era necesario un diálogo sincero para recuperar el consenso que haga compatible el mantenimiento de este legado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y, en consecuencia, bien a proteger desde el dominio público, con la tradición de más de siete siglos de uso exclusivo del culto religioso católico, algo que es indiscutible.

Sumado al extenso patrimonio monumental e histórico cordobés, el Espacio Andaluz de Creación Contemporánea convertirá a Córdoba en el epicentro de la creación cultural contemporánea de toda Andalucía. Desde la buena colaboración entre las instituciones municipal y autonómica en breve daremos inicio a la finalización de las obras de urbanización exterior que culminarán una gran obra arquitectónica y un gran equipamiento andaluz que servirá también para el desarrollo turístico basado en la cultura.

Y entiendo que hay que llegar a un acuerdo sobre la gestión del Centro de Visitantes, desde el respeto a las competencias de cada uno y, como siempre, desde el cumplimiento de la Ley.

Señoras y señores

Tenemos un gran desafío por delante: conseguir una recuperación económica sólida y duradera y que los beneficios de ésta lleguen lo antes posible a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ése es nuestro objetivo y nuestro empeño como Gobierno y, desde luego, el mío personal como presidenta de la Junta de Andalucía.

Espero que lo consigamos, desde el diálogo y la colaboración. Sumar fuerza y energía, y hacerlo pensando en el futuro de Córdoba y de Andalucía.

Gracias