El Consejo de Gobierno ha suscrito un acuerdo para la aprobación de medidas que mejoran las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia, así como establece el programa para la aprobación de las oficinas judicial y fiscal y sus modelos estructurales básicos en el ámbito territorial de Andalucía. Entre las principales iniciativas, destaca el incremento salarial de 90 euros al mes para estos empleados públicos, que se implantará de forma progresiva entre los ejercicios 2019 y 2021.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se comprometió en febrero a cumplir los acuerdos firmados el 27 de noviembre de 2018 entre los representantes sindicales y el anterior Gobierno andaluz en la Mesa Sectorial de Personal de Justicia. Ahora, el Consejo da luz verde a estas medidas, que incluyen las mejoras suscritas.

Así, el aumento de 90 euros mensuales corresponde al complemento específico para el personal al servicio de la Administración de Justicia, destinado a adecuar los puestos de trabajo al esfuerzo de adaptación generado por las modificaciones funcionales derivadas de los cambios tecnológicos producidos por el proceso de digitalización de la Justicia, a lo que se añade los cambios derivados por la implantación de la nueva Oficina judicial y fiscal.

El incremento retributivo se llevará a cabo entre los ejercicios 2019 y 2021. En 2019, con efectos a 1 de enero, se producirá un aumento de 35 euros, compensatorio del trabajo de asimilación funcional y tecnológica derivado del desarrollo de la justicia digital. En los años 2020 y 2021 se producirá una subida de 35 y 20 euros, respectivamente, que irá vinculada a la puesta en marcha de un programa formativo destinado a dotar al personal de las habilidades y conocimientos necesarios para la implantación de los cambios requeridos en el sistema de organización y de trabajo derivados de la nueva oficina judicial y fiscal.

Las medidas acordadas se aplicarán a partir de la publicación del presente acuerdo, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019, sin perjuicio de que deberán elaborarse las instrucciones por los órganos que correspondan para la aplicación concreta de cada uno de los puntos reseñados en el mismo.