Las visitas de inspectores para prevenir la aparición de irregularidades urbanísticas en Andalucía se han incrementado de manera exponencial en los últimos dos años, según refleja un informe presentado al Consejo de Gobierno por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que acredita el refuerzo de la labor inspectora, tanto en el número de expedientes tramitados como en una mayor presencia del personal inspector sobre el terreno.

Así, durante los años 2019 y 2020 han aumentado esta labor inspectora en la comunidad, pasando de las 164 visitas de 2018 a las 419 de 2019, lo que representa un 255 por ciento más. Esa tendencia se ha mantenido en el presente ejercicio: sólo en los nueve primeros meses del año se han efectuado 371 visitas, un 226 por ciento más que en 2018 y con la dificultad añadida de la declaración de un estado de alarma que frenó la actividad presencial.

La Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha redoblado las visitas a lo largo de toda Andalucía, partiendo no sólo de las denuncias recibidas, sino de una programación previa de las actuaciones a partir de un diagnóstico del territorio efectuado mediante el detallado rastreo de nuevas edificaciones y construcciones detectadas en la ortofotografía digital disponible.

Número de expedientes

Asimismo, el número de expedientes tramitados ha experimentado un aumento sin precedentes. Ya el año pasado se contabilizaron 963 actuaciones frente a las 557 de 2018, lo que se traduce en un aumento de la actividad inspectora en más del 72 por ciento. A eso se suma que, pese a la crisis generada por el Covid-19, este año se ha vuelto a incrementar notablemente las actuaciones en materia de disciplina urbanística. Hasta el 30 de septiembre se han tramitado 808 expedientes, es decir, un 60 por ciento superior al periodo de 2019.

Para garantizar la eficacia de las actuaciones disciplinarias, se está haciendo uso de las herramientas previstas legalmente para suspender de inmediato la ejecución de actuaciones ilegales en suelo no urbanizable. En especial, de las órdenes de suspensión de actuaciones ejecutadas sin licencia, del precinto de construcciones irregulares en construcción, del corte de suministros ilegales y la de la imposición de multas coercitivas.

Dichas medidas están posibilitando que las futuras resoluciones puedan ejecutarse con una mayor sencillez, que por parte de los infractores se acometa la demolición de los actos ilícitos de manera voluntaria y que se paralicen las actuaciones ilegales en sus primeras fases.

Precintos y medias coercitivas

La estrategia seguida por la Inspección resulta evidente en vista a los datos comparativos de precintos y multas coercitivas impuestos en periodos similares de 2019 y 2020. Se ha pasado de ningún precinto en 2019 a 65 en 2020 y de dos multas coercitivas el pasado año a 15 entre enero a septiembre de este ejercicio. Las posibles sanciones a los parceladores, que con ánimo de lucrarse y a sabiendas de su ilegalidad venden cuotas de suelo no urbanizable con una finalidad urbanística, se elevan a más de tres millones de euros este año.

Todo ello, fruto de la nueva metodología de trabajo llevada a cabo en la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con una gran labor preventiva y, sobre todo, con más presencia en el territorio del personal inspector.

Los datos muestran la senda tomada para reforzar la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que tendrá continuidad con la apuesta de crear un cuerpo de subinspectores como se refleja en el anteproyecto de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA).