La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Cuello, ha destacado la importancia de la colaboración intersectorial que lleva a cabo “de manera constante” la Junta de Andalucía, desde los ámbitos de la salud, la educación, la justicia, las políticas migratorias y los servicios de atención a la mujer, para concienciar y formar a las familias extranjeras que residen en la comunidad andaluza sobre la prevención de la mutilación genital femenina (MGF). Así lo ha señalado hoy con motivo de la celebración del Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina.

Cuello ha recordado los datos del informe 2012 de la Fundación Wassu-UAB, según los cuales en los últimos años se ha incrementado en España un 61% el número de niñas y jóvenes en riesgo de padecer MGT, una práctica que “está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos y como una forma de violencia de género”. En concreto, Andalucía cuenta con una población de unas 33.000 personas procedentes de países donde es habitual la MGF, de las que 6.000 son mujeres y 1.500 son niñas y jóvenes entre 0 y 15 años, franja de edad en riesgo de sufrirla.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Cuello, se ha reunido hoy con la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano de representación del tejido asociativo de mujeres en la Junta de Andalucía, que ha reiterado su preocupación por el borrador del anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental, aprobado por Consejo de Ministros en 2013, y que se encuentra en proceso de consulta previa a su aprobación definitiva.

El borrador establece la retirada de la guarda y custodia de menores a un agresor condenado por violencia de género, una iniciativa que el CAPM ha calificado de “acertada pero insuficiente”, ya que “debería aplicarse siempre cuando existan medidas de protección o acogimiento de las víctimas”, casos que no son especificados en el documento, dejando la puerta abierta a la arbitrariedad judicial. Junto a ello, desde el CAPM se ha advertido del “enorme riesgo” que supone que el anteproyecto contemple la concesión “excepcional” por parte del juez o la jueza, “si lo considera conveniente”, de un régimen de visitas, una posibilidad que, según recalca el Consejo, “pone en peligro la integridad física y psíquica de las y los menores, que son también víctimas directas de la violencia de la violencia de género”, tal y como lo reconocen los organismos internacionales, y por lo que España ya ha sido amonestada por el Tribunal de Estrasburgo.