Es un honor, también una alegría estar hoy en Granada con todos ustedes en la presentación de esta memoria. Y hacerlo en el Palacio de Bitabaubín, recuperado para los andaluces como sede institucional del Consejo Consultivo.

Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida al nuevo consejero, José María Reguera, que se incorpora en el día de hoy a esta tarea asesora.

Señor presidente, me pasa siempre que le oigo en sus intervenciones que me dan ganas de terciar por lo acertado de las mismas y, sobre todo, por los temas tan importantes que trata.

Hoy ha hablado usted de la responsabilidad objetiva, de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y, créame, que esas clamorosas contradicciones de las que usted habla están presentes, yo llevo 40 años de servidor público, y están siempre presentes en mis reflexiones, entre otras razones porque, incluso, en el transcurso del tiempo, lo que podemos llamar la ‘lex artis' ha cambiado radicalmente. Y lo que se hacía muy bien, teóricamente, hace 30 años, hoy resulta que se hacía mal.

Es una reflexión que todos debemos compartir y saber que la administración pública hoy presta servicios y hace actos administrativos que no solamente son papeles, sino que consisten en tocar, en enseñar, en cuidar y, claro, son actos administrativos que exigen una contemplación distinta del derecho.

La memoria de 2009, tal y como se desprende de las palabras de su presidente, contiene el intenso y riguroso trabajo de asesoramiento realizado por el Consejo Consultivo a lo largo del último año.

Un año particularmente intenso en el que sus dictámenes, sin duda, han mejorado el desempeño de las diferentes funciones que tenemos las administraciones públicas y, como siempre, han aportado garantía de legalidad y, sobre todo, han señalado caminos en materias inéditas hasta ahora de desarrollo estatutario que han resultado de enorme y trascendental importancia.

El Consejo Consultivo es un garante de la legalidad, un medio esencial para la protección de los derechos de los ciudadanos. Como señala en su propio certamen, la seguridad jurídica así como la seguridad y certeza en las relaciones sociales son un pilar fundamental del ordenamiento jurídico, de la garantía de los derechos.

El Consejo Consultivo hace que esto sea así con sus dictámenes. En esta ocasión presenta la memoria de un ejercicio, 2009, en el que la actividad de las distintas administraciones se ha visto, además de ser prolífica, muy condicionada, inevitablemente, por la situación económica.

La crisis ha puesto de manifiesto la dureza con la que un determinado modelo de producir y distribuir los bienes y servicios, digámoslo claramente, de un determinado modelo del capitalismo que ha desplomado muchas expectativas y que ha sacudido las esperanzas de muchas personas.

Su impacto ha determinado también el comportamiento de las distintas Administraciones a las que presta su apoyo legal y su labor consultiva el Consejo.

Afrontar la crisis ha supuesto la aplicación de nuevas medidas y la movilización de recursos para combatirla.

Y en este nuevo escenario, de decisiones de choque, de medidas a veces excepcionales, el papel del Consejo ha sido fundamental para, por un lado, orientar en la disciplina jurídico-legal las nuevas medidas y, por otro, para reforzar las garantías de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución y en el Estatuto. Hacerlo además en este imprescindible proceso de cambio que se ha de producir.

Para que podamos salir fortalecidos de la crisis, el modelo económico y social que se ha consolidado en Europa en las últimas décadas necesita redefinirse y adecuarse a los grandes retos que tenemos planteados.

Estamos hablando de problemas que afectan en su propia raíz al modelo económico. Pero también ha de ser una oportunidad para revisarlo.

Porque lo que define a esta crisis, lo que la hace distinta, y, sin duda, más profunda que las anteriores es que ha afectado al factor fundacional del modelo económico, al capital, a la columna vertebral del sistema.

De ahí que en el futuro nuestra tarea sea encontrar una reorientación del modelo que sirva para evitar que vuelva a producirse una crisis de esta naturaleza. No se trata sólo de estimular las variables del modelo económico, sino de transformarlas.

Y esto ha de hacerse bajo una premisa fundamental; situar a la persona, a su aportación a la creación de riqueza, al factor trabajo, en la base de apoyo fundamental del nuevo modelo.

No se trata de disputar el papel de la empresa privado, pero en este nuevo modelo, las administraciones y el Estado ha de mantener un protagonismo porque son los garantes de la educación, los que potencian la innovación y el conocimiento. Y a la vez ha de mantener sus tradicionales funciones de apoyo en la construcción de las infraestructuras físicas; y en las políticas de cohesión social.

Pues bien, en España esa responsabilidad en la prestación de servicios la asumen principalmente las comunidades autónomas.

Su contribución ha sido y es esencial para la mejora de las condiciones de vida y para el desarrollo de los derechos ciudadanos que garantiza la Constitución.

Las autonomías se han convertido, por tanto, en una pieza clave en la construcción del modelo de Estado que se configuró en 1978, el de mayor éxito, no lo olvidemos, de cuantos ha tenido nuestro país.

En este sentido, la memoria del Consejo Consultivo refleja el compromiso de Andalucía por avanzar en la senda constitucional y profundizar en un modelo político de responsabilidad compartida, solidaridad y relaciones de mutua confianza.

Algunos de los dictámenes emitidos tienen una indudable trascendencia, especialmente los relativos al desarrollo normativo de la autonomía local y a las competencias estatutarias de la comunidad.

Buena parte de la iniciativa legislativa presentada por el Gobierno andaluz para su evaluación al Consultivo a lo largo de 2009 desarrolla preceptos de nuestro Estatuto de Autonomía, con una vocación constitucional muy definida.

Las de mayor relevancia institucional son las nuevas leyes de Autonomía Local y de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, recientemente aprobadas por el Parlamento.

Estamos, en palabras del catedrático Manuel Medina Guerreo, ante las leyes más protectoras de la autonomía local de la historia constitucional de España.

Con ellas culmina el proceso abierto por la Constitución en lo relativo a la organización territorial del Estado. Algo que no ha hecho ninguna otra comunidad autónoma.

Y lo hace de acuerdo con el Tratado de Lisboa y atendiendo a los principios de la Carta Europea de autonomía local.

A las corporaciones locales, y de acuerdo con la Constitución, se las reconoce en las nuevas leyes andaluzas como sujeto político.

La gran novedad de la Ley de autonomía es un blindaje competencial novedoso, minucioso y exhaustivo. Ningún texto español llega tan lejos en la definición de las funciones propias de las entidades locales, ni en la seguridad jurídica de las competencias.

Por su parte, la Ley de participación en los tributos de la comunidad responde al ineludible e inaplazable cumplimiento del art.142 de la CE y lo dispuesto en nuestro Estatuto. De este modo, se establece que donde haya competencia tiene que estar resuelta la asignación de recursos.

Esto supone un cambio cualitativo en el reparto de fondos incondicionados, ya que contamos a partir de ahora con un modelo estable para las entidades locales, con objetivos bien definidos y criterios de reparto claros.

En definitiva, esta definición pionera de las competencias entendidas como derechos, lleva implícita una mayor exigencia de responsabilidad de las entidades locales.

Este nuevo ordenamiento, por tanto, tendrá una honda repercusión en la articulación del poder en el territorio y en la calidad en la prestación de servicios para el ciudadano.

Y quiero dejar constancia hoy, aquí, en la sede de este órgano, que la aportación del Consejo Consultivo en el trazado y desarrollo de esta legislación ha sido especialmente importante.

El Gobierno andaluz lo sabe y lo testimonia como paradigma de la importancia que tiene el Consejo Consultivo en el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, que es tanto como decir, en el desarrollo de todas las leyes que afectan a la vida de los andaluces.

La memoria del Consejo Consultivo refleja precisamente esta apuesta del Gobierno andaluz por desarrollar el Estatuto y por avanzar en un modelo social que sea también económico y medioambientalmente sostenible.

En el plano económico, el Consejo Consultivo ha dictaminado sobre leyes y decretos de especial relevancia que fortalecen la autonomía financiera y nos permiten avanzar en un modelo de responsabilidad en el marco autonómico.

Así, el Consultivo ha dictaminado sobre el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía. Un órgano que adquiere todo su valor al dotar de mayor autonomía financiera a las Comunidades Autónomas.

La puesta en marcha de la Agencia permite, además, optimizar el servicio que la administración presta a los ciudadanos, ya que agiliza el pago de impuestos, ahorra burocracia a los contribuyentes, mejora la capacidad de recaudación y refuerza la lucha contra el fraude fiscal y, en suma, garantiza los derechos de los ciudadanos.

De igual forma, el Consejo ha resuelto dictamen sobre el texto refundido de la Ley de la Hacienda Pública de Andalucía, un decreto legislativo que unifica y armoniza las distintas adaptaciones incorporadas a la norma desde su entrada en vigor en 1983.

Se trata de una ley de referencia en el marco económico-financiero de la Junta de Andalucía y los entes que la integran y que se adapta al nuevo Estatuto de Autonomía.

Si me permiten, quisiera destacar también el trabajo realizado por el Consejo Consultivo respecto al dictamen del anteproyecto de Ley para la adaptación a la Directiva comunitaria relativa a los servicios en el mercado interior que, como ustedes saben, contienen la modificación de distintos textos legales y articulan lo que se llaman reformas estructurales.

Una normativa que adquiere todo su valor en estos últimos días y meses en los que tanto se ha debatido sobre la necesidad de una mayor coordinación en materia económica en la UE; en estos días en que se ha puesto de manifiesto la urgencia de una acción europea concertada frente a la crisis.

Como saben, la Directiva europea de Servicios se inscribe en el contexto de la Estrategia de Lisboa y plantea una mayor libertad de prestación de servicios en la UE, unida a una mayor calidad y al refuerzo de los derechos de los usuarios.

Con su transposición se pretende eliminar barreras legales y administrativas con el objetivo europeo de consolidar un mercado libre para la circulación transfronteriza de los servicios.

Un proceso de apertura que interesa especialmente a la economía andaluza, en la que el sector servicios representa más del 70% del VAB regional, y condiciona el crecimiento y la competitividad del resto de sectores económicos.
Siguiendo con la memoria de 2009 quiero destacar también algunas medidas para reactivar la economía en el corto plazo. Así ha sido el decreto sobre el fondo de apoyo a las pymes.

Y con este mismo objetivo de contribuir a fortalecer el sistema financiero se sitúa, precisamente, la modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, a través del Real Decreto relativo a la reestructuración bancaria y el reforzamiento de recursos propios de las entidades de crédito.

Otras tantas consultas que se han realizado al Consultivo reflejan la preocupación por un fortalecimiento de nuestra economía a largo plazo.

La sostenibilidad del modelo económico y social va a depender de nuestra capacidad de restablecer un equilibrio dinámico entre las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo.

Lo hemos llamado Andalucía Sostenible. Se trata, lo he dicho muchas veces, de hacer mejor lo que sabemos hacer; de acometer nuevas empresas; y, sobre todo, de apoyarnos en la innovación y el conocimiento para ganar el futuro.

En esta dirección apuntan la Ley de Aguas o la Ley de la Dehesa, evaluadas por el Consejo Consultivo y aprobadas en el Parlamento. Ambas aúnan la conservación medioambiental con la necesidad de articular un nuevo modelo de crecimiento en el largo plazo.

Estamos convencidos de que los principios de una economía sostenible, sumados a la apuesta por la educación y la formación, nos darán una base más sólida para el crecimiento económico.

Por otra parte, se han presentado para su valoración hasta siete decretos que reflejan nuestra apuesta por la educación como clave de todas las políticas.

En esta línea me gustaría resaltar el valor de los decretos que regulan: los centros de primer ciclo de educación infantil, la prestación gratuita de transporte escolar y la regulación de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y de la formación profesional para el empleo, así como de los centros que la imparten.

Dos iniciativas del Gobierno andaluz en 2009 señalan hacia ese objetivo fundamental que les apuntaba al principio de mi intervención: colocar a las personas en el centro de todas las políticas.

Me refiero a dos leyes claves en la protección de un proyecto vital autónomo: la del derecho a la vivienda y la que se ocupa de la dignidad en el proceso de la muerte.

Con ésta última se garantiza la voluntad vital y los derechos de las personas, así como el establecimiento de los deberes del personal que los acompaña y las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a proporcionar.

Por su parte, La ley del derecho a la vivienda articula de forma pionera en España el cumplimiento efectivo del derecho constitucional y estatutario de acceso ciudadano a una vivienda digna y adecuada. Asimismo establece los procedimientos por los cuales los ciudadanos pueden hacerlo efectivo y exigir su cumplimiento.

Lo que he dicho, todo cuanto he dicho, viene a poner de manifiesto la intensidad normativa e institucional de 2009.

Pocos años hay en el pasado, y pocos habrá en el futuro, en los que Andalucía haya abordado, en el plano normativo, tal cantidad de textos de tan señalada importancia política, económica y social.

2009 ha sido un año en que se recorrió el desarrollo estatutario y en el que hemos tratado de dar una nueva orientación al modelo económico.

Nada de esto habría sido posible, o, al menos, habría sido posible de forma tan natural y armónica, sin el concurso del Consejo Consultivo.

Déjenme que como Presidente de la Junta de Andalucía lo agradezca públicamente, señale su excelente trabajo y, sobre todo, que pueda transmitir a todos los andaluces la importancia del Consejo Consultivo.

Termino, pues, agradeciendo al Consejo Consultivo su dedicación y el rigor que manifiestan todos los informes.

Su labor, no lo dudéis, repercute directamente en el día a día de todos los andaluces.