Hoy celebramos la apertura solemne del curso universitario 2010-2011. Y lo hacemos en un escenario emblemático de la historia de España.

San Fernando y Cádiz fueron entre 1810 y 1812 el epicentro de una revolución cultural, ideológica y política que nos condujo a los españoles a la libertad y la democracia.

Una revolución que se libró con la fuerza de la palabra. El arma más persuasiva. Los diputados diseñaron en las sesiones de Cortes una patria común para todos. Trazaron unos valores de los que nos sentimos herederos.

La instrucción pública ocupó una parte esencial de sus debates. Porque sin educación, los primeros liberales ya lo vieron claro, no hay ciudadanos.

Por eso la Constitución de 1812 convirtió la educación pública en el eje central para la formación cívica de la población, la que capacita para la participación en la vida pública. Así era y así sigue siendo.

En una disertación sobre Democracia y universidad, el premio Nobel recién desaparecido, José Saramago, señala la importancia de la Universidad para el aprendizaje de la ciudadanía.

"La universidad -dice- además de buenos profesionales debería lanzar buenos ciudadanos". Gente que piense y vea con lucidez el futuro.

Y va más allá cuando reconoce a los profesores, gente que ha hecho del pensar oficio, como "los últimos baluartes para el cambio". Para mejorar nuestro sistema político, social y económico.

Coincido con él. La sociedad necesita del pensamiento crítico, en clave cosmopolita, que sale de la universidad. Lo necesita hoy para resistir al neoliberalismo, a una filosofía individualista y excluyente, que rechaza las políticas sociales y que impregna a toda la sociedad.

Frente a éste, hay que seguir apostando por un amplio contrato político y social que reivindique la educación como bien público.

El proyecto de universidad pública tiene que implicar a las fuerzas sociales y a los ciudadanos para buscar soluciones a los problemas inmediatos y reforzar nuestra posición en contextos globales de producción y distribución de conocimiento.

La universidad pública no se entiende sin la preocupación por el ser humano, la lucha contra la exclusión social y la degradación del medio ambiente, el compromiso social y la defensa de la diversidad cultural.

Y a eso hay que sumar la prestación de servicios que tienen como destinatarios a la sociedad en general: incubación de la innovación, promoción de la cultura científica y tecnológica, actividades culturales en el campo de las artes y la literatura. Y el desarrollo de proyectos de interés público.

Desde los años 90, el sistema universitario español ha crecido de un modo incesan-te. Un cambio muy intenso fruto de la universalización de la educación primaria y secundaria, el gran logro de la transición democrática.

En 1980 sólo había en Andalucía cinco universidades y 80.000 alumnos. Hoy con-tamos con 10 universidades y más del triple de alumnos que en aquella fecha.

A la universalización del acceso hay que unir el peso específico en la sociedad andaluza de los 18.200 docentes, una cifra cuatro veces superior a la de hace tres décadas. A lo que hay que añadir la incorporación de la mujer a las aulas.

La universidad ha dejado de ser, por tanto, el último escalón del sistema educativo para incorporarse de lleno al sistema de formación a lo largo de la vida. A ella acude tanto quien busca el reciclaje o la ampliación de conocimientos, como quien quiere crecer personal o profesionalmente.

En definitiva, un largo e intenso proceso de cambios que nos ha llevado a la convergencia con los países de nuestro entorno. Un camino que este curso se completa con la plena implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.

Con él las universidades andaluzas se abren a sectores estratégicos emergentes, con nuevas titulaciones, y se garantiza la igualdad de oportunidades.

El desarrollo científico, la investigación, tienen que ir parejas al mundo de la em-presa y al tejido social y productivo andaluz. El objetivo es sumar conocimiento y producción.

Estamos en un tiempo decisivo. Las nuevas tecnologías nos van marcando el paso de la era analógica a la digital. Un tiempo nuevo sobre el que caben más incertidumbres que certezas.

Pensar en el largo plazo quizás sea la seña de identidad más característica de la universidad. Por eso le corresponde un reto esencial: identificar y potenciar las emergen-cias donde se anuncia ya el largo plazo.

Y que ese conocimiento se abra a la sociedad, entre en diálogo con otras propues-tas, para que los ciudadanos puedan sugerir, aportar, en definitiva, participar en la produc-ción y evaluar sus aportaciones.

Porque a medida que la ciencia se inserte más en la sociedad, ésta se insertará más en la ciencia.

Esta convivencia es ya posible gracias a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Las TIC flexibilizan la dinámica relacional y pulverizan el fuerte componente territorial que ha tenido la universidad durante siglos para crear un campus virtual donde todos caben. Un pensamiento en red, un conocimiento científico cada vez más interactivo.

En Andalucía empezamos a crear una red de universidades públicas para fomentar las alianzas y la colaboración con la industria, con la sociedad. Una cultura nueva que nos va a permitir compartir recursos y equipamientos, buscar sinergias y estimular la movilidad de docentes y estudiantes. Crecer y ser más funcionales.

Este modelo cooperativo empieza a cobrar forma en los proyectos que Andalucía presenta a la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional.

Una red que hay que abrir a otros ámbitos de la sociedad.

La sociedad española es consciente de la rentabilidad social de la inversión en edu-cación superior. Y sabrá comprometerse con una formación de excelencia para afrontar con garantías el futuro.

La educación es nuestro principal motor para avanzar y ha de ser también el mejor camino para cambiar las relaciones sociales, políticas y económicas. Para construir una España más humana, más estable y más sostenible.