Es una enorme satisfacción para mí acompañarles en este foro de reflexión que es un espacio abierto sobre las cuestiones que atañen a la infancia y los jóvenes. Quiero agradecer la invitación de UNICEF a la apertura de este Congreso que quiere renovar el compromiso que adquirimos hace ahora 20 años cuando se firmó la adhesión de España a la Convención de los Derechos de la Infancia.

El reconocimiento de la infancia es una de las grandes conquistas del siglo XX. Se generó una conciencia ciudadana crítica en torno a los asuntos que atañen a la vida de los niños y que ha modificado radicalmente nuestra manera de entender su mundo. En las últimas décadas hemos superado la idea tradicional de la infancia como un tiempo de espera hasta la edad adulta. Un tiempo de preparación para el futuro. Hoy reconocemos a los niños como ciudadanos de hecho, sujetos de pleno derecho, con una manera propia de pensar y de ver el mundo. Con un papel activo en nuestra sociedad.

Un giro revolucionario en la historia de la Humanidad que ha propiciado, sin duda, la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Es la declaración sobre derechos humanos con más adhesiones en la historia de la Humanidad. Su espíritu progresista y acorde con una imagen más autónoma del menor la convierten en una referencia fundamental para proyectar el desarrollo de la Humanidad.

La Convención ha aportado el armazón jurídico básico en torno a la defensa y protección de los niños y jóvenes. Y lo ha hecho con el reconocimiento de derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales básicos. Y también con la condena explícita y unánime a situaciones que atentan contra el desarrollo normal de la infancia, como la desprotección frente a las guerras, el caso de los niños refugiados, la explotación laboral o sexual o la protección frente a la manipulación de los medios de comunicación.

El principal logro de la Convención de los Derechos de la Infancia en estos veinte años ha sido igualar en el plano de los derechos a todos los niños y niñas del mundo. Y que esos derechos hayan sido reconocidos mayoritariamente. De hecho, la Convención se ha convertido en el eje inspirador de la intervención de muchas instituciones y organizaciones internacionales.

El pacto por la Infancia que acaban de firmar los representantes de los partidos políticos hace más firme, si cabe, el ya sólido compromiso de los andaluces con la promoción y protección de los derechos de nuestros menores.

Pone de manifiesto la voluntad política de reforzar el marco de derecho y la protección de la igualdad de oportunidades. De contribuir a hacer efectiva la exigencia de la Convención por alcanzar unos parámetros mínimos de bienestar para todos los niños del mundo. Una responsabilidad que ha de ser compartida por el Estado y la familia.

La Junta de Andalucía ha hecho de este principio de la Convención, el eje vertebrador de sus políticas de familia e infancia. Hemos recorrido un largo camino pero aún queda mucho por hacer, en particular en las situaciones calificadas de alto riesgo como son los casos de abusos o violencia y la atención a menores emigrantes o separados de sus familias.

En momentos de crisis como los que atravesamos, mantener la inversión en políticas de familia e infancia es una prioridad que ha asumido desde el primer momento el Gobierno andaluz. Buena parte de las medidas articuladas para hacer frente a la crisis tienen que ver con educación.

Porque creemos que es el principal motor para avanzar y ha de ser también el mejor camino para cambiar las relaciones sociales, políticas y económicas. Para construir un mundo más humano, estable y sostenible. Por eso tenemos que seguir apostando por un amplio contrato político y social que reivindique la educación como bien público, como en su momento hizo la ley de 1985.

La sociedad actual es consciente de la rentabilidad social de la inversión en educación. Y también del necesario compromiso con una formación de excelencia para universalizar el éxito escolar, nuestro gran reto de futuro. Es una cuestión de responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto.

La generación digital nos lleva la delantera en el manejo y uso creativo de las nuevas tecnologías. Tiene un lenguaje que se enriquece cada día con palabras nuevas, que crece con aportaciones de otros idiomas, de otras culturas. Una valiosa contribución en la era global que no podemos desperdiciar. Porque en la sociedad del conocimiento no sólo la escuela educa y no sólo el adulto sabe.

Hay que dar voz a nuestros niños en la vida pública para que puedan expresar sus opiniones. Y más concretamente, debemos ampliar los espacios de participación ciudadana en el marco de los gobiernos locales.

Construir una Andalucía amiga de la Infancia nos exige tener presente a otras infancias a las que ha dado lugar el injusto orden social internacional. Otros niños y jóvenes sobre los que sí pesa la exclusión, las relaciones de explotación y la falta de oportunidades.

Nos urge dar una respuesta unánime a esa infancia que clama por el desarrollo de los objetivos del Milenio. Con protagonistas que viven en la calle, que luchan diariamente para lograr su sustento, que trabajan desde muy pequeños, que no atisban en los adultos la figura de protector, si no de enemigo.

Invertir en los derechos de la infancia es fundamental para conseguir un desarrollo humano sostenible. Un compromiso asumido por la sociedad andaluza y por la Junta de Andalucía que ha destinado este año más de 111 millones de euros a la financiación de diversos programas de cooperación internacional. Entre ellos el Fondo de "Supervivencia y Desarrollo del niño pequeño" que lidera UNICEF.

La Convención inauguró hace veinte años una nueva era de compromiso y responsabilidad, que pretendemos consolidar con un amplio pacto político y social por la Infancia en Andalucía. Sólo así podremos asumir el que, quizás, sea el desafío más importante: el de desarrollar nuevas formas de convivencia entre generaciones; diseñar un mundo sin asimetrías entre niños y adultos.