Quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a Europa Press por cederme, una vez más, esta tribuna desde la que puedo compartir puntos de vista sobre el momento político y económico que estamos viviendo.

La mía va a ser una reflexión desde Andalucía. Pero quiere ser también, en un momento de crisis como el actual, una propuesta de Andalucía para el conjunto de España. Voy a proponer incrementar la cooperación entre gobiernos e instituciones para fortalecer el valor España y ser exigentes en la preservación de la igualdad entre todos los españoles vivan donde vivan.

A lo largo de mi intervención explicaré los fundamentos y las razones de esta propuesta que, ya digo, hago desde Andalucía.

Como todos ustedes saben, la crisis ha venido a ocupar todo el espacio público y de opinión. Todos tenemos experiencias personales de otras crisis. En todas ellas se han producido aumentos del desempleo y pérdida de expectativas. Pero creo que ninguna de las que hemos vivido provocó, como ésta, tanta desconfianza en todos los países más desarrollados del planeta. Ninguna como ésta ha provocado tanta indecisión, tantas vacilaciones y tantas contradicciones en las propuestas para resolverla.

Decía Lenin, según nos recordaba Keynes en 1919, que la mejor forma de acabar con el capitalismo sería viciar la circulación del dinero. Pues bien, ésta es una crisis del dinero. Del dinero no respaldado por bienes y servicios. Una crisis que ha afectado a la financiación de la economía y que ha terminado condicionando la política económica a las decisiones de los mercados financieros.

Por eso, por las dificultades de los Estados, de los gobiernos, para afrontar en toda su dimensión la crisis, está siendo también una crisis de la política; una crisis que afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en sus representantes públicos.

Creo en consecuencia que lo más urgente, y tal vez lo más importante, es restablecer el contrato entre los ciudadanos y sus representantes. Restaurar el profundo significado de la política y la confianza en ella. Y eso, como diré más adelante, exige compromisos y desprendimiento.

La política es la columna vertebral de la democracia. La que inspira en los ciudadanos el convencimiento de que su voluntad, transformada en voluntad colectiva, puede ordenar los acontecimientos y mejorar la realidad.

Por eso no cabe reducir la política a los asaltos electorales o hacer de ella un simple medio para conseguir el poder. La subordinación de la política a los intereses electorales de un partido u otro es tanto como expropiársela a los propios ciudadanos. O, si ustedes lo prefieren, convertir a la ciudadanía en simple espectadora de los acontecimientos y en mera legitimadora de un poder que cada vez siente como más ajeno.

La postura de la oposición del PP utilizando la crisis como mera munición electoral, manteniéndose ausente de los debates que tratan de buscar remedios y creando alarma en los mercados es un ejemplo de esta forma de entender la política como un simple medio de conquistar el poder. Pero el poder ¿para qué?

Esa es la pregunta que, al día de hoy, nadie puede contestar. Y háganse ustedes mismo esta otra pregunta: En un mundo como el actual, en una situación de alto riesgo como la que vivimos, ¿es posible que llegue al gobierno alguien cuya única receta son las elecciones anticipadas, que enmudece cuando se trata de plantear soluciones o se limita a poner adjetivos a lo obvio?

Estamos viviendo momentos muy complicados por la embestida de los mercados financieros contra el euro. Por eso, y porque la incapacidad del G-20 para crear un gobierno mundial de la economía ha hecho posible que la salida de la crisis se haya convertido en algo así como un sálvese cada uno con sus propios medios. Y lo que es peor con reglas distintas.

China mantiene su divisa por debajo del valor que le daría el mercado. La Reserva Federal le da a la máquina de hacer dólares y con esos dólares compra deuda estadounidense de forma masiva. Uno y otro ganan competitividad con la política monetaria.

Y, mientras, el BCE hasta hace dos días se limita a ser ortodoxo. Así las cosas, el euro es el que pierde gobernado por un país, Alemania, que aun no se ha dado cuenta de que la defensa del euro es la defensa de su sector exterior y por tanto de su economía.

Son en verdad momentos difíciles que exigen compromisos y, desde luego, sacrificar los intereses particulares al interés general. Por eso creo que en momentos como éste, todas las fuerzas políticas y, desde luego, todas las administraciones públicas, todos los gobiernos territoriales y locales, debemos estar unidos a la hora de fortalecer el valor España.

Un valor que se corresponde, por lo demás, con una sociedad madura y responsable como lo es la nuestra: Una sociedad avanzada, capitalizada y con un sector empresarial que innova y se internacionaliza.

Hay momentos en nuestra historia en los que resulta necesario elevar a la categoría de asuntos de Estado, de políticas de Estado, decisiones que en otros momentos, podrían adoptarse desde la normal contienda política partidaria.

Este es uno de ellos.
Estamos sin duda ante una encrucijada histórica. Estamos ante la necesidad de tomar decisiones que necesariamente exigen consensos básicos entre todos los responsables públicos.

Es imprescindible articular fórmulas de cooperación entre las diversas instituciones. Una cooperación que nos comprometa a todos los responsables políticos, a todos los gobiernos, el central y los autonómicos, con la estabilidad presupuestaria, la consolidación fiscal, la unidad de mercado y la mejora de nuestra competitividad como país.

Y, al mismo tiempo que propongo fortalecer, desde la cooperación, el valor España, propongo también que se haga preservando, y renovando, los consensos constitucionales que, el próximo lunes, sumarán 32 años. Unos consensos que han contribuido de manera incontestable a la estabilidad, progreso y desarrollo de nuestro país.

Sé que son tiempos difíciles para poner las luces largas porque la circulación de los acontecimientos es muy densa y los riesgos son altos. Pero creo sinceramente que hay que conservar la perspectiva de futuro.

Y esa perspectiva nos debe llevar a mantener el lazo social que establecimos hace ya más de tres décadas y que se anudó con el consenso constitucional.

Digo todo esto porque me preocupa escuchar casi todos los días, desde distintos sectores y desde algunas voces interesadas, afirmaciones que afectan a elementos fundamentales y básicos del consenso de 1978. Me refiero concretamente a los dos consensos que hicieron posible, en buena medida, la convivencia de intereses contrarios y de posiciones políticas distintas, y que no son otros que la constitución territorial y la constitución económica y social de España.

De entre las muchas virtudes que encierra el consenso constitucional pocas tan importantes como estas dos. Con ellas resolvimos los dos contenciosos históricos que más habían dificultado la convivencia entre los españoles:

El modelo de Estado

Y el modelo económico y social.
El estado de las autonomías y la economía social de mercado fueron la solución que consensuamos; la que hizo posible inaugurar la convivencia democrática de forma pacífica entre opciones políticas que iban desde el tardofranquismo al comunismo o desde el nacionalismo territorial al nacionalismo español.

El Estado de las autonomías ha sido y es una de las señas de identidad más distintivas de nuestra democracia y ha sido, a despecho de lo que se pueda estar diciendo ahora, una historia de éxito.

Lo ha sido, sin duda, en el terreno político, pero también en el terreno económico. Todas las regiones españolas, todas sin excepción, han convergido con Europa. Y no hablo de algo que se haya producido siempre y en todos los casos ya que la convergencia no es un proceso natural. Ésta se ha producido en España y no en otros países con mayor antigüedad y solera en la UE.

El estado de las autonomías ha sido, además, un claro factor de cohesión territorial interna. La diferencia interregional es hoy menor de la que existía en el modelo centralista por distintas razones:

En primer lugar, por el papel jugado por la política regional europea y porque el despliegue autonómico ha favorecido la articulación territorial. En Andalucía, la configuración de la red transversal de carreteras además de resolver una tradicional incomunicación entre provincias, ha supuesto un aumento notable del intercambio entre ellas y, por tanto, un factor multiplicador de la riqueza de Andalucía.
Pero, además, el propio hecho autonómico ha servido para potenciar los factores endógenos de cada región y para multiplicar la autoestima de los pueblos. Hacerlos crecer y ganar en responsabilidad.

En los actuales momentos se ha abierto un debate que ha puesto en entredicho la propia viabilidad del hecho autonómico. Son ya muchos los que han empezado a cuestionarla.

Lo primero que he de decir es que, más allá de la necesidad de consolidación fiscal a la que venimos obligados, sería insensato poner el consenso territorial de España a disposición de los mercados financieros.

Lo que hayamos de hacer para adecuar la estructura autonómica a las necesidades de la estabilidad presupuestaria, lo que además tengamos que hacer para conseguir esa mayor cooperación a la que me he referido al inicio de mi intervención y para el fortalecimiento del valor España, hemos de hacerlo desde el convencimiento de todos y por un consenso básico que no es, desde luego, fácil, a la vista de la negativa a asumir compromisos que viene manifestando la oposición, pero que resulta imprescindible si queremos salir de esta crisis.

Creo que el funcionamiento ordenado y cooperativo de los poderes públicos tiene una importancia decisiva en el desarrollo económico y, en estos momentos, en la gestión de la crisis.
Ya comentaba Weber que el capitalismo, y con él la moderna sociedad, había necesitado para su nacimiento que existiera un mínimo "calculo racional de costes y beneficios" y que este solo podía darlo un Estado sometido a la Ley, a una Ley aplicada por funcionarios profesionales e imparciales. Surgía así la certidumbre, la predictibilidad como elemento económico de primera magnitud.

De ahí la importancia de la cooperación y de mantener un mercado abierto y con reglas seguras y estables. Andalucía prestará su apoyo a todo esto y a cuanto sea intensificar la cooperación y el cumplimiento de los objetivos de la estabilidad.

De hecho fuimos una de las pocas CCAA que empleó la anterior etapa de crecimiento de los ingresos para reducir nuestro nivel de endeudamiento y aun hoy, tras la fuerte caída de éstos, continuamos situados por debajo del endeudamiento medio de las CCAA. Somos socios fiables en esta tarea y cumplimos con lealtad las directrices del CPFF.

No tengo ninguna duda de que el principio de cooperación debe fortalecerse en la búsqueda de un mercado abierto, eficiente y competitivo. Pero, de igual forma, estoy convencido de que el Estado de las Autonomías no tiene marcha atrás.

Y no la tiene en la medida en que sea capaz de garantizar, siempre y en cada momento, el principio de igualdad entre todos los españoles. Comprendo que desde el centro se suele mirar a la periferia con una distancia que invita a la simplificación. Yo les pido hoy que interpreten adecuadamente el papel que Andalucía jugó en el nacimiento del Estado de las Autonomías.

La seña de identidad de la Andalucía autonómica fue una lucha por la igualdad. Fue Andalucía la que quebró lo que parecía ser un itinerario marcado por la asimetría y la que, utilizando las armas que proporcionaba la propia Constitución, hizo que la igualdad marcara todo el desarrollo del Titulo VIII. En el referéndum del 28 de Febrero de 1980 votaron solo los andaluces, pero de él se benefició el conjunto de los españoles y españolas.

Desde entonces el gobierno socialista andaluz se ha venido ocupando, en primer lugar, de la igualdad de los andaluces y andaluzas, pero, a la vez, de la igualdad de todos los territorios. Por todo ello, Andalucía ofrece su cooperación para fortalecer el valor España y combatirá, como siempre hizo, todo retroceso en el principio de igualdad entre territorios y entre ciudadanos.
No vamos a aceptar ninguna condición que represente un privilegio o una fragmentación de la soberanía que reside en el conjunto del pueblo español. Los intereses andaluces siempre han sido compatibles con los intereses de España, y nunca hemos trabajado en exclusiva para Andalucía.

Los andaluces siempre hemos jugado con la camiseta de Andalucía y la camiseta de España, sin exclusividades, abriendo caminos para todos en materia de competencias, en materia de financiación, en materia de reformas estatutarias.

Así que lo reitero: De la misma forma que creo que un Estado de las Autonomías cooperativo hace fuerte a España también digo que la hace aun más fuerte cuando se garantiza la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan.

A la vista de los resultados, esta especie de marasmo, quizás interesado, hacia la labor que desarrollan las CCAA resulta sorprendente desde el punto de vista de la razón. Y más aun desde el punto de vista de la historia más reciente que, como he dicho, ha sido una historia de éxito.

Las CCAA no son el problema. Forman parte de la solución. De hecho llevamos 30 años solucionando problemas estructurales del país. Por eso (hablo desde Andalucía pero entiendo que podría hacerlo desde cualquier otra comunidad) queremos seguir aportando soluciones desde la corresponsabilidad. Las CCAA somos corresponsables de la crisis y del crecimiento. Corresponsables del gasto y del ahorro. Corresponsables del déficit y de la contención del déficit. Esa es la esencia del pacto cooperativo por el fortalecimiento del valor España que he propuesto.

Un pacto que además exige transparencia y lealtad; lealtad institucional con todos y para con todos. Andalucía ha sido considerada recientemente como la comunidad autónoma más transparente de España por la ONG "Transparencia Internacional".

Desde esta transparencia y para que todo se entienda en sus justos términos, añado que la naturaleza del gasto autonómico exige que este compromiso por la transparencia y la estabilidad, tenga en cuenta además la naturaleza de las competencias autonómicas.

Como es sabido las prestaciones básicas del llamado Estado del Bienestar se desarrollan en España a través de las Comunidades Autónomas. La normativa básica le corresponde a las Cortes Generales pero la prestación efectiva de los servicios las realizan éstas.

Es obvio que el gasto depende no solo de cómo se gestionen los servicios sino también del catálogo de prestaciones cuyo diseño corresponde a las Cortes Generales.

Son, por lo demás, prestaciones de difícil y complicada gestión del gasto porque su carácter universal impide limitar el ejercicio de los derechos a menos que se modifique la normativa estatal.

Así que, más allá de la necesidad de mantener la austeridad del gasto y restringir todos aquellos que sean superfluos; más allá de evitar obstáculos técnicos o normativos que perjudiquen la unidad de mercado, el problema real y cierto, es que cuando se habla de adelgazamiento del Estado Autonómico estamos hablando también del Estado del Bienestar; estamos hablando de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales.

No podemos olvidar que este gasto supone aproximadamente las 2/3 partes del presupuesto de una comunidad autónoma y que cualquier política de ajuste significativo del gasto autonómico ha de contemplar ( y así ha de verse) una reducción de la dosis actual de protección social.

Y esto nos lleva al segundo elemento del consenso constitucional al que antes me referí: al modelo económico. A la aceptación por todas las fuerzas políticas de la economía social de mercado.
Hoy, a estas alturas del siglo XXI, puede parecer que la consecución de este consenso fue pacífica por obvia.

Basta recordar que, pocos meses después de aprobada la Constitución de 1978, el partido socialista se vio abocado a la dimisión de Felipe González y a un congreso extraordinario para retirar al marxismo de nuestro ideario.

El consenso sobre el modelo económico tuvo como parte fundamental la inclusión en el Título I del Capítulo III en que fueron consagrados los principios rectores de la política social y económica.

Ahí están asegurados mandatos constitucionales como la necesidad de un régimen público de protección de la salud o de la seguridad social, la protección social y económica de la familia, la atención a las personas con discapacidad, la política de vivienda, etc.

El consenso sobre el modelo económico se forjó, por tanto, desde un rechazo manifiesto al laissez faire y desde la asunción del modelo que se había edificado en la Europa de los años 50 y 60 del siglo pasado.

Pues bien; De estos dos consensos a los que me vengo refiriendo: el modelo de Estado y el modelo económico, se ha derivado el mayor periodo de libertad, equidad y prosperidad de nuestra historia.
Es cierto que las condiciones y las circunstancias que los hicieron nacer y, sobre todo, las que les dieron existencia legal, las que los hicieron efectivos, han cambiado. Ni la Europa que forjó los consensos sobre el Estado del Bienestar, ni la España que puso en marcha sus prestaciones en un Estado autonómico son las mismas. Tampoco lo es la realidad de los mercados globalizados y el poder de los mercados financieros.

Todo este nuevo contexto requiere y exige cambios. Exige reformas que nos puedan garantizar los logros alcanzados hasta ahora y que las generaciones futuras puedan disfrutar también de un estado de bienestar como el que existe hoy. Sin embargo, las reformas que hayamos de hacer, las que hemos de hacer, han de formularse a partir, en mi opinión, de cuatro condiciones:

La primera y más importante: las reformas han de hacerse no para derogar el sistema de protección social sino para consolidarlo y hacerlo sostenible en el futuro.
La segunda: Las reformas no han de legitimarse por la necesidad de atender a las exigencias de unos mercados especulativos que persiguen sólo el lucro inmediato, sino que tienen que legitimarse por la necesidad de adaptar el sistema a la realidad de los cambios sociales y demográficos.

La tercera: Es necesario Incorporar estas reformas a la estrategia de la sostenibilidad que persigue un cambio de modelo productivo basado en el conocimiento y la innovación.

Hace más de 30 años que alcanzamos el consenso constitucional. La historia avala el pasado pero no garantiza el futuro. Los cambios desde entonces han sido de tal dimensión que necesitamos abordar un proceso intenso de reformas estructurales con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestra economía.

Y cuarta: Las reformas deben buscar el consenso. La Constitución nació del consenso de los partidos políticos y marca los límites de las reformas. Las reformas en un momento tan crucial como el que vivimos, requieren nuevos consensos entre partidos políticos nacionales, pero hoy, en el amplio ámbito de competencias autonómicas, hace falta consenso territorial para acometer las reformas. Consenso político y consenso territorial para fortalecer la marca España.
No cabe duda que en estos 30 años España ha sufrido una profunda transformación y en ella ha tenido que ver mucho la contribución de las autonomías a la misma.

Andalucía es el ejemplo más claro de estos cambios estructurales y profundos. En la realidad de sus gentes; en la de sus infraestructuras y, sobre todo, en su capacidad de afrontar los desafíos del futuro.

Es cierto que estas transformaciones se han tenido que hacer más tarde y en menos tiempo que en otras regiones y por eso aún hoy, la realidad andaluza muestra huellas de un pasado de abandono y las secuelas de un cambio que puede verse en distintos aspectos duales que conviven aun entre nosotros. El fuerte aumento de la tasa de actividad ha hecho que los también importantes aumentos del empleo no hayan sido suficientes para impedir elevadas tasas de desempleo que se han visto además incrementadas por la crisis. Hay además una insuficiente adecuación de la oferta de trabajo a las necesidades del mercado laboral que exigen la reforma de las políticas activas de empleo que hemos emprendido.

Junto a ello la realidad andaluza muestra cambios cualitativos importantes: Podemos verlos en muchos aspectos de una realidad que ha cambiado las tendencias del pasado y que se puede definir por el cambio de la emigración a la inmigración, por el excepcional aumento de la tasa de actividad femenina, por la transformación de las estructuras productivas, por nuestros avances en investigación, por los campus de excelencia de nuestras universidades o por nuestra presencia activa en sectores de vanguardia.

Concluyo: Andalucía apoya fortalecer el valor España de forma incondicional, desde la cooperación leal entre gobiernos e instituciones. Andalucía gana valor cuanto mayor lo sea el valor España y encuentra la razón más profunda de su autonomía en la igualdad de todos los españoles.

Queda un largo camino por recorrer, lo sé. Un camino de reformas que nos garanticen el futuro, reformas que garanticen la competitividad usando como arma estratégica la educación y el conocimiento. Reformas que consoliden el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de nuestras prestaciones sociales. Y ese camino dadas las circunstancias actuales será duro y estará lleno de sacrificios. Andalucía lo apoyará con determinación.

Andalucía y su gente, así lo han demostrado en estos treinta años, están preparadas para afrontar grandes desafíos. La transformación que ha experimentado nuestra tierra ha hecho que los andaluces vuelvan a creer en si mismos, que tengan la confianza necesaria para ganarse su futuro y ser capaces de dirigirlo.

Esa potencia, esa fuerza es la que Andalucía pone al servicio de este país para salir cuanto antes y en las mejores condiciones de esta crisis.

Solo con la cooperación y la colaboración de todos otro futuro será posible.