Me complace sumarme, un año más, a este acto solemne de presentación de la Memoria del Consejo Consultivo. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a los nuevos consejeros que se incorporan en el día de hoy a esta tarea asesora: un jurista procedente de la Subbética cordobesa y el Director General de Administración Local.

Este acto que nos permite hacer un seguimiento de los avances y los compromisos adquiridos por las instituciones, los ciudadanos y las Administraciones públicas para hacer progresar Andalucía y trazar un camino.

En anteriores ocasiones me han oído  subrayar el papel esencial que desempeña esta institución como guardián de la autonomía institucional y colaborador esencial en la mejora de nuestro Estado Social de Derecho.

Quisiera destacar la función de asistencia jurídica y refuerzo a los poderes públicos que supone el Consultivo andaluz. Una tarea que cumple prestando apoyo al desarrollo competencial de las diversas administraciones y a la custodia de los valores constitucionales y estatutarios.

El trabajo de este organismo se intensifica y cobra más notoriedad si cabe dada la difícil situación que atravesamos. En un momento como este, las políticas públicas tienen que servir para frenar los peores efectos de la crisis y el empobrecimiento de las familias.

La actuación de los poderes públicos, especialmente la normativa, requiere de la supervisión y el control de los órganos consultivos para adecuarse, con el máximo rigor, a lo establecido en la Constitución y el ordenamiento jurídico.

Esta institución ofrece garantías de que prevalecen los derechos de los ciudadanos y los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, coordinación, desconcentración y descentralización. De todo ello rinde cuentas la Memoria que hoy se presenta.

2011 ha sido un año muy complicado que nos ha conducido a una nueva recaída en esta crisis que parece que no cesa. Las políticas anticrisis se han visto condicionadas por los movimientos especulativos de los mercados financieros. Debo decir que la actuación de los mercados no puede llegar a convertirse en algo superior a los derechos constitucionales.

Estamos construyendo una zona monetaria común que une en una misma moneda ya a diecisiete países. No hay, sin embargo, una política económica y fiscal compartida y la asimetría entre un medio de cambio que compartimos y una falta de políticas económicas, que son distintas, en la medida en que se establecen por cada país, no está dando buenos resultados. Menos cuando el regulador, el Banco Central Europeo, se está destacando por su pasividad en el control de la especulación de los mercados de la deuda pública. Creo que esta pasividad no está siendo la mejor manera, la mejor forma de afrontar lo que es el establecimiento y la prosperidad de una moneda común.

Es verdad que en la política, como pasa en todo, los hechos son como son. La ideología no puede modificar los hechos, la ideología tiene que atender a unos hechos que están ahí y que nos dicen que cuando empezó la crisis económica teníamos superávit fiscal, no había déficit público y que, por lo tanto, la crisis no procede de un endeudamiento público, sino, en todo caso, de una especulación que se produce más en el sector privado que en el sector público.

Es posible que en el fútbol pueda suceder que un árbitro no vea un gol, a pesar de que ha entrado el balón, y que lo que dice el árbitro se convierta en ley. Pero en política haríamos muy mal si dejáramos que los hechos fueran interpretados ideológicamente, o fueran, simplemente, cambiados o modificados por intereses de parte.

Cedimos la soberanía monetaria, pero cedimos mucho más que lo que el Banco Central está haciendo, porque la soberanía monetaria consiste, no hay nada más que ver al Banco de Inglaterra o al Banco Federal, consiste en intervenir en los mercados de la deuda protegiendo a los países que comparten una moneda.

Eso es lo que cedimos. No cedimos una soberanía a un ente que solamente se responsabiliza por prestar dinero en todo caso a la banca, pero por no ser capaz, si siquiera con las turbulencias que estamos viviendo, de intervenir en los mercados de la deuda.

Creo que eso no es la soberanía que cedimos, porque cedimos un equilibrio económico que ahora está lejos de producirse.

Por eso, estoy convencido que el momento exige la máxima responsabilidad de todos los poderes públicos para mediar entre las fuerzas del mercado y las necesidades reales de los ciudadanos. Para defender la hegemonía de la política en la toma de decisiones que puedan afectar a los grandes consensos democráticos que se alcanzaron en la Constitución de 1978: el modelo de Estado, el modelo económico, el modelo social y el estado social y democrático de derecho.

Está en juego la continuidad de un modelo de convivencia que ha tenido un enorme éxito, de la misma manera en que estoy convencido de que no podemos dejar la imagen de España a merced de unos mercados especulativos. Porque España vale mucho más de lo que dicen los mercados. España es un país sólido. Es un país con capacidad, con infraestructuras, con personas bien formadas, con empresas competitivas. Ese valor es el que se tiene que visualizar y el que se tiene que defender por todos y en todo caso.

España se ha hecho, a partir del consenso constitucional que nos ha permitido crecer desde la diversidad en la igualdad de oportunidades. Como principio rector de la vida en democracia, la igualdad estuvo en la base de nuestra voluntad autonómica y se convirtió también, a partir del primer referéndum andaluz, en el eje central de la configuración del Estado constitucional que ha venido asegurando la convivencia entre los españoles.

Y éste ha sido y es un camino que, aunque no haya estado libre de tensiones, ha servido para alcanzar metas de progreso.

Creo no equivocarme al decir que, en tiempos de crisis como el actual, lejos de impugnar las bases sólidas de nuestra convivencia, debemos ser capaces de fortalecernos profundizando en ellas.

Estado autonómico y economía social de mercado nos han permitido crear una España rica, competitiva, cohesionada, que cree en sí misma y es capaz de estar al nivel de los países más avanzados y que en los tiempos modernos no tiene precedente histórico.

La España de las autonomías necesita adaptarse a los tiempos y buscar fórmulas eficaces para resolver los problemas de los ciudadanos y evitar duplicidades y tensiones, pero ha de hacerlo sin crear un nuevo e indeseable centralismo.

Por otro lado, el Estado de bienestar es una de las grandes conquistas históricas de la humanidad. Un logro que es la suma de esfuerzos colectivos por promocionar el desarrollo económico, corregir situaciones de desigualdad y superar los desequilibrios internos. La cohesión es competitiva. Los países más competitivos del mundo son los que tienen gasto social y estados del bienestar consolidados.

En estos momentos, a pesar de que es difícil entender la situación, porque es verdad que nos faltan medios para afrontarla, sería bueno que le diéramos la vuelta a la famosa frase de Gramsci. Porque la razón nos obliga a ser optimistas sabiendo el país que tenemos y  lo único que hemos de hacer es tener la voluntad fuerte porque de esta crisis vamos a salir sin renunciar a aquello que nos ha ayudado a prosperar.

Las dificultades actuales, no deberían pues, apartarnos del objetivo de combinar competitividad y equidad.

El Gobierno andaluz viene trabajando en esta dirección. El Consejo Consultivo andaluz a lo largo de 2011, ha acompañado las decisiones legislativas que afectan al objetivo común de hacer que la economía se recupere y que se vuelva a crear empleo, sin dañar la igualdad de oportunidades.

Los anteproyectos de leyes económicas remitidas al Consultivo andaluz para su dictamen han avanzado en esta dirección: construir una Andalucía más eficiente y competitiva a largo plazo, basada en la investigación, la educación, la innovación y la calidad, la cultura emprendedora y el apoyo a la implantación en los mercados exteriores.

Se ha dicho, y yo lo comparto, que, tras esta crisis, nada volverá a ser como antes. De ahí, la necesidad de crear un modelo de crecimiento económico más estable y más sólido. Por eso hemos orientado la política económica a encontrar un patrón de crecimiento estable y sostenible, con leyes y decretos y sobre todo nuevas fórmulas económicas que potencian las políticas de calidad, promoción e innovación, impulsan nuevas fórmulas de negocio, la cooperación público-privada y la creación de empleo.

Otras medidas del Gobierno andaluz han ido encaminadas a proporcionar apoyo a los empresarios para facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías o el acceso a los mercados.

Queremos una economía sostenible con un uso responsable de los recursos naturales. Por eso, el uso del suelo, la gestión del agua, el nuevo modelo energético o las nuevas oportunidades a través de la protección ambiental son ejes fundamentales para seguir trabajando. Un compromiso que tiene su reflejo en la Memoria del Consultivo, en sus informes sobre la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y la gestión de aguas del Guadalquivir.

Nuestro principal problema sigue siendo el desempleo. Conscientes de que la crisis ha tenido una especial incidencia en los autónomos y en las pymes, hemos trabajado para que los pequeños empresarios andaluces puedan encontrar una mayor liquidez para mantener, sostener y expandir sus proyectos de inversión.

En este sentido, quisiera destacar el estímulo a la actividad de autónomos y cooperativas con las Leyes de Promoción del Trabajo Autónomo y de Sociedades Cooperativas andaluzas. Las nuevas leyes facilitan la creación de empresas, favorecen su concentración y la colaboración estratégica.

Se trata de un sector dinámico que vertebra nuestro tejido empresarial y que ha demostrado ser un instrumento eficaz para crear empleo sostenible y de calidad. Con la economía social, Andalucía gana en cohesión, responsabilidad social e igualdad de oportunidades. El cooperativismo está llamado a ser, por tanto, un motor de renovación de nuestro modelo productivo.

Por eso, uno de los objetivos del programa de acción del nuevo Gobierno andaluz es duplicar el peso de este sector, hasta alcanzar el 16% de la actividad y el empleo en la región en el horizonte 2020.

También hemos modificado la legislación de los colegios profesionales para agilizar los trámites administrativos, favorecer la movilidad y la libre competencia y garantizar el correcto desarrollo de las actividades profesionales y la adecuada prestación de los servicios a los consumidores y usuarios.

Con estas políticas de apoyo a los empresarios y profesionales, a las iniciativas emprendedoras e innovadoras, situamos a la persona, a su aportación a la creación de riqueza, al factor trabajo, en la base del nuevo modelo.

Una opción que quiere hacer compatible la estabilidad presupuestaria con una política de estímulo económico. El gasto público es un estímulo necesario para el crecimiento económico.

Lo subrayé en la presentación de la Memoria del Consultivo del año 2009. "No se trata de disputar el papel protagonista de la iniciativa privada pero, en este nuevo modelo, el Estado ha de mantener un determinado protagonismo para ser el garante de la educación, el que potencia la innovación y el conocimiento".

Pues bien, en España esa responsabilidad en la prestación de servicios la asumen principalmente las comunidades autónomas. Su contribución ha sido y es esencial para la mejora de las condiciones de vida y para el desarrollo de los derechos ciudadanos que garantiza la Constitución.

El capítulo de las libertades y los derechos fundamentales, requiere de un estado de derecho que garantice los mecanismos legales para protegerlos y de unos poderes públicos que asuman el compromiso de hacerlos efectivos. Y este es el gran alcance que debe atribuirse a la Constitución española de 1978.

En este sentido, la memoria del Consejo Consultivo refleja el compromiso de Andalucía por avanzar en la senda constitucional y profundizar en un modelo, el de Estado social y democrático de derecho, que da prioridad a la educación y la sanidad públicas.

En Andalucía hemos impulsado un nuevo marco jurídico para promover la salud pública. La nueva ley aprobada por el Parlamento andaluz deja atrás el carácter asistencial del sistema sanitario para abundar en las políticas de prevención y de promoción de la salud. De este modo, el bienestar y la plenitud individual y social se convierten en pieza clave del nuevo concepto de salud.

Por primera vez en nuestro Estado una ley reconoce la salud pública como un activo al servicio de la ciudadanía cuyas condiciones hay que preservar hoy y en el futuro.

Los poderes públicos andaluces contamos con el dinamismo del Consultivo andaluz, un verdadero aliado en esta tarea cotidiana.

Su asesoramiento nos ha permitido reforzar la calidad de los debates constitucionales y nos ha dotado de un cuerpo doctrinal estable que dirige a la Administración hacia los fines constitucionales que le son propios.

Por tanto, lejos de ver en estas instituciones autonómicas incómodos antagonistas de órganos estatales, hay que reafirmar su lealtad y su predisposición a la colaboración y a la cooperación.