Quiero comenzar con un reconocimiento personal a la trayectoria de Juan Jiménez, por el buen trabajo que ha realizado al frente de la Pablo de Olavide. Durante este periodo, ha demostrado siempre una permanente disposición al diálogo y una infatigable dedicación a impulsar la proyección internacional de esta joven universidad.

Las instituciones educativas se apoyan sobre la calidad docente e investigadora. Y en este sentido, Juan Jiménez es una referencia en la UPO y de las universidades andaluzas. Sus alumnos y compañeros destacan de él su pasión por la investigación y su capacidad por transmitirla a los demás. Por todo ello, le deseo lo mejor en la nueva etapa que ahora emprende.

Quiero también dar mi más cordial enhorabuena al nuevo Rector, Vicente Guzmán, y al nuevo equipo de gobierno, por la elección como máximos representantes de una institución tan relevante para el desarrollo social, económico y cultural de Andalucía.

La tarea institucional que tenéis encomendada requiere, dadas las dificultades que atravesamos, va a exigir mucha responsabilidad, diálogo y si es posible también mucho consenso. Quiero, por ello, subrayar la predisposición del Gobierno andaluz a mantener el clima de diálogo que ha existido siempre con las universidades andaluzas y que será imprescindible también ahora para afrontar los retos que tenemos planteados.

Atravesamos un momento muy complicado. Un momento en el que es más necesario que nunca seguir apostando por la educación y la investigación. Y la Universidad, foro natural para la reflexión, el debate y la generación de conocimiento, es uno de los elementos claves para nuestro desarrollo futuro. La educación superior cumple un servicio público esencial: la formación y mejora del capital humano, y la generación y transferencia de conocimiento a la sociedad. Es, además, imprescindible para conseguir una ciudadanía más participativa y comprometida. La universidad pública no puede entenderse como un gasto, sino como una inversión que revierte beneficios productivos a la sociedad.

No podemos olvidar el hecho de que la crisis que atravesamos no es fiscal, sino financiera. El gasto público, en el que algunos se empeñan en situar el origen de la recesión, no es sino un falso culpable.

El déficit presupuestario no es, por tanto, la causa, sino la consecuencia de la crisis. Había superávit cuando empezó la crisis. Hoy, sólo el 25% de la deuda total en España corresponde al sector público, mientras que el 75% restante es deuda privada, fundamentalmente corporativa y bancaria, y en menor medida de los hogares. Año a año, aumenta la deuda pública porque el sector público asume deuda del sector privado, sea para financiar la banca o las autopistas.

Por tanto, la política de austeridad, que hemos convertido en ley, no es la solución, porque no se dirige al foco del problema, sino que empeora la situación. Necesitamos políticas de estímulo económico, porque todo lo que sea debilitar el sector público, debilitar la educación pública, se traduce en menos crecimiento, menos desarrollo y, a la postre, en más déficit.

En los últimos 20 años, nuestro país ha avanzado en materia científica como resultado de la apuesta decidida por la investigación y el conocimiento. Y esta es una política que no podemos abandonar. Porque la I+D+i está en la base de un sistema productivo más robusto y competitivo, capaz de crear riqueza y empleo de calidad.

Mientras que en España se puede reducir la inversión pública en I+D, con una caída del 25,5% en los presupuestos de 2012, países como Estados Unidos, Alemania o Francia, están fortaleciendo sus estrategias de ciencia y tecnología.

Leíamos recientemente que países en desarrollo aportan más al PIB mundial que Estados Unidos, la UE o Japón. Pero el problema de competitividad de los países en desarrollo es la cohesión social. La cohesión social de los países más desarrollados es garante de la competitividad del futuro. La competitividad que genera un sistema de conocimiento que nos dé beneficios en el medio y en el largo plazo.

El conocimiento es la principal fuerza de transformación social que tenemos. Si apostamos por la socialización del conocimiento y los servicios públicos, la Universidad se convierte en garante de la igualdad de oportunidades. Hoy, más de un tercio de los universitarios españoles procede de familias con bajo nivel de estudios, una muestra del proceso de movilidad social al que contribuye la universidad.

La igualdad de oportunidades es el principio básico para lograr que todos los jóvenes puedan desarrollar al máximo su capacidad y su talento. Una sociedad en la que cada ciudadano puede aportar todo su potencial no es solo una sociedad más justa, sino también una sociedad más eficiente.

La igualdad de oportunidades está en la base del equilibrio social porque nos permite mantener las clases medias: aquellas conformadas por una inmensa mayoría de ciudadanos que se benefician de una educación pública y gratuita, cuyo objetivo es no detraer recursos de sus rentas. En nuestro modelo educativo la igualdad de oportunidades se alcanza a través del sistema de becas y ayudas al estudio, y también mediante el sistema de tasas.

El Consejo Andaluz de Universidades acaba de aprobar un plan de ajuste que es el resultado del intenso trabajo que la comunidad universitaria y la Junta de Andalucía han realizado en los dos últimos meses para cumplir con las directrices del Real Decreto Ley que obliga a las universidades andaluzas a hacer un ahorro total de 130 millones de euros.

El Plan de ajuste de las Universidades andaluzas tiene como prioridad garantizar la igualdad de oportunidades, de acceso a una educación de calidad. Para ello, hemos decidido:

-Aplicar para el curso 2012-2013 el precio único en primera y segunda matrícula. Somos, además, la única comunidad autónoma en la que no se hace una distinción por ramas de conocimiento.

Vamos a establecer los precios públicos para el próximo curso en el mínimo de la horquilla fijada por el Real Decreto-Ley.

Y acompañaremos este ajuste obligado de las tasas con un plan destinado a compensar el incremento de precios públicos de matrículas. De este modo, en Andalucía, ni un solo estudiante se quedará sin desarrollar sus capacidades por falta de recursos económicos.

Además del aumento de tasas, el RD plantea cambios legales que afectan sustancialmente al modelo de universidad pública, como el régimen de dedicación del profesorado o el procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos.

En su última sesión extraordinaria, celebrada este mes de junio, el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide ponía el acento en el asunto que considero trascendental en materia de universidades. "Las medidas legislativas decretadas por el Gobierno de la nación -señalaba el Consejo en su Acuerdo- podrían desvirtuar el concepto de servicio público, esencia de la creación y pervivencia de nuestras Universidades". Este es el gran riesgo que hemos de evitar: el de convertir al estudiante en cliente de la institución educativa.

A partir de aquí, es decir, desde el mantenimiento de la Universidad como servicio público, tenemos que seguir trabajando para mejorar la eficiencia de nuestro sistema de educación superior y hacerlo sin deteriorar la calidad de la universidad, ni la igualdad de oportunidades. Esto es, hay que pensar en cómo reducir el coste manteniendo la calidad del servicio.

En esa tarea se encuentra inmersa toda la comunidad universitaria, los agentes sociales y el Gobierno andaluz desde el inicio de la actual legislatura. Todos coincidimos en un presupuesto básico: mantener el empleo público.

La universidad conecta directamente con el tejido empresarial y con los sectores más innovadores de nuestra economía. Aunque queda mucho por hacer en materia de transferencia de resultados, el camino recorrido en los últimos años va en la buena dirección. La educación superior, y en su conjunto el sistema ciencia-tecnología-empresa, forman parte del impulso productivo que necesita nuestra economía.

La Universidad Pablo de Olavide mantiene un claro compromiso social y territorial que se expresa en su apuesta por mejorar la calidad en la docencia y la investigación, y conectarlas con su entorno socioeconómico.

Por su contribución a la formación de capital humano y al incremento de nuestra competitividad, la universidad contará siempre con el apoyo del Gobierno andaluz.

Me consta que el nuevo equipo de gobierno de la Universidad Pablo de Olavide tiene un compromiso de servicio público que mantendrá, con exigencia y calidad, en esta nueva etapa que ahora se abre.