Buenos días. Vaya por delante mi agradecimiento a Europa Press por su invitación a esta tribuna y por poder así compartir algunas reflexiones que no pretenden tener razón, aunque sí exponer algunas de mis razones. Con ellas no vinculo a nadie, aunque me siento vinculado con mi Gobierno y con mi partido, y, naturalmente, con  Andalucía.

Mi punto de vista está sin duda muy determinado por una tierra que conquistó con su autonomía también el derecho a sentirse protagonista, que cambió tendencias históricas de migración, que vio desarrollar un sistema de protección social en íntima relación con el despliegue de su autonomía.

Una tierra, Andalucía, castigada por el desempleo y que, en apenas cinco años, ha pasado de tener la tasa de paro más baja de su historia a tener la más alta. La caída de la construcción, muy importante en Andalucía, la crisis financiera, que ha afectado a las pymes sobre todo, que son dominantes en el tejido empresarial andaluz, la drástica reducción de la inversión pública y el aumento, quizás uno de los pocos de España, de la población activa, nos han traído a una elevadísima tasa de paro, que es sin duda nuestro gran problema.

Creo que en un momento como éste debemos ser fuertes para no sucumbir a los dogmas económicos. Es tiempo para abrir el terreno de juego y por eso he querido que me hiciera la presentación la persona con la que más reflexiones e ideas he compartido y también, muchas veces, confrontado. Nadie me ha enseñado tanto y con nadie he discutido tanto.

En tiempos como éstos, déjenme decirles que el cariño y el respeto intelectual, como los que tengo por Marcos Peña, son guías imprescindibles de comportamiento público y privado.

Esta madrugada se han celebrado las elecciones en EEUU y no pudimos votar, pero nos hubiera gustado hacerlo. De los resultados, ya los conocen ustedes, no les diré nada salvo que traigo a colación el desenlace de las elecciones estadounidenses para recordar que las encuestas que se hicieron en Europa sobre quién preferíamos los europeos que ganara, daban como resultado que el 75% de los europeos queríamos que ganara Obama.

Como no creo que sea exactamente por identidad ideológica, ni tampoco porque sea una novedad, que ya no lo es, habría que buscar esa simpatía en algo que nos puede concernir a los europeos. Creo que está muy claro que es la manera de afrontar y tratar de salir de la crisis.

Desde el comienzo de su mandato toda la preocupación de la administración Obama ha sido el empleo. Fíjense ustedes, que con un déficit público superior al 9% del PIB, con una deuda pública superior al 100% del PIB, con un déficit comercial y de cuenta corriente de varios puntos del PIB, una inflación similar a la del euro y una tasa de paro inferior al 10%, su obsesión era el empleo.

De esto deberíamos tomar nota. Es verdad que la Reserva Federal tiene en sus Estatutos como objetivo el empleo y el Banco Central Europeo tiene como objetivo la inflación. Pero acaso, será esto, precisamente esto, lo que los europeos empezamos a rechazar. Empezamos a pensar que, por encima de la inflación contenida y, sobre todo, cuando no se crece, están las políticas de crecimiento económico, de expansión de la demanda y de terminar con la crisis. Simplemente, no reduciendo drásticamente el gasto público, sino impulsando la economía.

No se trata de creer, aquí en Europa, que simplemente se puede conquistar el futuro con estas reducciones drásticas del gasto público, con la mera consolidación fiscal, con la sola política de austeridad.

Lo primero que nos enseña EEUU es que compartir moneda exige también compartir país, compartir un país común y un país cohesionado. No se trata solamente de crear, como se pretende en Europa, en la jerga que utilizamos en la Unión Europea, un marco presupuestario o un marco financiero integrado, se trata de algo más. Se trata naturalmente de avanzar en el proyecto europeo, se trata de compartir soberanía, se trata de hacerlo además en una Europa de los ciudadanos, de profundizar en el control democrático de las decisiones y de desarrollar también una política de cohesión social y territorial. De, como decía esta misma mañana Obama, de tener un destino compartido.

Como ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba, no se trata de rescatar a España, se trata de rescatar a Europa.

Tras cinco años de crisis la economía del euro está estancada hoy y va a seguir estando estancada el año próximo. No se trata solamente de los países del sur. Crecimiento negativo tiene Bélgica, tiene Holanda, tiene Finlandia, tienen países de Centroeuropa. Los países de la ampliación integrados en el euro están en peor posición que los que no se integraron, y los países rescatados se han quedado sin otro futuro que el de seguir recortando hoy para seguir recortando mañana.

Hemos sacralizado los términos de consolidación fiscal y creo que estamos ahogando todas las posibilidades de recuperación económica. Hasta el Fondo Monetario Internacional nos ha advertido, en octubre pasado, que reducir la deuda es un maratón y no una carrera de velocidad.

Llevamos ya cinco años de crisis económica y sabemos todos que va a ser más larga. Por lo tanto, déjenme decirles que debemos acostumbrarnos a pensar en la crisis como un tránsito en el que, tan importante como acertar con los objetivos, es mantener la cohesión social a lo largo de esa transición.

No podemos pensar que el final de la crisis tendrá lugar en un día, ayer había crisis, hoy no hay crisis, porque eso no va a ocurrir así. El tránsito para salir de la crisis va a ser largo. En estos últimos cinco años se han destruido tres millones de empleos y el paro ha aumentado en cuatro millones de personas.

No contamos hoy con un motor de impulso como fue en su momento la construcción, por lo que la creación de 300.000 o 400.000 empleos netos anuales, que es una previsión hoy en día muy optimista, incluso con eso, tardaríamos 10 años en alcanzar los niveles de ocupación y paro de 2007.

El debate sobre la crisis, sobre su diagnóstico, sobre su solución, ya no puede seguir siendo un debate académico, y mucho menos un debate académico sobre la contabilidad fiscal, el déficit o la contabilidad pública. Hay que detener la mirada en los efectos devastadores que está teniendo esta manera de afrontar la crisis.

Hay que pensar más en el camino que estamos recorriendo y en los millones de personas que se están quedando atrás. Urge un código de circulación político, económico y social para afrontar este largo trayecto que hemos de recorrer hasta alcanzar la senda de estabilidad económica y social.

Resulta significativo que los mayores aplausos que recibió el ministro Montoro en el debate presupuestario se produjeran cuando afirmó que en 2012 se va a cumplir el objetivo de déficit. A la espera de verificar que esto sea cierto, la pregunta lógica sería: ¿a qué coste se va a conseguir? ¿al coste de cientos de miles de personas que pierden su empleo? ¿al coste de una reducción drástica de la igualdad de oportunidades? ¿al coste de una reducción de la cobertura del desempleo o una congelación de pensiones? ¿al coste de una financiación pública para la banca y un mayor coste de financiación para las empresas? ¿al coste de que cientos de miles de familias se queden sin vivienda, desahuciadas por bancos, que a la vez están siendo ayudados con el dinero de todos? ¿al coste de un aumento brutal de las desigualdades? ¿o al coste de la ruptura de todos los elementos que dan cohesión a una sociedad democrática y avanzada como la nuestra?

Yo les voy a leer ahora dos objetivos que creo que merecen la pena traer ahora a colación: uno, la necesidad de que los costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales. Y, dos, la transformación del marco de relaciones laborales mediante el desarrollo de la acción y de la presencia sindical.

Estos dos objetivos se acordaron hace 35 años, en el otoño de 1977, por todas las fuerzas políticas parlamentarias en los llamados Pactos de la Moncloa. Se hicieron para afrontar la crisis y para consolidar la democracia. Alguien me podrá decir que eran otros tiempos, y, en efecto, lo eran. Entonces existía el común convencimiento de que la situación económica necesitaba de la política, precisaba de una acción pública comprometida con la construcción de un país cohesionado y con la conservación de la paz social.

Creo que salvando las distancias y aceptando que todo ha de adaptarse a los tiempos actuales, las circunstancias exigen un mismo nivel de compromiso y, desde luego, el mismo nivel de empeño en repartir equitativamente los sacrificios de la crisis y en mantener vivo el diálogo social y el diálogo político.

Volver a crecer, volver a crear empleo, no es salir de la crisis. Es necesario, además, hacerlo en un país estable capaz de preservar y de renovar el lazo social que anudamos hace 35 años.

Hemos de afrontar nuestras responsabilidades financieras, pero no por ello hemos de desatender nuestras responsabilidades políticas e institucionales. Es posible que solo desde la política no se pueda hacerlo todo, pero les aseguro que, sin ella, todo lo que hagamos será en balde.

La política, también lo decía Obama, la política es hacer país; es respetar las instituciones, es preservar el Estado como garante de la libertad, de la seguridad y de la igualdad de oportunidades y, sobre todo, en un momento como este, no pretender que solo hay un camino para salir de la crisis, que no hay otra alternativa.

Creo que el Gobierno debe abrirse al diálogo y, en particular, debe hacerlo al diálogo social y también al diálogo político.

Se equivocó el PP cuando desde la oposición usó la crisis como garrote político y sumó desempleados como si fueran argumentos electorales. Y creo que se equivoca ahora como Gobierno cuando, sin diálogo, utiliza la crisis para aprobar decretos-leyes que están rompiendo muchos de los consensos que hicieron fuerte a este país.

Quiero decir que la reforma laboral ha sido un error gravísimo. No solo porque esté facilitando que el ajuste de esta crisis se vuelva a producir por el empleo, por la reducción de empleo, sino porque está debilitando la posibilidad del diálogo social y está aumentando las desigualdades sociales.

En este sentido, la reforma es una ruptura del modelo, que está provocando daños irreparables. Unos daños que además pueden resultar irreversibles si no los sometemos al diálogo social y recuperamos con ello la negociación colectiva como principal instrumento de paz social, y a los sindicatos y asociaciones empresariales, como parte determinante del modelo económico que queremos construir.

Solo de esta forma podremos abrir un proceso de concertación social que nos permitirá establecer los términos de competitividad de nuestra economía, y que están en la financiación empresarial, en la investigación, en la educación, en la innovación, en la formación, en la internacionalización de la economía, que son mucho mejores instrumentos de competitividad que, como dice el Programa de Estabilidad de España, la reducción del poder de ciertas instancias negociadoras en el mercado laboral, es decir, el desplome de la negociación colectiva.

Desde el año 1981 tenemos una larguísima tradición de acuerdos confederales. Nunca como hoy han sido tan necesarios. Llegar a ellos es imprescindible.

El Gobierno no solo está obligado a hacer cosas, está obligado a convocar para hacer cosas. Esto exige respeto, convencimiento y comprensión.

No sé si somos conscientes del momento que estamos viviendo y de la dificilísima situación que están atravesando millones de familias españolas, que han visto deteriorado su nivel de vida, que han perdido no solo su empleo, sino también sus expectativas y que miran con angustia el futuro más inmediato.

Las clases medias son las que han proporcionado a nuestro país la estabilidad social que no fue posible en otras etapas de nuestra historia. Y esta hegemonía de las clases medias ha sido sin duda la consecuencia del importante aumento de nuestra renta per cápita. Pero no sólo de eso. Lo ha sido además por un sistema de protección social que ha provisto de bienes públicos de muy difícil financiación privada.

El modelo social que recorre todo el título primero de nuestra Constitución y que se ha venido implantando a lo largo de estos últimos 30 años es el que ha hecho posible un país de clases medias, que ha asentado su modelo de vida en los principios de seguridad y de igualdad de oportunidades.

Sin la seguridad de tener un sistema sanitario universal, una educación pública, una protección por desempleo y un apoyo a la incapacidad por la vejez se abriría una grave brecha entre nosotros. Dejaría de existir la clase media y la convivencia sería mucho más difícil y mucho más complicada.

Y creo que no es ningún alarmismo decir que podemos estar cerca de caer en este riesgo. En 1995 los partidos políticos con representación parlamentaria acordamos el llamado Pacto de Toledo. Con él tratamos de ajustar la evolución del gasto a nuestra capacidad financiera sin merma de derechos y para así consolidar el futuro del sistema de pensiones. Creo que estamos en la necesidad de hacer algo parecido con nuestro Sistema de Protección Social, con el Sistema Nacional de Salud. Analizar sus tendencias de gasto para conseguir una racionalización del mismo sin romper la cobertura nacional ni tampoco reducir derechos.

Es curioso cómo hoy también, en su discurso, Obama hacía referencia a una niña con leucemia que ha tenido el tratamiento que necesitaba por su reforma sanitaria. Éste es un bien colectivo que debemos preservar y que no debemos someterlo simplemente a los recortes de la crisis sin una reflexión seria y profunda sobre el futuro.

Mutilar a golpe de recortes el Sistema Nacional de Salud es un error de incalculables consecuencias porque no llegaremos a un sistema más barato o más eficiente. No se trata de una opinión que se sostiene solamente en mi propia militancia socialista, sino que es también y sobre todo el convencimiento de que la cohesión y la igualdad de oportunidades son condiciones necesarias para un modelo de competitividad que se ha de basar en el conocimiento y en la innovación.

Y es además una defensa del papel del Estado como proveedor de paz y de seguridad. Y es en la defensa del Estado en la que me gustaría detenerme para llegar a mis dos propuestas finales. Una se refiere a nuestra posición como país en el debate europeo y en la defensa de nuestros intereses en la unión monetaria. La otra se refiere al modelo territorial.

Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, todas sin exclusión, coincidimos en la defensa de una política europea que vaya más allá de la consolidación fiscal. El pacto para llegar a la Europa del euro, recordémoslo, fue de estabilidad y crecimiento. Hoy, la reducción de este pacto a una ruta de austeridad basada meramente e indiscriminadamente en la reducción del gasto público, sin estímulos económicos ni programas de empleo, nos ha conducido a una encrucijada peligrosa.

Parece que estamos obligados a elegir entre el caos que supondría la salida del euro o el empobrecimiento continuo y sin esperanza que supone mantener la actual política monetaria. Creo que es necesario e imprescindible alcanzar un gran Pacto de Estado que pueda sostener una posición común de España sobre estabilidad y crecimiento y que haga sentir internamente al Gobierno el apoyo de 47 millones de españoles europeos, pero también fuera de España la fuerza que tenemos como país.

Para conseguir llevar a término esta propuesta y otras que he dicho es necesario renovar y fortalecer algunos de los consensos constitucionales. Una Constitución como la nuestra, que nos ha proporcionado el mayor periodo de democracia, libertad y paz social de nuestra historia, es algo más, mucho más que un texto escrito. Como he dicho en alguna ocasión, la Constitución no está escrita en piedra, sino que admite modificaciones o, como dicen los americanos, admite enmiendas. Pero sí hemos de considerar que el consenso que le da vida sí debe permanecer, no debe romperse. O dicho de otra forma, que las reformas que hagamos tengan el mismo grado de consenso que las que hicieron posible el texto reformado.

Digo esto porque la crisis no puede ser ni un pretexto ni una coartada para modificar las reglas de nuestra convivencia, ni por razones partidistas, ni por razones de conveniencia.

Antes hablé del modelo social que desarrolla el título primero de la Constitución. Ahora me voy a referir al Modelo del Estado. En la Conferencia de Presidentes del pasado octubre hubo acuerdo unánime en que el Estado de las Autonomías no es el problema, sino parte de la solución. Y para tener esto más claro deberemos empezar por afirmar que el gasto social es un gasto que hemos asumido las comunidades autónomas, no un gasto ocasionado por las comunidades autónomas.

Hay quienes entienden que el Estado de las Autonomías es inviable y plantean la recentralización. Yo no tengo claro si lo que quieren decir es que es inviable el Estado de las Autonomías o que lo inviable es la sanidad, la educación o la dependencia.

Hay quienes aspiran también a reducir el modelo a las llamadas autonomías históricas, dejando el resto como una mera descentralización administrativa. Y hay quienes consideran que ha llegado el momento de hablar de soberanismo, independencia, secesionismo.

Creo sinceramente que estamos equivocando y confundiendo los términos de este debate y cada vez nos alejamos más de las posiciones que puedan permitir un punto de encuentro sobre el que asentar nuevos consensos.

Habrá sin duda que esperar a las elecciones de Cataluña para poder abordar atinadamente este asunto, que nos va a exigir a todos comprensión de la realidad y voluntad de consenso.

Pero déjenme decir unas palabras sobre las elecciones del día 25 de este mes. Estamos asistiendo a un debate absurdo entre una propuesta soberanista catalana y un debate entre la utilización de argumentos, que podríamos decir que son coercitivos frente a aquella otra propuesta.

Por un lado, el nacionalismo catalán plantea la independencia pasando por encima de la legalidad constitucional y sabiendo que a lo que aspiran es imposible. Y por otro lado, desde el Partido Popular se responde que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual. Tengan por cierto que esto tampoco va a ser así.

Este debate entre dos posiciones que se saben irreales y no va a ninguna parte es el que está centrando las elecciones en Cataluña, cuando la realidad es que no es ese el debate. Ni va a haber soberanismo ni va a quedarse todo como está. Va a haber modificaciones con pacto. Y por eso creo que la posición del PSC es la más correcta, y desde luego la más honesta desde el punto de vista intelectual y político. Porque la reforma del modelo territorial hacia un federalismo que satisfaga el derecho a la diferencia y el derecho a la igualdad de todos los españoles es, sin duda, un desenlace que podremos pactar entre todas las fuerzas políticas. Pero no el debate en que se está basando la campaña y que no va a llegar a ningún punto de entendimiento.

Lo decíamos desde Andalucía en el documento que preparamos para la Conferencia de Presidentes: actualizar el modelo del Estado de las Autonomías significa que debemos dar por cerrada la fase de construcción para pasar de forma prioritaria a una fase de cooperación institucional y de cooperación activa, siempre necesaria e imprescindible en tiempos difíciles.

Más cooperación entre las comunidades, más federalismo. Los países más avanzados y desarrollados tienen este modelo de organización. Hemos de ser capaces de articular un modelo de organización territorial en el que todos podamos sentirnos cómodos. La igualdad de derechos ha de ser compatible con el respeto a las diferencias, y es imprescindible que el Modelo de Estado avance, que elimine duplicidades, que garantice la validez universal de los procedimientos, que garantice la unidad de mercado, que establezca además un marco de cooperación permanente con la reforma del Senado.

El día 2 de octubre, la llegada al Senado parecía un acontecimiento mundial, yo no he visto más expectación que la que se produjo en la Conferencia de Presidentes. Y les puedo asegurar que eso debería ser un encuentro rutinario. Que 17 presidentes de CCAA y el Gobierno de España se reúnan en Conferencia de Presidentes debía ser un encuentro mensual, habitual. Que haya una Cámara que en vez de duplicar lo que hace el Congreso, se encargue también de la cooperación necesaria para aprobar normas que luego han de ejecutarse en el territorio me parece también de lo más normal y habitual.

Por tanto, estamos hablando de un desenlace que es el lógico del modelo autonómico. Esto es lo que planteo como mejor fórmula para resolver las tensiones territoriales. Creo sinceramente que podemos recorrer el camino todos juntos. Y ya termino.

El sábado pasado escuchaba en la radio a alguien que contaba un proverbio arapahoe: "No vayas tan deprisa que no puedo seguirte. No vayas tan despacio que me retrasas. Mejor hagamos el camino juntos". Pues bien, para salir de la crisis, para actualizar el modelo territorial, mejor intentemos hacer el camino juntos.

Muchas gracias.