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Discursos

Intervención del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el Foro Cinco Días

11/03/2013
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Mis primeras palabras quieren ser un recuerdo emocionado a las víctimas del atentado, hace 9 años, del 11 de marzo. Recordarlo significa también recordar que la intolerancia y que todo lo que sea el tratar de ayudar al adversario mediante la violencia es uno de los males que todavía aqueja a la humanidad y que hay que erradicar, pero también recordar la maravillosa respuesta que aquel día tuvo el pueblo español en torno a las víctimas y en torno a la defensa de sus derechos y libertades.

Vivimos un momento crítico. No vean en mis palabras ni pesimismo, ni mucho menos derrotismo. Entiendan que lo estoy diciendo desde el convencimiento de que lo que propongo es posible y con la voluntad además de intentar hacerlo posible.

Vivimos un momento crítico por las circunstancias que concurren: aumenta el paro, crecen las desigualdades, se está produciendo una fractura social importante, hay escepticismo, pérdida de confianza en la política y en las instituciones básicas y además faltan liderazgos políticos, sociales y económicos.

Vivimos un momento crítico porque no solamente no acertamos a ponernos de acuerdo ni aquí ni en Bruselas en cómo resolver los problemas, sino incluso en cómo definir los problemas y cómo jerarquizarlos y priorizarlos.

Por eso necesitamos urgentemente un objetivo de país, de país en Europa y de país en España. Un objetivo de país que sea el fruto de un gran consenso político, económico y social.

Es la hora de los liderazgos compartidos, es hora de fortalecer las instituciones y de poner la solución de los problemas, de poner la economía al servicio de la democracia.

Es el tiempo de la política y necesitamos certidumbre, confianza y seguridad.

Eso nos va a exigir un análisis racional, profundamente racional con la realidad para evitar que le excusa de la crisis o la ansiedad por la crisis terminen destruyendo las bases de nuestra convivencia.

Lo peor que podríamos hacer en estos momentos es impugnar todo al mismo tiempo, dar saltos en el vacío, hacer tabla rasa. Curanderos abundan, ¿soluciones?, hay que buscarlas entre todos.

Pero tan malo como eso sería mantener el actual rumbo y dejar que el tiempo se encargara de resolver los problemas, porque lo que empieza a faltar es precisamente tiempo.

La crisis del 29 terminó con las democracias europeas que no supieron combatirla y abrieron paso al totalitarismo, no porque las democracias fueran un mal sistema, ni mucho menos, como se ha demostrado, ni tampoco porque fuera responsable de la crisis, sino porque no supieron afrontarlo.

Hoy la crisis, esta crisis ya á dando resultados políticos: Berlusconi en Italia, Amanecer Dorado en Grecia, Víktor Orbán en Hungría, los Verdaderos Finaldeses en el norte. Sólo Holanda parece que ha conseguido que se reduzca el apoyo de la extrema derecha, pero tal vez porque los partidos clásicos históricos de Holanda han asumido reivindicaciones de la extrema derecha, relativo a la inmigración, a la cohesión europea, etc.

De ahí la necesidad de un gran pacto, que además exige una nueva frontera, ese pacto tiene que recuperar la credibilidad política y tiene que recuperar la confianza de las instituciones democráticas, que en nuestro caso son instituciones constitucionales. Que sea capaz además de marcar un rumbo que nos esté garantizando un proyecto sugestivo de convivencia.

No se trata sólo de acordar medidas concretas, creo que esto ya no sería suficiente, sería necesario, pero no suficiente. Tal vez, si las reformas que hemos efectuado en los últimos años, desde la reforma constitucional a la laboral, pasando por tantas decisiones que nos han venido sin otra explicación que la exposición de motivos de un decreto-ley, se hubieran sometido al diálogo social y político, la situación actual no habría llegado a donde ha llegado.

Por eso digo que hoy hace falta algo más. Hace falta construir una senda y fijar una meta. Lo he dicho antes, es un proyecto sugestivo de convivencia, en palabras de Ortega y Gasset.

Un pacto que recupere la política y su capacidad de generar confianza, sin confianza no hay economía; y que al mismo tiempo sirva para fortalecer la democracia, la relación entre las decisiones que se toman y la participación del pueblo en esas decisiones.

Porque el desapego que se siente hoy a la política, viene precisamente de la no política, no es un desapego a la política, sino a la falta de política, a la subordinación de la política a intereses mercantiles, de la consideración de que la política debe salir del territorio de la economía, de hacer creer que la política económica solamente puede ser una y única, de sustraer decisiones trascendentales para la vida de los ciudadanos del control democrático, ceder soberanía y no ceder control, de la propia actividad de los políticos, que parecemos a veces más interesados en la lucha por el poder que en solucionar los problemas, de la corrupción y la falta de transparencia de lo público, de la pérdida de rigor del proyecto europeo y del aumento de las desigualdades.

Volver a la política, cambiar de orientación. La política debe aprovechar los elementos positivos de una realidad mundial, europea, española y andaluza sin destruir o alejarse de lo que son los hechos de las realidades que han supuesto históricamente un cambio en positivo.

Hoy decimos antiglobalización, anti proyecto europeo, anti muchas cosas, pero en la globalización, por ejemplo, antiglobalización. No se trata de impugnar la globalización, ¿quién va a impugnar la transferencia universal del conocimiento, de la ciencia, de la innovación, de la inteligencia, del comercio? Nadie lo puede negar, limitar la mundialización, recluirla, reducirla en estrechos márgenes sería un error. Pero la globalización, tal y como ha venido funcionando, nos ha provocado desigualdades entre países y desigualdades entre ciudadanos.

Por lo tanto, hablaríamos de una globalización con determinadas reglas: de la circulación de bienes, de servicios, de capitales, la equiparación de las partes en políticas redistributivas que equiparen o que puedan proponer la igualdad entre iguales, pero no derogar la globalización, porque eso sí sería también un error.

Igual pasa con la Unión Europea, es el único proyecto que nos da capacidad, es el único proyecto en un continente como el nuestro, profundamente envejecido en términos absolutos y relativos, que puede permitirnos afrontar el futuro desde la inteligencia y la competitividad.

La Unión Europea es un proyecto que no solamente no podemos derogar, sino que tenemos que reconstruir, entre otras cosas porque no solamente a Andalucía sino a España entera la UE le ha supuesto varios puntos de PIB. Lo mismo digo del euro, la UE y la unión monetaria son imprescindibles, ahora, ¿es compatible la UE y la unión monetaria, la primera sin políticas de cohesión, sin políticas que fortalezcan la unión, que hagan de verdad una unión? ¿Es posible una unidad monetaria con una autoridad central que no es capaz de ser de la misma condición o ser equitativa, por así decirlo, entre los diferentes países?

El problema es que tanto en la globalización, como en la Unión Europea, como en la unión monetaria, sus errores pueden traducirse en corrientes populares que estén contra la globalización, contra la UE, contra la unión monetaria. Ese sería el error peor que podríamos cometer.

Igual pasa con el modelo económico, nosotros estamos de acuerdo con un consenso histórico, que ha sido el de mayor éxito de la historia de España y que se produjo en los años 70, está escrito en la Constitución, es un consenso que se puede leer, establecía la economía social de mercado, un Estado social y democrático de derecho y una capacidad de los poderes públicos para que esa riqueza que se generara del diálogo entre los empresarios y los sindicatos, redistribuirla garantizando la igualdad de oportunidades: sanidad, educación, etc.

Ese es el modelo de consenso, el modelo económico que patrocinamos en un momento determinado las fuerzas políticas en un gran acuerdo, que recuerdo que se hizo explícito un año antes de la Constitución en los Pactos de la Moncloa y que tampoco podemos poner en riesgo. Es lo que decía antes, la crisis no nos tiene que convocar a urgencias que deroguen lo importante, sino a urgencias que nos hagan volver a los principios que creo que son importantes para nuestro devenir económico, pero al mismo tiempo, orientando un nuevo modelo.

Igual les podría decir del Estado, el modelo territorial, el modelo local, que perfectamente hemos venido conviviendo con él, pacíficamente, en progreso, con crecimiento económico y con paz social. Por lo tanto, lo que haya de modificarse ha de partir siempre de lo realmente existente.

Partiendo de todo ello, garanticemos una política económica, capaz de estimular el crecimiento económico y a la vez la estabilidad fiscal.

No es mucho más que esto, pero es nada menos que esto.

La subordinación de la política economía a la mera consolidación fiscal es un fracaso desde antes de que se hubieran producido los resultados.

Todos sabíamos, todos, cualquier economista que se precie sabe que reducir la economía a la mera consolidación fiscal es un error de libro y no había que esperar las consecuencias.

En primer lugar, porque la consolidación fiscal convertida en hegemónica en la política económica va a caminar siempre en dirección contraria de la que se necesita para salir de una crisis, en dirección contraria. Tenemos una crisis sin tensiones e inflaciones, bueno, pues ha hecho lo contrario de lo que manda el manual. El manual manda no subir o en todo caso bajar la presión fiscal, expandir la financiación empresarial, incrementar la inversión pública en capital humano, en capital tecnológico y en capital físico.

Eso lo dice cualquier manual para avanzar en la salida de la crisis, aquí se ha hecho lo contrario: menos dinero, más impuestos, menos rentas, menos inversión y menos consumo. Por lo tanto, la consolidación fiscal como tal y sólo ella, te conducía inexorablemente al fracaso.

Porque además, y en segundo lugar, no solamente no recuperaba la economía sino que tampoco se conseguían los objetivos de consolidación fiscal, porque deprimiendo rentas y subiendo impuestos al final no se consigue el objetivo de déficit público ni la consolidación fiscal.

En tercer lugar, porque cuando hacemos consolidación fiscal a machamartillo, al final no se consigue el objetivo económico. Porque parece que nos limitamos, como un jardinero, a atusar los gastos, es decir, coger el gasto público y atusarlo cortándolo de la misma manera en todas sus partidas. Y convendrán ustedes en que no todas las partidas presupuestarias son iguales: unas tienen rendimientos inmediatos en el crecimiento, otras en el medio y largo plazo y algunas otras sin embargo son más prescindibles.

Sería imprescindible priorizar, e incluso no contabilizar, en la senda de consolidación fiscal o darles plazos más largos para conseguir el objetivo a todos los gastos de capitalización de la economía que repercuten directamente en la competitividad de nuestro país. Hablo de I+D+i, de formación, de la cualificación profesional, de la internacionalización de la economía, de todos esos gastos públicos que siempre se traducen en más competitividad en medio y largo plazo y en más ingresos públicos.

En cuarto lugar, se ha producido un incremento brutal de las desigualdades. Recientemente el Consejo Económico y Social ha hecho un estudio en el que se comprueba cómo en las distintas fases de crecimiento económico de España se ha producido un mayor o menor avance en la igualdad social.

Fue espectacular el que se produjo en los años 80. Fue un crecimiento claro, rotundo, de la igualdad que se ralentizó e incluso disminuyó con la primera crisis del petróleo.

La fase de crecimiento 1994-2007 también ha sido de crecimiento, pero con incremento de las desigualdades. Hay un dato sorprendente: en los diez últimos años, el patrimonio de los españoles aumentó ocho veces más que su renta. Ese dato nos dice que era un crecimiento con burbuja que, sin embargo, mantuvo la ilusión de crecimiento y la ilusión de igualdad.

Los datos son ciertos: cuando se ha desplomado la economía, se ha producido también un notable incremento de las desigualdades, porque la crisis ha golpeado más fuertemente a las personas más débiles.

¿Qué ha ocurrido? Que el 20% de las rentas más altas ha aumentado un 28% su diferencia con el 20% de las rentas más bajas, en el tiempo que llevamos de año.

Eso lleva a decir que la igualdad debe ser un objetivo de la política económica y que la cohesión como garante de la igualdad de oportunidades es competitividad. Más cohesión es más competitividad.

Habría que plantearse, también en este objetivo de consolidación fiscal, una reflexión profunda sobre todo aquel gasto que ayuda a mantener la cohesión social como objetivo de política económica.

Un país con la renta per cápita que tiene España no se puede permitir tener más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro y a miles y miles de personas sin ningún tipo de ingreso. España no se puede permitir este lujo, entre otras cosas porque tiene renta suficiente para paliar esa situación.

Hablo de la exclusión social que determina comportamientos populistas y que, a la postre, termina arruinando la economía. Es imprescindible también que en cualquier proyecto que tengamos de consolidación fiscal hacer una política económica que fortalezca la cohesión social y territorial de España.

Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el hecho mismo de cómo estamos enfocando la ruta de consolidación fiscal. A veces entiendo muy poco lo que se está haciendo. Por ejemplo: todos sabemos que en estos momentos hay un problema de ingresos y también  de gastos. No podemos tratar como si todo fuera un problema de gasto público, cuando hay problemas de ingresos y hay problemas de gasto. Les aseguro que no son las mismas medidas que hay que tomar en un caso que en otro.

Lo digo porque la protección social no tiene un problema de ingresos, sino de gastos. Por tanto, podemos perfectamente priorizar a partir de los ingresos los gastos correspondientes para generar más ingresos y poder obtener un crecimiento económico estable y competitivo.

Pero, además de eso, tenemos que plantearnos que hay determinados sistemas de protección social que tienen, en el medio y largo plazo, aquí y en Europa, un problema de gastos, no de ingresos. Congelar las pensiones por un problema de ingresos es una necedad. Si lo hacemos por un problema de gasto, tendremos que explicar por qué lo queremos hacer y saber que el trayecto que estamos manteniendo en un sistema de pensiones o en un sistema de protección de la salud tiene riesgos que tendremos que afrontar en el futuro y el mayor de todos es el envejecimiento.

En el año 1995, hicimos el Pacto de Toledo. Fueron unos acuerdos que no trataban de crear un manto de silencio sobre la protección social, como algunos quisieron decir. Yo, que era el ministro entonces, sé que el propósito que teníamos era otro. Era consolidar el sistema de pensiones en el futuro adoptando medidas de consolidación de común acuerdo con empresarios, sindicatos y todas las fuerzas políticas.

Creo que ha sido un buen trayecto. Hoy todavía en el Parlamento existe una comisión del Pacto de Toledo, luego tenemos ahí instrumentos para analizar la evolución del gasto y no tomar decisiones que afecten a la protección social simplemente acuciados por un estado determinado de ingresos.

En este contexto, he venido a formular el Pacto por Andalucía. Quiero dejar clara una cosa: si no somos capaces de articular un gran pacto a nivel general, de Estado español e incluso con trascendencia internacional, poco podremos avanzar aquí. La capacidad de actuación de una comunidad autónoma es muy limitada. En su propia capacidad de financiación también: si el Estado no se puede financiar en los mercados, las comunidades autónomas tampoco podemos. Estamos en una situación de debilidad estructural.

El pacto por Andalucía pretende, además de impulsar el entendimiento a nivel nacional, llevar a la política la transparencia, la eficiencia, la reforma de las administraciones públicas y un modelo territorial que sea coherente con aquello que pretendemos conseguir y que cierre de una vez por todas el modelo autonómico desde la premisa de lo que hemos hecho hasta ahora.

Eso sería un diálogo político de primer nivel. Cuando hablo de transparencia, hablo de transparencia de los políticos, de los partidos, de las administraciones, de la actuación pública, pero también transparencia en la relación de los políticos con los ciudadanos. Yo he propuesto a mi partido que acoja como iniciativa que los programas de los partidos políticos sean un compromiso de verdad, que no sean una subasta. Que, si se propone algo, se sepan los ingresos con los que se va a hacer y cómo se va a hacer.

Es decir, transparencia en general, reforma o cierre del modelo territorial y a partir de ahí una reforma de las administraciones públicas. Porque será en vano hacer una reforma de las administraciones si previamente no hacemos una acabada reforma del modelo territorial de España. Cuando la tengamos hecha, será el momento de ver la reforma estructural de las administraciones.

En economía, es verdad que nosotros hemos apostado siempre por un modelo de competitividad cualitativo, alejado de las directrices de la reforma laboral, más en el diálogo entre empresarios y sindicatos que se fortalezcan como se hizo en un acuerdo pocos meses antes de entrar en vigor la reforma laboral, con un modelo de relaciones laborales, industriales, que favorezca el crecimiento de la economía y la competitividad de la economía. A través del talento, la innovación, la investigación, la formación de los trabajadores, la flexibilidad interna y funcional, la disponibilidad...

En política de demanda, realmente poco podemos hacer, no tenemos muchos instrumentos, incluso cuando vemos que en la propia fiscalidad se nos sustrae la capacidad normativa que tenemos cuando el Gobierno sube el IRPF de tal manera que apenas nos deja capacidad a las comunidades autónomas para entrar en la imposición sobre la renta. Y no digamos ya del IVA, donde teóricamente tenemos que recibir el 50% pero que en este caso se ha subido y todo se lo queda el Estado. Las comunidades autónomas pagamos el IVA pero no recibimos nada del IVA.

Tenemos, eso sí, la posibilidad de continuar con un gran acuerdo entre empresarios, sindicatos y Junta de Andalucía, por un modelo de competitividad que se base en la innovación, la I+D, el conocimiento, la formación y la inversión en capital humano y capital tecnológico.

Ese pacto se ampliaría poco después al medio rural, que es imprescindible; educación, sanidad, igualdad. Pero quiero poner el énfasis sobre todo en la vertiente económica, en la medida en que estoy convencido de que nosotros debemos ser capaces de sacar y extraer el potencial de crecimiento que tienen nuestros sectores tradicionales.

El sector agroalimentario es un lujo de Andalucía. Un trabajo que se ha hecho muy bien, que ha innovado, que ha mejorado la calidad de los productos y que se ha internacionalizado.

El sector del turismo también tiene que escoger aquellos elementos cualitativos y de competitividad, que nosotros entendemos que están en la diversificación, en la cultura, en el deporte y en los eventos.

Por otro lado, tenemos un sector, el de la construcción, sobre el que estoy convencido de que no puede estar tan bajo ya como está ahora mismo. Tenemos mucha deuda del sector inmobiliario, pero nosotros teníamos un porcentaje de la población ocupada en el sector de la construcción que llegó a ser del 14,5%, lo que supone cierto sobredimensionamiento si tenemos en cuenta que la media europea no llega al 9%. Pero es que ahora estamos en el 5%. Creo que habría que hacer un esfuerzo, y eso sería priorizar también la consolidación fiscal, en obra civil.

Por último, los sectores nuevos que están en los parques tecnológicos, para encontrar nuevos propulsores de crecimiento en Andalucía.

Todo esto sólo será posible si nos damos cuenta de que aquella ruta que se empezó con la famosa frase de Clinton ("es la economía, estúpido") ha sido una ruta equivocada. La economía sin política económica, la economía reducida a la contabilidad pública no funciona, y si funciona provoca desórdenes sociales y políticos de tal magnitud que termina arruinando la economía.

Si ustedes leen a los clásicos, de Adam Smith a Stuart Mills, verán que no eran economistas, eran sociólogos, en la acepción más amplia de la palabra. Si ven el origen de la ciencia económica se darán cuenta de que detrás de la ciencia económica, nunca se ha prescindido de la sociedad en la que se aplica, de cómo se tejen los lazos sociales, de cómo se conforman clases medias, de cómo a partir de esa concentración de las clases medias se hace país, cómo se vive en convivencia...

En un Continente como el que tenemos, que tuvo el primer medio siglo XX más espantoso de la historia del mundo y el segundo medio siglo más brillante, ¿vamos a desandar todo ese camino? ¿Vamos a romper lo que se llamó ese modelo de crecimiento basado en el diálogo, en el entendimiento, en la cohesión o en el compromiso de los poderes públicos de hacer reales las libertades y los derechos? Nunca más considerar que un derecho, una libertad, que está en la Constitución es algo formal. Somos los poderes públicos los que tenemos que hacer que esos derechos y esas libertades sean reales y efectivas.