Comparezco, a petición propia, una vez más, y lo haré cuantas veces sean necesarias, porque considero que es mi obligación democrática dar cuanta información sea necesaria y explicar la actuación de mi Gobierno en la investigación, denuncia y en el procedimiento de recuperación de fondos que se hayan podido defraudar con ocasión de la ejecución presupuestaria de las ayudas sociolaborales previstas en la Ley.

Comparezco hoy, en este pleno, como también lo hice el 25 de septiembre ante la Comisión de Investigación, porque es mi deber y mi derecho democrático. Porque estoy comprometido con la verdad y con el control parlamentario, sin que me puedan desviar de este camino todos aquellos que, con responsabilidades públicas, rehúsan dar explicaciones.

Nadie puede decir sin mentir que mi gobierno haya dado la espalda a esta cuestión, que haya obstaculizado el conocimiento de la verdad o que haya amparado a personas o cargos públicos, fuera cual fuese su militancia política, que hubieran podido actuar de forma ilícita.

Comparezco para defender el prestigio de las instituciones andaluzas y de la inmensa mayoría de sus representantes públicos.

Para defender también la honorabilidad del PSOE de Andalucía y de sus militantes que contemplan con estupor e indignación el cobarde y mendaz intento de asociar el comportamiento desleal y presuntamente delictivo de algunos de sus militantes con la militancia en general o con la financiación de un partido, el mío, que ha pedido, y vuelve a pedir, que la Cámara de Cuentas fiscalice la contabilidad de todos los partidos políticos y no solo la de sus campañas electorales.

Y comparezco, Señorías, porque tengo un compromiso con la transparencia, un compromiso que comparto con mi gobierno y con mi Grupo Parlamentario. Desde hace años, bastantes años, este Parlamento, a iniciativa del Grupo Socialista, ha avanzado en distintos aspectos de la regulación política para profundizar en la transparencia y en el conocimiento que los ciudadanos han de tener de sus representantes: de sus ingresos, de su patrimonio, de su actividad y de los cumplimientos o incumplimientos electorales.

La democracia se sostiene en la confianza en las instituciones y en quienes las representan. Por eso es tan importante favorecer la transparencia y combatir la corrupción.

La corrupción no es nunca justificable. Merece la condena más rotunda esté donde esté y afecte a quien afecte.

Por eso he dicho siempre (y siempre lo he practicado) que la lucha contra la corrupción es una lucha que a todos nos incumbe: a todos los ciudadanos, en general, y a cuantos ocupamos cargos públicos, muy en particular.

Lo peor que podemos hacer es convertir la lucha contra la corrupción en un arma política para con ella obtener réditos partidistas o electorales. Porque cuando se llega a eso, cuando se usa la corrupción no para acabar con ella sino para tratar de acabar con el adversario político, se pervierte el sentido más noble de la política.

Utilizar la corrupción como un arma electoral o partidista no es solo una forma de envilecer el debate público sino, además y sobre todo, el camino más corto y contundente para destruir la confianza de los ciudadanos en sus representantes y romper así ese lazo invisible que hace de la democracia el sistema político más participativo y más decente.

Ninguna corrupción puede tapar a otra corrupción. Ningún hecho delictivo es nunca un argumento político.

No somos mejores ni más decentes acusando de deshonestidad al adversario cuando lo hacemos sin tener constancia de la veracidad de nuestras afirmaciones; cuando lo hacemos para tapar nuestras propias vergüenzas; o cuando utilizamos a los juzgados como instrumentos al servicio de una oposición que, fracasada en la política, busca soluciones al margen de ella.

Soy totalmente contrario a judicializar la política, pero mucho más lo soy a politizar la justicia. Y me temo que en los últimos tiempos algo de esto está ocurriendo.

Sucede cuando se manipulan las personaciones como acusación en los juzgados para obtener resultados políticos; cuando se habla de los jueces como compañeros; o cuando, simple y llanamente, se miente, aun en sede judicial, para robar el crédito y el honor al adversario político.

La transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad para combatir la corrupción, y no al adversario con la corrupción, han sido las actitudes de mi Gobierno desde el mismo momento en que denunciamos a la Justicia las irregularidades conocidas. Este comportamiento se ha traducido en una actuación proactiva en el esclarecimiento de los hechos y para la recuperación del dinero de los andaluces.

Mal que le pese al Partido Popular, fue el Gobierno andaluz el que ha tomado siempre la iniciativa en este caso al denunciar, investigar y colaborar con la Justicia.

La actuación judicial se inicia en febrero de 2009, cuando la Junta de Andalucía presenta denuncia y entrega a la Fiscalía una grabación realizada por dos empresarios a directivos de Mercasevilla en la que podía advertirse un presunto delito de estafa.

El 17 de noviembre de 2010, un día después de que Mercasevilla comprobara que personas no integrantes de su plantilla figuraban como prejubilados, la Consejería de Empleo acordó abrir un procedimiento de información reservada, con nombramiento de instructor y secretario, para determinar si existían deficiencias administrativas o irregularidades en los expedientes de Mercasevilla. Al mismo tiempo, ese mismo día, se dirigía al Juzgado, poniéndose a su disposición para colaborar con la investigación y depurar responsabilidades.

El Gobierno andaluz, a la vista de todo ello, paralizó el pago del Expediente de Regulación de Empleo presentado por Mercasevilla en 2007, sin realizar ni un solo abono relacionado con este expediente, y además remitió al juzgado no solo la documentación del ERE de 2007, sino también, sin requerimiento del juzgado, la del de 2003.

El 17 de enero de 2011, la Consejería de Empleo, mediante resolución del viceconsejero, amplía la información reservada a aquellos expedientes de concesión de ayudas sociolaborales, seguidos tras expedientes de regulación de empleo o procesos análogos, en los que existían pólizas de seguro de rentas vigentes.

Y no es hasta el 19 de enero de 2011, cuando se dicta auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla y en él se ordena la incoación de nuevas diligencias previas, a las que se les da el número 174/2011, tal y como son conocidas hoy.

Siguiendo con la anticipación en las actuaciones, el Consejo de Gobierno acuerda, el 8 de febrero de 2011, solicitar la fiscalización de la Cámara de Cuentas de todas las ayudas sociolaborales tramitadas desde el año 2001 y decide adelantar al juzgado el resultado parcial de la investigación interna, la personación de la Junta de Andalucía en las  actuaciones judiciales y la comparecencia en el Parlamento del consejero de Empleo.

El 9 de febrero de 2011, el director general de Trabajo, mediante escrito dirigido al juzgado, procede a denunciar una nueva relación de posibles intrusos, remitiendo un total de 36 nombres correspondientes a 11 denominaciones sociales.

Pues bien, no es hasta el 21 de marzo cuando el Partido Popular se persona como acusación en el caso, presentando querella coincidente en sus argumentos con la presentada anteriormente por el Sindicato Manos Limpias. La querella de don Antonio Sanz es del 21 de marzo, y la del señor Zoido, del 23.

Poco después, el Servicio Jurídico de la Junta de Andalucía decide, como consecuencia de la investigación interna que se había abierto, denunciar y someter a revisión, aportando la documentación correspondiente al juzgado, determinadas ayudas a empresas sin relación con regulaciones o reestructuraciones de empleo, señalando incluso eventuales responsabilidades.

La colaboración del Gobierno andaluz en este proceso es, pues, clara y manifiesta desde la denuncia inicial, la investigación interna, las denuncias de las eventuales irregularidades en el proceso de investigación interna, la acusación de eventuales responsables, la solicitud de afianzamiento y medidas cautelares y el inicio de los trámites para recuperar lo eventualmente defraudado.

Nuestra colaboración alcanza incluso al reforzamiento de medios materiales y personales del juzgado que, desde abril de 2011, cuenta con tres funcionarios más a jornada completa adscritos por la Consejería de Justicia. Nada que ver, como ven sus Señorías, con otras actitudes políticas de combate contra los jueces y juzgados.

Ahora bien, la colaboración con la Justicia en el esclarecimiento y persecución de los hechos punibles y en la recuperación del dinero defraudado no implica que hayamos de mantener siempre una absoluta conformidad con todas las actuaciones judiciales. Hemos tenido, y podemos tener, discrepancias sobre distintas formas de entender las medidas propuestas o adoptadas, o en el momento de adoptarlas, aunque la coincidencia con el fondo pueda ser la misma. Las tuvimos sobre la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno, sin especificar cuestiones, de diez años; las tuvimos, y podemos tenerlas, sobre el momento más oportuno de tomar declaración a los imputados o sobre algunas otras cuestiones. Pero esto es también colaborar porque lo que pretendemos es el esclarecimiento de los hechos.

A nuestro entender, seguir el rastro del dinero defraudado es el mejor camino para esclarecer los hechos y para determinar responsabilidades. Precisamente por ello estamos comprometidos y actuando en las tres líneas de investigación que se vienen siguiendo, en la medida en que en todas ellas pudiera haberse producido fraudes o utilización indebida de fondos públicos: inclusiones indebidas de beneficiarios, ayudas improcedentes y pólizas de aseguramiento. Y estamos también actuando para tratar de recuperar los fondos que se hayan podido malversar.

En el caso de las personas indebidamente incluidas en las ayudas a la prejubilación, una vez realizada la investigación de las pólizas se puso en marcha el proceso de reintegro: solicitud de información a las compañías aseguradoras, audiencia del interesado, interrupción, en su caso, del pago, eventuales recursos contencioso-administrativos y expedientes de reintegro.

Y quiero decir, alto y claro, que no se trata de más de 6.400 intrusos o beneficiarios de ayudas ilegales. Después de realizarse el análisis, la investigación reservada, se ha llegado a la conclusión de que pueden existir 235 presuntos casos de irregularidad, 235 no 6.400, a los que se está reclamando la devolución de lo obtenido.

Este mismo tratamiento se ha dado en el caso de las ayudas a empresas, expedientes sobre los que se ha iniciado una revisión de oficio en todos los casos.

Hay 210 expedientes de revisión de oficio. Todos han sido remitidos al Consejo Consultivo después de su tramitación conforme a lo establecido en la Ley.

El Consejo Consultivo ha dictaminado hasta el momento en 94: en 89 de ellos conforme a lo que proponía la Junta de Andalucía. Por tanto, está iniciado totalmente el proceso de reintegro de las cantidades indebidamente cobradas y con toda las garantías y la seguridad jurídica.

Una precisión, Señorías: de estos datos se desprende que no es el Consejo Consultivo el que está empujando a la Junta a la revisión de oficio, sino que está confirmando la propuesta de la Administración en muchos de los casos.

En los cinco casos en los que el Consultivo ha dictaminado en contra de la propuesta de la Junta ha sido por estimar que el procedimiento era correcto, en contra de la propuesta de la Administración.

Una vez efectuado el dictamen del Consultivo se abre la vía jurisdiccional, a la que está acudiendo la mayoría de los afectados.

Y, en tercer lugar, en relación a los gastos externos, o las llamadas comisiones, también puede afirmarse que desde el mismo momento en que se detectaron gastos que podrían ser excesivos, la Junta de Andalucía actuó.

En los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas se puso de manifiesto la presencia en los expedientes de prejubilación de documentos de valoración de costes de las primas de las pólizas de seguros de rentas donde se consignaba una partida de gastos externa, presuntamente comisiones, que superaban la media aceptada por este concepto en el sector de mediación de seguros.

A partir de ese momento, en enero de 2012, y dado que, tal como reconoce el informe de fiscalización, la Administración no ha pagado comisiones a intermediarios sino que son las compañías aseguradoras las que en su caso lo pudieron hacer, la Consejería de Empleo inició una serie de actuaciones para solicitar la justificación de estos conceptos.

Las dificultades por parte de las compañías para justificar la autorización de esos pagos determinó que la consejería decidiera comunicar a las compañías aseguradoras la suspensión del abono de todas aquellas cantidades incluidas en la prima por conceptos de gastos externos, mediante escrito de 6 de febrero de 2012.

Tras un periodo en el que se intentan clarificar las cantidades abonadas y la justificación de las mismas, se aprobó el Decreto-Ley 4/ 2012 para cortar la posibilidad de que se pague en la novación de las pólizas gastos de intermediación.

En síntesis: paralización de pagos una vez se detectaron y prohibición a futuro del pago de las comisiones, incluso en la novación de pólizas de trabajadores que ya venían percibiendo sus ayudas de prejubilación.

Por lo demás, y esto es importante destacarlo, en el transcurso de la investigación y de los acontecimientos hay algo que ya aparece meridianamente claro: no cabe hablar de un fondo de reptiles, sino de desaprensivos que malversaron dinero de un fondo completamente legal tanto en su formulación como en su desarrollo presupuestario. No eran ayudas ilegales, no era un fondo ilegal, no era un fraude que afectaba a todo un programa presupuestario, sino una mala utilización que ha afectado, de forma muy grave e injustificable, a una parte de los recursos públicos destinados a paliar las consecuencias de las crisis y reestructuraciones empresariales.

El programa ha sido eficaz y socialmente útil. Se han salvaguardado los intereses de miles de trabajadores afectados por crisis de empresas. De hecho, se han abonado prejubilaciones a más de 6.400 personas que cumplían todos los requisitos y que habían accedido a las ayudas sociolaborales con plena legitimidad. Miles de trabajadores y empresas que han obtenido ayudas legales.

Unas ayudas que han servido para atender crisis en empresas que, por su posición en los mercados o en diferentes sectores o en distintas localidades, provocaban consecuencias laborales de enorme gravedad. Les hablo de SOS Cuétara, Fertiberia, Delphi, Astilleros de Huelva, Santana, Hitemasa, Hytasal, La Faja Pirítica de Huelva, La Cartuja, Minas del Marquesado...

¿Alguien puede pensar racionalmente que las crisis de estas empresas fueron inducidas para un uso fraudulento de fondos públicos; que las graves situaciones empresariales, territoriales y personales se crearon para aprovecharse de ellas? ¿No es más lógico pensar, al contrario, que se malversaron recursos públicos destinados a buen fin para beneficio propio?

Desde principios de los ochenta existen estos programas y desde entonces se han afrontado los despidos colectivos de personas de edad avanzada con el procedimiento de las llamadas prejubilaciones.

También lo hizo el PP desde el Gobierno central y desde los distintos gobiernos autonómicos. Es más, señor Zoido, en una de estas crisis, tal vez la más voluminosa, usted fue participante directo. ¿Usted piensa que la actuación de las Administraciones en el caso de La Faja Pirítica fue una inducción al fraude para generar cuantiosas comisiones? Claramente, no. ¿Se incluyó entonces a personas que no les correspondía? ¿Hubo sobrecomisiones? Si las hubo es algo que desconocemos porque, a pesar de que usted dijo lo contrario en su comparecencia, los expedientes nunca llegaron a la Comisión de Investigación y me temo que tampoco al juzgado.

Es absurdo pensar que el sistema de ayudas establecido fue creado para generar comisiones y beneficios particulares. El sistema fue creado para atender situaciones de trabajadores de edad avanzada que perdían su empleo por situaciones de crisis. El sistema ha funcionado y ha servido para paliar los efectos de la destrucción de empleo y ha tenido un indiscutible calado social.

Esto demuestra que la línea de actuación política no puede invalidarse genéricamente. Este modelo de ayudas sociolaborales y otras ayudas a empresas ha contado con pleno respaldo general en toda España y en todas las comunidades autónomas.

Y no les digo nada Señorías que no quedara evidenciado en la Comisión de Investigación del pasado verano. Cierto que ésta tuvo un mal desenlace y que fue un fracaso en lo que se refiere a la obtención de conclusiones. Todos podemos sentirnos responsables de ello. Pero permítanme que les diga, porque lo he reiterado en distintas ocasiones, que es muy difícil culminar con éxito una Comisión de Investigación cuando simultáneamente se están depurando las responsabilidades penales en los juzgados. En primer lugar, porque, como es obvio y así se establece legalmente, las personas que hubieran resultado imputadas, que son probablemente las más relacionadas con los hechos que se investigan, no tienen obligación de declarar en la comisión. Aunque en este caso, alguna muy señalada lo hiciera. Y, en segundo lugar, porque, con un proceso judicial abierto, cualquier planteamiento de responsabilidad es muy complicado de definir.

Pero también les digo que si no sacamos conclusiones debemos valorar y apreciar la existencia de un trabajo sumamente útil para la información del caso y para el esclarecimiento de muchas cuestiones. Porque allí declaramos bajo juramento dos presidentes de la Junta de Andalucía, dos ministros (4), 9 consejeros (10), un delegado del Gobierno de España en Andalucía y un número importante de altos cargos y de personas relacionadas con la aplicación del programa 3.1.L.

Pues bien, a partir de todo lo declarado, cualquier análisis medianamente honesto debería conducirnos a algunas conclusiones:

La primera, y más obvia: los fondos han sido establecidos legalmente en sendos programas presupuestarios y así constan en diez leyes del presupuesto aprobadas por esta Cámara. Insistir en la ilegalidad del fondo no es solo negar lo obvio sino llegar al disparate de afirmar que lo aprobado en una ley es ilegal.

La segunda cuestión que quedó establecida la voy a narrar con las palabras del entonces interventor general que, tras manifestar el respeto que tuvieron siempre sus superiores a su autonomía, declaró que, "de las actuaciones de control desarrolladas en las materias que son objeto de esta comisión, nunca, repito, nunca, se dedujo la existencia de posibles supuestos de fraude o menoscabo de fondos públicos". Razón por la cual los informes de la Intervención, discrepantes con el procedimiento, nunca se hicieron llegar al consejero porque no proponían ninguna actuación por su parte. Recuerdo que el interventor declaro que los remitió a la entonces viceconsejera "porque la Intervención es un órgano de la consejería, no para que tomara medidas concretas en relación con ellos".

Según hemos tenido la oportunidad de conocer todos los que nos hemos acercado a la realidad, sin prejuicios ni intenciones previas, los distintos funcionarios de la Intervención que actuaron, a lo largo del periodo investigado, realizaron en sucesivos informes consideraciones en relación con determinados aspectos del procedimiento, igual que en otros cientos de informes, que a lo largo de este periodo ha emitido la intervención, sin efectos suspensivos del expediente.

En el informe del año 2005 dirigido a la Consejería de Empleo, la Intervención planteó una clara objeción sobre el procedimiento, que sometió a este departamento para que formulara sus alegaciones. No era informe de ilegalidad, porque la Intervención, en ese caso, habría suspendido la tramitación y paralizado los pagos. Era una clara discrepancia contable con el procedimiento seguido por Empleo.

Así lo declaró ante la Comisión de Investigación el entonces Interventor General cuando dijo que las diferencias existentes entre la Intervención y la Consejería de Empleo podrían denominarse como "discrepancias contables", o sea, diferente interpretación de la técnica presupuestaria. Repito, pues, que nunca, repito, nunca, se dedujo la existencia de posibles supuestos de fraude o menoscabo de fondos públicos sin que quepa en este caso aplicar hoy el conocimiento retroactivo de los hechos.

La tercera cuestión es la que se refiere a las ampliaciones de crédito. Las modificaciones presupuestarias constituyen una habilitación legal para que, previa la instrucción de los expedientes oportunos y conforme a lo establecido en los artículos de la Ley de la Hacienda Pública vigentes, puedan alterarse, cuantitativa o cualitativamente, los créditos inicialmente aprobados en la Ley de Presupuestos.

La iniciativa para promover estos cambios corresponde a las consejerías que, de acuerdo con sus atribuciones, han elaborado las previsiones presupuestarias y que también son competentes para ejecutar las mismas. Este es el principio de competencia que consagra nuestra ley de gobierno, igual que la de todas las administraciones.

Cuesta trabajo tener que recordar, y más aún hacerlo a personas que son y ejercen de juristas, que las modificaciones presupuestarias son decisiones independientes del proceso de gestión del gasto. Bastaría simplemente leer el artículo 50bis de la Ley de Hacienda para saber que corresponde a los titulares de las diferentes consejerías dictar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de las actuaciones financiadas en los estados de gasto de las secciones presupuestarias a su cargo.

Se realizan más de 800 modificaciones presupuestarias al año. Todas siguen un proceso reglado, que requiere de informes preceptivos de los distintos departamentos de la Junta, y singular y especialmente de la Intervención General y de la Dirección General de Presupuestos.

Durante el periodo 2001-2010 se han producido modificaciones presupuestarias en el programa 3.1.L, antes 2.2.E, incrementado su crédito en un 17% sobre el crédito inicial. Todas han contado con los controles e informes preceptivos y, por supuesto, con el informe de la Intervención de la Junta de Andalucía, que en caso de ser haber sido desfavorable habría paralizado la tramitación.

De estas modificaciones se dio traslado trimestral al Parlamento para su conocimiento y para el ejercicio de su tarea de control del Gobierno. Y con carácter anual también se ha trasladado a la Cuenta General, que es preceptivo remitir a esta Cámara junto con el proyecto de presupuestos. Asimismo, la Cámara de Cuentas realiza una fiscalización específica de las modificaciones presupuestarias.

Es, por tanto, evidente que la actividad presupuestaria realizada con respecto al programa 3.1.L se ha desarrollado siempre conforme a la normativa vigente en lo que afecta a las competencias propias de la Consejería de Hacienda con los informes correspondientes y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

En conclusión, los fondos incluidos en la partida 3.1.L eran aprobados por ley con objetivos señalados también en la ley. Sus modificaciones se hicieron conforme a la ley y con todos los informes y documentación preceptiva. La intervención manifestó discrepancias sobre el procedimiento seguido por Empleo sin advertir fraude o menoscabo de fondos públicos, y el destino de los recursos en cuestión se planteó siempre y en todo caso para atender necesidades vinculadas con graves problemas de reestructuración o crisis empresarial y sus consecuencias sobre el empleo.

¿Cuál es entonces el reproche? Señorías, desde los años 80, las reestructuraciones y reconversiones industriales acometidas entonces, con importantes repercusiones sociales y económicas, los distintos gobiernos de distinto signo, UCD, PSOE y PP, han intervenido aportando recursos públicos para dar cobertura a prejubilaciones, sobre todo en el caso de cierre de empresas que conllevan el despido de un importante número de trabajadores.

La gestión de este modelo de instrumentación de las ayudas sociolaborales se implantó a principios de los ochenta, concretamente en 1981, mediante una Orden del Ministerio de Trabajo para las jubilaciones anticipadas de empresas no sometidas a reconversión. Siguió con la creación de los Fondos de Promoción de Empleo como institución socio-económico-administrativa.

Y para las situaciones similares en empresas no incluidas en los Planes de Reconversión pero afectadas por los cambios estructurales que se estaban produciendo y la falta de adaptación profesional de los trabajadores se promulgaron Órdenes del Ministerio de Trabajo en 1981, como ya he dicho; en 1983, en 1986, en 1994 y en 1995.

En todos los casos, las condiciones que habían de cumplir los trabajadores para acogerse a la ayuda se derivaban de los acuerdos entre empresa y trabajadores realizados en el periodo de consultas de expedientes de crisis y que permitieron obtener soluciones satisfactorias desde el punto de vista de la protección de trabajadores afectados por regulaciones o reestructuraciones de empleo. Soluciones pactadas con aportaciones económicas de empresas, de trabajadores y de la Administración para prejubilaciones y resto de compromisos que se encuentren recogidos en el Plan de Acompañamiento Social o en las actas de cierre del conflicto. Se resolvió, por tanto, con una fórmula diferente a la contemplada en la Ley de Subvenciones de 2003. Incluso, tras su entrada en vigor, continuaron aplicándose las Órdenes del Ministerio de Trabajo.

Voy concluyendo: los fondos destinados a las ayudas sociolaborales y empresas en crisis son disposiciones de fondos sujetas en todo caso al principio de legalidad. Cuestión distinta y, desde luego no le quito ni un ápice de gravedad, es que se haya hecho por responsables públicos un uso indebido de las ayudas.

El Gobierno andaluz es muy consciente de la gravedad de lo sucedido pero puedo decir, en nombre de los distintos gobiernos que no consiguieron detectar a tiempo prácticas indeseables como las que hoy conocemos, que, a la vez que pido disculpas, me he venido comprometiendo en investigar y llegar hasta el final en la exigencia de responsabilidades. Llegarán estas donde hayan de llegar y lo harán desde lo que nos dicte la razón y no el interés partidario.

Por eso quiero dejar claro y decir que, mientras el Gobierno de la Junta de Andalucía ha avanzado, denunciado y colaborado con la Justicia para llegar al fondo y para que lo más rápidamente posible se castigue a los culpables y se recupere el dinero defraudado, existen numerosas evidencias de que el PP sólo tiene un interés espurio que busca sacar un beneficio partidista del caso, sin que realmente esté colaborando en investigar el fondo del mismo.

Todos los escritos presentados en el juzgado, por cierto siempre previa presentación ante los medios de comunicación, buscan más implicar a los diversos responsables políticos, obsesivamente a mí, que descubrir a los verdaderos autores del fraude. Sólo así se entienden las peticiones que nada tienen que ver con el objeto central de la investigación penal, que no es otro que la "utilización fraudulenta del dinero público", llevando incluso a confundir a los responsables judiciales.

Señorías, la existencia de casos de corrupción no distingue entre gobiernos. Lo que distingue a los gobernantes es su forma de actuar ante la corrupción. He comparecido hoy como lo hice en septiembre, comprometido con la verdad y bajo juramento, de la misma forma que me sentí obligado, y no solo porque la ley lo exige sino por convicción moral, a abrir un proceso de investigación interna en la Junta de Andalucía.

He comparecido porque creo en la verdad y porque puedo decirles sin bajar la mirada que el Gobierno de Andalucía es un gobierno honrado, que hemos actuado con contundencia en el orden político, administrativo y judicial y que no vamos a descansar hasta recuperar lo defraudado.

Pero también les tengo que decir, con la misma rotundidad, que el fraude que se ha podido perpetrar es de una enorme gravedad; que no admite paliativos pero que, en todo caso, lo que podemos hacer, a partir de él es reconocer errores, tratar de reparar el daño y mejorar, como hemos hecho día a día, los procedimientos.

Que por la oposición se trate de obtener réditos políticos no es censurable. Lo es, sin embargo, que se haga faltando a la verdad, mintiendo, con medias verdades o tratando de implicar a las más altas instancias del Gobierno sin fundamento alguno.

No conozco a la inmensa mayoría de los imputados en este caso, pero incluso en los casos en que me son conocidos o con los que he podido mantener una cordial relación política o de partido no he hecho distinción alguna. En todos los casos hemos actuado con firmeza, objetividad y sin atender a otro criterio que no fuera el del conocimiento de la verdad y la exigencia de responsabilidades.

Termino: desde la indignación por el daño provocado por este fraude, pero desde la firmeza que da tener la convicción de haber actuado contundentemente en el mismo momento en que se conocieron los hechos, les quiero decir que, por mucha tinta que viertan o por muchas falsedades y mentiras que traten de arrojar sobre mi persona, sobre mi gobierno o sobre mi partido, no van a conseguir manchar o detener unas trayectorias limpias y decentes de muchos años.