Si digo que vivimos un momento gravísimo no quiero que vean en esta afirmación una llamada a la desesperanza o una invocación al pesimismo.

Aún estamos a tiempo de evitar males mayores y de cambiar el rumbo; de reflexionar sin dogmatismos y de buscar entre todos un objetivo de país que sea el fruto de un gran consenso político, económico y social.

Hoy como hace 35 años es el tiempo de los liderazgos compartidos, del compromiso social, de fortalecer las instituciones, de volver a poner la economía al servicio de la democracia; es decir, de la política.

Lo peor que podríamos hacer en estos momentos sería dar saltos en el vacío, hacer tabla rasa e impugnar todo al mismo tiempo. Pero casi tan malo como esto sería obstinarnos en el error, mantener el rumbo actual y dejar que el tiempo se encargue de resolver los problemas, porque lo que empieza a faltar es, precisamente, tiempo.

La inmensa mayoría de los españoles de hoy no participaron en los grandes acuerdos políticos de la transición. Por eso, es tan importante extender el conocimiento social de la historia más reciente.

El pasado 14 de abril vimos cómo, a propósito de la alternativa monarquía república, se generalizó, entre nosotros, un debate, bastante confuso, sobre la transición. En esta discusión se alzó con voz propia y certera Javier Cercas, que, en un artículo publicado en El País, puso bastante racionalidad al asunto. "No me canso de repetir, escribía Cercas, una observación de Miguel Ángel Aguilar: Es raro que nuestra generación se sienta más orgullosa de sus abuelos, que dirimieron sus diferencias con una guerra, que de sus padres, que dirimieron sus diferencias sin ella. Raro, no, añade Cercas: rarísimo. Porque es mil veces preferible el peor apaño que 600.000 muertos; sobre todo si el apaño crea una democracia".

Solo querría añadir a lo dicho por Cercas un argumento más, sobre el que luego me extenderé: Se construyó una democracia en medio de una crisis durísima y con una economía ineficiente y arcaica. Y también se aplicó para salir de la crisis la misma fórmula empleada para construir una democracia: acuerdos políticos e impulso público. Lejos de dejar que el mercado resolviera los problemas, se tomaron decisiones políticas, se modernizó el país y se repartieron con equidad los costes de la crisis. Volveremos a esto.

El conocimiento de la historia nos es imprescindible en estos momentos de confusión.

Por eso, permítanme que me vaya a la crisis de 1929. Aquella crisis se trató de corregir por el entonces presidente Edgar Hoover solo con el mercado. Fue un desastre. Su sucesor, Roosevelt, puso el estado a trabajar y consiguió resultados importantes no solo para dar salida a los problemas del mercado sino sobre todo para solucionar los problemas de la gente. Sin embargo, aquí en Europa, las democracias burguesas, a la defensiva frente a la revolución soviética, dejaron que el mercado tomara sus decisiones y lo que ocurrió ya lo conocen ustedes. Populismos, fascismos y fin de los sistemas de libertades.

Hoy, cinco años después de su inicio, la crisis actual, que también está siendo afrontada en Europa con los dictados del mercado y la pasividad de los gobiernos, ha comenzado a producir resultados políticos preocupantes: Berlusconi o Grillo en Italia; Amanecer Dorado en Grecia; Victor Orban en Hungría; los Verdaderos Finlandeses; la crisis constitucional en Portugal; el corralito chipriota; el cansancio de los ciudadanos o la impugnación permanente de la democracia representativa. Y si queremos ser más exactos tendremos que decir que no es la crisis la que ha provocado todo esto, sino la forma en que se está afrontando la salida de la crisis.

Estamos, pues, en presencia de lo que Rodrik califica como el trilema político fundamental de la economía mundial: no se puede perseguir simultáneamente democracia, autodeterminación nacional y globalización económica.

Finalmente en Europa hemos resuelto el trilema subordinando la política democrática a los mercados, y el resultado, ya lo están viendo: más paro, menos expectativas, debilitamiento de las instituciones representativas, ascenso del populismo y crecimiento de las desigualdades.

Lo que define a una crisis no es tanto el paro, la carestía, el aumento de la pobreza como el cambio que provoca: es la mutación, la ruptura de un ciclo o de un proceso histórico lo que define la crisis.

Todas las crisis del capitalismo han supuesto una transformación y un cambio. Todas nos han llevado a una nueva etapa; a una nueva forma de funcionamiento del capitalismo.

Este carácter cíclico del capitalismo es el que mejor define sus contradicciones: un sistema que durante más de 100 años fue capaz de hacer progresar la ciencia, la técnica, la innovación como nunca antes había sucedido, pero que, al mismo tiempo, fue responsable, en mayor o menor medida, de lacerantes desigualdades, miseria, exclusión social, marginación de las clases trabajadoras, colonización de continentes enteros, innumerables levantamientos populares, revoluciones, guerras civiles y, finalmente, dos guerras mundiales.

Todo esto hubo de ocurrir para que las sociedades más avanzadas aceptaran que el capitalismo sin regulación, que el mercado sin control y que la masiva exclusión de la mayoría de la sociedad nos llevó al desastre. Paradójicamente, la intervención del Gobierno en la economía se produjo, por primera vez, en USA con el New Deal de Roosevelt y fue la que permitió dar estabilidad a la sociedad y hacer respetable el modo de producción capitalista. Este fue precisamente el valor fundamental con el que se construyó, más tarde, la Europa de la posguerra.

Lord Beveridge en el Reino Unido: Clement Atlee, Aneurin Bevan... Los seguros sociales y el NHS... Los países escandinavos de la mano de la socialdemocracia...

Pero tal vez donde mejor se pudo ver el pacto centro derecha/centro izquierda fue en Alemania: Bad Godesberg (59), el SPD y la CDU: "El sistema económico capitalista no ha hecho justicia a los intereses vitales del pueblo alemán. La nueva estructura de la economía alemana debe partir de la conciencia de que el periodo de dominio sin límites del capitalismo privado se ha acabado"

Lo mismo ocurrió en Holanda, Bélgica, etc.

De ahí ese pacto tácito que dio lugar al llamado Modelo Social Europeo: libertad sindical, negociación colectiva, derecho del trabajo, seguridad social, sanidad y educación públicas, protección del desempleo etc.

Este consenso tácito funcionó y acertó a reducir drásticamente las desigualdades sociales, a crear una senda de crecimiento económico y de creación de empleo y a fortalecer el lazo social al conseguir hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales.

Piezas fundamentales de ese pacto fueron el sistema fiscal y el modelo monetario.

- Sistema fiscal con una imposición directa en renta y sociedades fuertemente progresiva. IRPF con tipos máximos superiores al 90% (incluso en EEUU con Eisenhower los tipos máximos de renta y sucesiones llegaron a ser del 91 y del 79% respectivamente).

- Y un sistema monetario basado en el consenso de Bretton Woods, de libre convertibilidad de las monedas pero con capacidad de los respectivos bancos centrales para disponer de políticas monetarias propias (FR: empleo; GER: inflación) y, consecuentemente, con capacidad de los distintos gobiernos para limitar la libre circulación de capitales y excluir la especulación de los mercados de la deuda.

El sistema funcionó mejor que bien si lo medimos desde el criterio del empleo y de la distribución de la riqueza.

El equilibrio entre Estado y mercado, entre libre empresa y distribución social de la riqueza, fue el responsable del que sin duda fue el mejor momento de la historia europea.

Fue a comienzos de los 80 cuando se produjo la primera gran ofensiva contra la intervención pública en la economía de la mano de la escuela de Chicago y los que se dieron en llamar 'reaganomics'. El propio Ronald Reagan en sus memorias resumió cabalmente el tenor de esta ofensiva contra el Estado: "La gente estaba cansada del derroche que suponían los programas de ayuda social y de quienes se aprovechaban de ellos; enojada ante la constante espiral de impuestos y reglamentaciones, de burócratas arrogantes y de funcionarios que pensaban que todos los problemas de la humanidad podían resolverse tirando a espuertas el dinero de los contribuyentes".

De forma similar Margaret Thatcher lideró esa ofensiva contra el Estado en Europa. Es verdad que sin resultados mientras se mantuvo en el 10 de Downing Street. De hecho en aquellos años 80 la democracia cristiana aún permaneció fiel al pacto de posguerra y la Europa de aquellos años, la gran galopada, se sostuvo en las figuras de Miterrand, Khol y Delors, con un Felipe González que fue capaz de situar la política de cohesión y la Europa de los ciudadanos en el eje central de la construcción europea.

Fue la caída del muro de Berlín y la desaparición de los sistemas comunistas, coincidente con la segunda crisis del petróleo y la primera guerra de Iraq, la que cambió hasta su práctica liquidación los escenarios de posguerra.

La filosofía contra la regulación de los mercados, contra la fiscalidad y contra el control monetario de los gobiernos se hizo dominante en el discurso de la derecha, el más mercado y menos gobierno de Major y Lubbers, y también contagió profundamente el ideario económico de la socialdemocracia europea (Schröeder y Blair), que se apresuró a enterrar a Keynes y a comulgar con las políticas monetaristas.

El modelo social europeo empezó a desfallecer, la cohesión europea se debilitó y la igualdad dejó de ser un objetivo económico. Desde entonces las desigualdades no han dejado de crecer en el viejo continente y, lo que es peor, no solamente lo han hecho en épocas de crisis sino también en las fases de crecimiento.

El caso español no ha presentado excesivas variantes del proceso histórico que acabo de describir, solo que se produjo con retraso y, por tanto, de forma más acelerada.

El pacto por el modelo social tuvo dos fechas fundacionales de ese consenso:

- 1977. Pactos de la Moncloa.

- 1978. Constitución española.

En 1979 el 28º Congreso ratificó el abandono del marxismo por el PSOE.

El pacto que establece el modelo de convivencia es sencillo de formular porque está perfectamente recogido en el Título I de la Constitución: aceptación de la economía de mercado por todas las fuerzas políticas en un Estado social y democrático de derecho, comprometido con hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales, mediante las políticas redistributivas incluidas en el Capítulo III.

Tuvo su plena aplicación hasta la segunda mitad de los 90.

En el Primer Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas, de 2013, se pone de manifiesto que es precisamente en los años 80 del pasado siglo cuando más se redujeron las desigualdades en España, cuando más se fortaleció el lazo social, cuando mayor fue la confianza de los ciudadanos en la política y cuando mayor fue la adhesión al proyecto europeo.

Conviene recordar, como antes hice, que en el momento de la construcción del gran pacto constitucional, España vivía una crisis no solo política e institucional, sino, sobre todo, una crisis económica con fuerte inflación y una pérdida de empleo constante y continuada.

Recuerdo esto, y conviene recordarlo muchas veces, porque aquella salida de la crisis vino de la mano de un compromiso colectivo; es decir, de la política.

Por un lado, los sindicatos, que se vieron reconocidos con la aprobación del estatuto de los trabajadores y de la LOLS, tomaron, en el uso de su naciente autonomía, una decisión valiente y arriesgada para precipitar la salida de la crisis, como fue la de sustituir en la negociación colectiva la referencia de la pérdida de poder adquisitivo por el de la inflación prevista.

Y, por otro lado, el Gobierno tomó decisiones para que la salida de la crisis se produjera mediante una modernización de la economía, una política de demanda agregada y un reparto equitativo de los sacrificios. Recuerdo que, en aquel entonces, casi una cuarta parte de la población ocupada figuraba como empleo agrario y que nuestra industria era vieja, obsoleta e ineficiente. Como a veces ha comentado con gracia Felipe González, mientras los particulares hacían las carreteras, el estado fabricaba los coches. En estas circunstancias salir de la crisis era también una oportunidad para la modernización y un compromiso de lucha contra la desigualdad. Y eso es lo que se hizo de forma loable y eficaz: baste recordar que el 40% de los empleos destruidos en aquella crisis lo fueron en el sector agrario, que se reconvirtió la industria y se crearon las condiciones para el desarrollo de un sector de los servicios más efectivo y más abierto a la competencia. Pero que, además, salimos de la crisis con la construcción del primer edificio del sistema de protección social, con un sistema fiscal basado en la progresividad y con dialogo político, social y económico.

Recordar aquellos años, la última gran crisis antes de la actual, sufrida por la economía española, no es un ejercicio de nostalgia sino una invocación que quiero hacer para poner de manifiesto que solo desde la política y desde los compromisos colectivos se puede afrontar con éxito y con estabilidad social y política la salida de la crisis. Dejar que sea el propio mercado el que se haga cargo de ello es condenarnos a la ruptura del modelo de convivencia y a un retroceso histórico. Más aun en un momento como el actual en el que todos los elementos que anudaron el lazo social se están resquebrajando.

De ahí la gravedad del momento histórico que vivimos del que hablaba al comienzo de esta charla.

Desde 1995 en que salimos de la breve crisis que se produjo como consecuencia de la segunda guerra del petróleo, la economía española vino avanzando hasta 2007 a una tasa elevada de crecimiento y de creación de empleo. Pero, como dije antes, lo relevante de esta fase del crecimiento, su hecho diferencial, es que también en ella se ha producido un aumento de las desigualdades, una reducción de la participación de las rentas de los asalariados en el PIB, un aumento desorbitado de las remuneraciones de los altos directivos, una pérdida de la progresividad de nuestro sistema fiscal y una continuada serie de recortes sociales solo interrumpida por la aprobación de la Ley de dependencia. Y lo que, ahora llegada la crisis, está provocando un impacto aún mayor sobre la desigualdad es que en esta fase de crecimiento se produjo un aumento brutal del endeudamiento de las familias españolas. En 1995 la deuda de las familias equivalía al 31,5% del PIB. En 2009 el endeudamiento era ya del 86,5% del PIB. Había crecido en casi 770.000 millones de euros.

El patrimonio de los españoles creció en ese periodo de tiempo ocho veces más que sus rentas.

Así, la llegada de la crisis, que ha sido brutal en sus efectos sobre el empleo, ha incidido, en esta ocasión, de forma particularmente grave en las familias debido a su elevado nivel de deuda.

Estamos, pues, en un escenario en el que no podemos dejar que sean los mercados los que decidan cómo y cuándo salir de la crisis; no podemos aceptar que solo haya un camino para salir de ella; y, menos aún podemos permanecer indiferentes ante las nuevas formas de exclusión social que está provocando.

Hay que tomar decisiones.

Por volver a utilizar palabras de Dani Rodrik, hemos de reiterar que "los mercados y los gobiernos se complementan, no se sustituyen. Si quieres mejores mercados necesitas tener más y mejor gobierno porque los mercados funcionan mejor no donde los Estados son débiles sino donde son fuertes".

Esta crisis ha provocado ya, en apenas cinco años, la destrucción de más de 3.500.000 empleos. Cinco años de crisis y nada ha ido a mejor.

Deberemos responder a una pregunta: ¿hasta qué número de parados hemos de llegar para darnos cuenta de que el diagnóstico y el tratamiento de la crisis están equivocados? Hemos pasado en poco tiempo de una crisis en Europa a una crisis de Europa, del euro como solución al euro como problema, de la confianza en el futuro al miedo, y de la fe en las instituciones a la impugnación de todas ellas.

En la actualidad hay 2.500.000 de cabezas de familia en situación de desempleo. Más de tres millones de parados lo son de larga duración. Y los sistemas clásicos de protección social no están siendo capaces de solucionar las nuevas formas de exclusión social.

El sistema contributivo no resuelve las nuevas situaciones de necesidad y la red informal de protección que ha sido siempre la familia tampoco en esta ocasión está teniendo su efecto amortiguador de otras épocas, dado que el paro de esta crisis ha sido fundamentalmente masculino.

El 80% de los empleos destruidos eran ocupados por varones, cuya ocupación se ha reducido en  un 23%, mientras que el empleo femenino se ha reducido en menos del 9%.

Tal vez lo más novedoso de esta crisis es que está afectando a las clases medias urbanas, no solo por la pérdida de empleo sino porque la reducción de las rentas familiares está dificultando que puedan afrontar sus deudas (ejemplo de pareja con 40.000 euros).

Pero lo dramático de la situación es que la propia medicina que se está empleando para solucionar la crisis está agravando más los problemas de la población y aumentando la desigualdad y la exclusión social:

-la reforma laboral,

-la reducción de la protección social,

-el aumento del precio de productos básicos por la subida del IVA y de las tasas,

-la contrarreforma educativa,

-la privatización de la sanidad.

Una comunidad autónoma apenas tiene competencias para cambiar el rumbo de los acontecimientos en la medida en que ello depende más de decisiones europeas y del Gobierno central. Pero permítanme que, aun con la estrechez financiera que provoca el leonino reparto del déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas, les comente algunas de las decisiones que estamos tomando en Andalucía y las que pretendemos tomar próximamente.

En primer lugar, hemos pretendido que las políticas redistributivas no pierdan vigor a pesar de los recortes en educación y sanidad impuestos por Real Decreto Ley de Mariano Rajoy.

En educación, a pesar del fuerte aumento de niños en edad escolar, no hemos aumentado la ratio de alumnos por aula; hemos mantenido las becas propias de la Junta de Andalucía (Beca 6000, segunda oportunidad, Talentia, etc.), hemos mantenido la gratuidad de los libros de texto, estamos ampliando la red de comedores escolares, de aulas matinales y de apoyos compensatorios, y hemos aplicado el mínimo en la subida de las tasas universitarias.

En sanidad hemos buscado el ahorro sin recortar derechos: subasta de medicamentos, extensión de la atención primaria, cirugía mayor ambulatoria, etc.

Y en dependencia, hemos procurado mantener servicios de forma que la fórmula de financiación clásica (50% Estado-50% comunidad autónoma) en Andalucía ha pasado a ser 30-70.

Pero, como decía antes, los sistemas tradicionales de protección social se están viendo incapaces de afrontar las nuevas formas de exclusión social.

Hemos puesto en marcha determinadas acciones de carácter extraordinario que deberían ser el germen de una Estrategia Nacional contra la Exclusión Social, que me gustaría llevar a una Conferencia de Presidentes autonómicos.

Somos un país rico. Nuestra renta per cápita supera los 30.000 dólares: el doble de Uruguay, Chile, Rusia; tres veces más que México y Venezuela; cuatro veces más que Colombia; cinco veces más que China o Perú; y casi 20 veces más que la India. Generamos por tanto recursos suficientes para afrontar los problemas y hacerlo de forma más solidaria, más decidida y más eficaz. Y para ello hay que añadir políticas y voluntades para dar cuerpo a una Estrategia Nacional contra la Exclusión Social.

Hace meses pusimos en marcha un Plan de Choque, con 400 millones de euros, casi inmediatamente después de la toma del nuevo Gobierno, que pretende, por un lado, ampliar y mejorar la red de servicios sociales fundamentales, básicamente centros escolares y atención de personas dependientes. Es dinero que gestionan y gestionarán los ayuntamientos con contrataciones de personas en situación de necesidad.

Próximamente aprobaremos una norma que persigue precisamente extender la red de cuidadores de personas en situación de dependencia, poner en marcha un plan de solidaridad alimentaria y actualizar la renta básica para personas sin ningún tipo de ingresos.

Por otra parte, estamos actuando para tratar de paliar esa nueva forma de exclusión social que se produce, como dije antes, por el sobreendeudameinto de las familias y por los riesgos hipotecarios:

En octubre pasado comenzamos un Programa andaluz en Defensa de la Vivienda: creamos, en primer lugar, un servicio público y gratuito a través de una red presencial en las ocho capitales de provincia, y en colaboración con numerosos ayuntamientos, para prestar asesoramiento a cuantas personas tienen serias dificultades para hacer frente al pago de su vivienda.

En segundo lugar, se recordó a todas las entidades financieras la obligación que tienen, si resultan adjudicatarias en un proceso hipotecario de viviendas oficiales, de ponerlas en ocupación en un plazo no superior a tres meses.

En tercer lugar, aprobamos el decreto ley que tanto ha dado que hablar, y que permite la expropiación de uso a las entidades financieras, durante un plazo máximo de tres años, cuando la pérdida de la vivienda para el deudor hipotecario le sitúe en grave riesgo de exclusión social. Durante esos tres años se podrá mantener el disfrute de la vivienda mediante un contrato de arrendamiento bonificado. También se impulsa el contrato de alquiler, mediante bonificaciones a los arrendadores particulares y obligatoriedad de hacerlo a las entidades financieras e inmobiliarias que los mantengan desocupados durante bastante tiempo.

En cuarto lugar, daremos luz verde esta primavera al Plan de Vivienda y Rehabilitación 2013/2016.

Y, por último, estamos trabajando en una iniciativa legislativa de protección del deudor vulnerable, que introduzca modificaciones en la legislación de derecho privado, fundamentalmente, derecho civil, derecho mercantil y derecho laboral.

Se trata de construir un derecho privado que sea realmente coherente con el artículo 1 de la Constitución Española que dice que España es un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Es difícil que estos principios se apliquen cabalmente en un sistema capitalista donde los intercambios son, por la naturaleza misma del modo de producción, desiguales. Pero es imprescindible avanzar en la dirección que marca la Constitución.

Se trataría de defender de formas intensa:

- A los consumidores de productos financieros. La ley de 2011 traspuso la directiva de 2008 y el retraso de esta trasposición ha provocado daños que podrían haberse evitado. Estamos estudiando si cabe la extensión retroactiva de la ley a la fecha de aprobación de la directiva.

- A los ciudadanos sometidos a un proceso de embargo, mediante la elevación del mínimo inembargable que permita garantizar una renta vital digna.

- A los autónomos y pymes permitiendo que, en una situación de imposibilidad para hacer frente a sus deudas, una vez ejecutado y liquidado el patrimonio embargable, las deudas queden extinguidas y la actividad profesional o empresarial pueda continuar desde cero. Existe desde hace décadas en EEUU y ha sido una de las causas de resurgimiento de la actividad profesional y empresarial en este país.

- Y, por último, a los asalariados reforzando los privilegios salariales y de la indemnización por despido en la ejecución singular o concursal, pues la condición de asalariado concurre en muchísimos casos con el deudor vulnerable.

Ni que decir que la aplicación de todas estas medidas exige la buena fe del deudor vulnerable y la ausencia de fraude de acreedores.

Voy terminando.

No somos una isla. Los problemas de hoy son la consecuencia de errores del pasado y de una política de hoy también equivocada.

Dije al principio que la subordinación de la política a las necesidades y conveniencias de los mercados ha provocado un aumento brutal de las desigualdades.

Creer que la igualdad no es una cuestión económica o que debe quedar al margen de las decisiones económicas, es una llamada a la inestabilidad, al desistimiento social y al conflicto.

Salir de esta crisis va a necesitar una reformulación del euro, del BCE, de la política europea y del fortalecimiento de los controles democráticos de cuantas decisiones colectivas afecten a nuestras vidas.

Pero, sobre todo, va a necesitar un compromiso social que ponga la economía y el mercado de acuerdo con la voluntad de la mayoría.

Y, aquí en España, debemos empezar por abordar no tanto las reformas que exigen los mercados como las que exigen los ciudadanos.

El consenso constitucional fue un consenso sobre un modelo de convivencia. En lo fundamental no ha cambiado: un Estado social y democrático de derecho que garantiza la libre empresa en una economía de mercado y que compromete a los poderes públicos con la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Podemos afrontar la consecución de estos objetivos por otros caminos. Lo que no debemos hacer es romperlos y dejar que sean los mercados o instancias supranacionales, no sometidas al control democrático, las que dicten nuevos objetivos.

El Pacto de Toledo nos invitó a una reflexión sobre cómo consolidar en el futuro las conquistas del pasado. En este caso fueron las pensiones y mañana deberemos hacerlo sobre la sanidad o los servicios sociales. Pero no para entregarlos al mercado sino para hacerlos viables e incluso para defenderlos de una expropiación por el sector privado.

Hay también un debate sobre la educación, sobre la investigación, sobre la sostenibilidad económica y sobre la competitividad. También sobre fiscalidad y estabilidad presupuestaria.

Y hay, por último, un debate sobre el modelo territorial. Un modelo que está apuntado en el artículo 2 de la Constitución, pero que hemos de culminar con su consolidación y cierre.

Y para ello deberemos delimitar bien las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas. Deberemos definir de forma estable el modelo de financiación. Y deberemos de garantizar la lealtad institucional mediante la reforma del Senado para que sea en verdad lo que dice el número 1 del artículo 69 de la Constitución, una cámara de representación territorial.

Hay, como digo, un amplio espacio para el diálogo político y una necesidad urgente de abordarlo más allá de las conveniencias de partido.

No es verdad que la política de hoy sea la única posible.

Lo que sí es verdad es que la política de hoy es precisamente la ausencia de posición o de decisiones políticas.

De seguir así, de continuar dejando que la economía sea un 'diktat' de los mercados, seguirán aumentando las desigualdades, rompiéndose la cohesión social, y volveremos a un pasado que afortunadamente supimos dejar atrás desde la política y el compromiso social.