La presentación de la Memoria del Consejo Consultivo nos permite subrayar la relación de cooperación entre las distintas administraciones, las instituciones y este órgano superior de consulta y asesoramiento, una fructífera relación que es una valiosa garantía para la democracia.

Quisiera expresar mi reconocimiento a los consejeros por su colaboración esencial en la mejora del ámbito legislativo y el desempeño de las funciones de las distintas administraciones.

La función consultiva encierra un gran significado, como pieza esencial en un Estado social y democrático de Derecho, por su contribución al desarrollo de los valores constitucionales y estatutarios. Sus dictámenes aportan garantía de legalidad y evidencian ante los ciudadanos la seguridad jurídica que les ampara.

Y, como no puede ser de otra forma, la actividad del Consejo Consultivo es un reflejo de la actividad de las administraciones a las que asesora. Así:

Una mayor actividad de las administraciones, que determina un incremento paralelo de la solicitud y la emisión de dictámenes. En 2012 se solicitaron 1.300 dictámenes, más de un 30% superior al año en que más se habían solicitado. Se emitieron 1.076 dictámenes, casi un 25% más que el año de mayor actividad.

En cuanto al contenido de los dictámenes, se refleja, desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma, las características de su actividad:

Apuesta por la transparencia en la gestión de los fondos públicos;

Defensa del Estado Social y Democrático de derecho consolidado en los últimos 30 años;

Continuación y refuerzo de las actuaciones favorecedoras de la modernización de nuestra economía.

La colaboración del Consultivo andaluz es vital para garantizar el principio de seguridad jurídica de los ciudadanos y de transparencia a los actos administrativos.

En este sentido, quisiera destacar las revisiones de oficio que el Consultivo ha realizado sobre 108 expedientes de subvenciones remitidos por la Consejería de Economía, Innovación; Ciencia y Empleo. Una tarea ímproba que ha permitido clarificar los procesos de concesión. Hay que subrayar, además, que el dictamen ha sido favorable a la Administración en casi un 90% de ellos. Este hecho, ofrece garantías para el ciudadano de calidad democrática.

Este proceso de transparencia tiene en estos días un nuevo impulso desde el Gobierno andaluz. El pasado martes iniciamos la tramitación de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, en la que articulan un conjunto de medidas que afectarán a todas las administraciones y entidades financiadas con fondos públicos.

Esta ley tiene como objetivo fundamental facilitar al máximo el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos.

Quiero destacar en este sentido la afirmación de la Memoria del consultivo, que afirma que “Varios anteproyectos de leyes y proyectos de decreto han merecido una alta consideración de este Consejo, por su esmerada tramitación y por su cuidada documentación, constatando que se habían cumplido con todo rigor los trámites procedimentales legalmente establecidos".

Por lo que respecta a la acción del consultivo andaluz en el proceso de afianzamiento del Estado social, su actividad es testigo de la extensión de la esfera de actuación y de responsabilidad del poder público a nuevas áreas y la continua ampliación del catálogo de prestaciones sociales a cargo de la Administración.

En un año tan crítico como 2012, la actividad del Consultivo ha dictaminado sobre cuestiones esenciales que afectan a núcleos sustantivos de las competencias previstas en nuestro Estatuto y, por tanto, rompen los equilibrios de poder construidos con tanto esfuerzo durante los últimos treinta años y que afectan a los derechos sociales conquistados en ese periodo de tiempo.

Me refiero a la actuación desde Andalucía en defensa de una parte muy sensible de los derechos fundamentales definidos en la Constitución, frente a las reformas de calado en el ámbito de la educación, la sanidad o la justicia que entran en conflicto con vulneran el principio de igualdad e impiden el pleno ejercicio de las libertades, y contra las cuales se han presentado recursos ante el Constitucional.

Estamos en un momento en el que el complejo escenario de crisis internacional que ha hecho crecer las desigualdades y ha generado nuevas formas de exclusión social y nos exige nuevas respuestas. Por eso, desde Andalucía estamos aplicando políticas económicas diferenciadas, políticas que ponen en el centro la dignidad de la persona.

Es el caso del Decreto Ley de función social de la vivienda, para atender a una situación de emergencia como es la de muchas familias que están en riesgo de perder su vivienda, mientras que hay miles vacías.

Asimismo, hemos aprobado el Decreto Ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social cuyo objetivo es fomentar la contratación entre los colectivos más castigados por la crisis; atender a las necesidades básicas de alimentación de los menores y los mayores en riesgo de exclusión y afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio para evitar la pérdida de empleo en este ámbito.

Por lo que respecta a la modernización de nuestra economía, cada vez son más las evidencias empíricas de que la austeridad no sirve para generar crecimiento y empleo. Muy al contrario, está estrangulando, casi por completo, el desarrollo de muchas economías y está poniendo en riesgo nuestra convivencia.

Desde el Gobierno andaluz hemos recurrido aquellas actuaciones del Gobierno de España que, con el argumento de garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, recortan los derechos de los empleados públicos, asfixian a las pymes comerciales y perjudican el desarrollo de un sector, como el de las energías renovables, que ha tenido un desarrollo significativo en Andalucía como parte esencial de un modelo más sostenible.

La Memoria del Consejo Consultivo refleja las actuaciones del gobierno andaluz que atienden al desarrollo de nuestros factores de producción y al impulso de los sectores productivos de la economía.

Con ellas, queremos reforzar el tejido empresarial con más innovación y más cooperación. Algunos de los dictámenes del Consultivo andaluz reflejan los esfuerzos realizados para la modernización de sectores tradicionales como el agroalimentario, el pesquero o el comercio. También del impulso a nuevos sectores emergentes que presentan ventajas competitivas en nuestra comunidad como las energías renovables o el medio ambiente.

Nuestro tejido productivo necesita de la innovación para modernizarse, crecer y crear empleo. Somos conscientes de que para que haya innovación es necesario que exista capacidad para producirla, algo que se encuentra ligado al nivel de capital humano, tecnológico y también al esfuerzo en I+D.

El conocimiento, el emprendimiento y la capacidad de nuestro capital humano son elementos claves de la necesaria transformación de nuestro sistema económico. No sólo para afrontar sus desafíos e incertidumbres, sino para adaptar nuestras empresas a un mundo cada vez más globalizado.

Por ello, la educación es nuestra mayor prioridad: desde la base hasta la Universidad. Invertir en educación mejora la productividad y aumenta el bienestar social.

Nuestras políticas persiguen el fin último de facilitar la creación de empleo. Para ello hemos puesto en marcha programas como el Plan de Choque contra el Desempleo, con medidas para dinamizar la creación de empleo entre los colectivos más afectados por la crisis. A él hay que sumar el Decreto Ley para el desarrollo de medidas urgentes contra el paro juvenil y el emprendimiento que aprobamos la pasada semana.

Tenemos que afrontar las consecuencias de la crisis con energía y con decisión. Saber atender a todos aquellos a los que la crisis está excluyendo de nuestro modelo de convivencia y ofrecerles la posibilidad de encontrar pronto su oportunidad. Debemos ser capaces de repartir equitativamente los costes de esta crisis para recuperar una forma de convivencia más activa.

Es posible salir de la crisis si la política económica se rige por el diálogo, el entendimiento y la voluntad colectiva. Debemos sumar esfuerzos y recursos y construir entre todas las Administraciones Públicas una red de seguridad en una política de lucha contra la exclusión social y la falta de expectativas.

En esta tarea colectiva, contamos con la aportación fundamental del Consejo Consultivo andaluz para que, desde la lealtad institucional, siga velando por la mejora de la acción de gobierno en las distintas instituciones y administraciones. Ahí radica su autoridad y su capital fundamental: su capacidad para mejorar la transparencia y la eficiencia de las políticas públicas.