Señora presidenta de la Junta de Andalucía, señoras Diputadas y señores Diputados, Autoridades e invitados:

Celebramos hoy el 34º aniversario del 28-F, el día en que el pueblo andaluz manifestó en referéndum su voluntad de autonomía plena en el marco de la Constitución española. Andalucía ha sido la única Comunidad Autónoma que ha tenido esa doble fuente de legitimidad la Constitución y el refrendo popular; ello, como dice el Preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía "le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del Estado".

De ese hecho derivó una especial responsabilidad; al conquistar su derecho a la autonomía política, Andalucía abrió la puerta para que las restantes CCAA la alcanzaran en un breve plazo de tiempo, proporcionando un impulso generalizador e integrador al artículo 2 de nuestra Constitución. Dicho con otras palabras: frente a quienes pretendían reservar la plena autonomía para algunos pocos territorios, Andalucía la conquistó para sí y para todos quienes voluntariamente la quisieran.

Aquel proceso fue largo y difícil, un milagro posible, como diría Plácido Fernández Viagas el día 4 de diciembre de 1978, al firmar el Pacto de Antequera: "Un milagro de racionalidad y autenticidad al mismo tiempo. Una operación, en efecto histórica, que podremos reducir a cenizas, podremos ser escarnecidos por el pueblo de Andalucía, si en efecto situamos la controversia donde debe estar la unidad o pretendemos disfrazar de unidad, lo que debe estar cargado de pluralismo". Toda una lección para nuestro tiempo.

Autonomía y solidaridad, ése es el binomio de valores que ha marcado  desde el comienzo  nuestra andadura autonómica y cada uno de los hitos que hemos ido recorriendo en estos 34 años. Es ese un binomio que forma parte de nuestra identidad en la España de 2014, y al que nunca debemos ni podemos renunciar.

Señoras Diputadas, señores Diputados. Somos depositarios de toda esa inmensa legitimidad, de todo ese enorme caudal de confianza que ya antes, desde el 4 de diciembre de 1977, el pueblo andaluz manifestó democráticamente más allá de siglas y de ideologías. Este Parlamento y el Gobierno que ante él responde existen porque los andaluces y andaluzas así lo quisieron; no lo olvidemos nunca, y recordémoslo a quienes no tienen edad para haberlo vivido.

En aquel difícil proceso autonómico tuvieron un papel esencial los Ayuntamientos andaluces. Fueron ellos, tras el Pacto de Antequera, los que, canalizando las aspiraciones de sus vecinos, adoptaron acuerdos plenarios para poner en marcha la iniciativa autonómica prevista en la Constitución. Son ellos, los Ayuntamientos, hoy como entonces, quienes más cerca están de los problemas de la ciudadanía a pesar de las nuevas dificultades que encuentran. Nuestro respeto y reconocimiento siempre.

Estamos a punto de cumplir dos años de las elecciones del 25 de marzo de 2012. Esta IX Legislatura, sin duda, está claramente marcada por la situación de crisis económica que atraviesa nuestro país, quizá la más grave desde que existe nuestro sistema autonómico. El desempleo, el cierre de empresas, la escasez de crédito, el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad andaluza, son las consecuencias que más están castigando a la ciudadanía.

Al comienzo de este año hay algunos indicios de que se está superando la recesión; podríamos estar en puertas del inicio de la recuperación de nuestra economía; todos, instituciones, agentes económicos y sociales y el conjunto de la población debemos de hacer lo posible para que 2014 signifique efectivamente un cambio de ciclo para que podamos decir que lo peor ha pasado.

Pero ese esfuerzo conjunto debe estar orientado a que la recuperación económica no sea tan solo macroeconómica y estadística, sino que llegue real y efectivamente a todos y todas, y especialmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad andaluza. Eso significa, ante todo, que nuestro primer objetivo debe ser poner las condiciones para que nuestra economía cree empleo.

No hay otra meta más importante, y a ella deben dedicarse todos nuestros esfuerzos, favoreciendo un clima de solvencia y confianza para la inversión, habilitando agilidad, transparencia y seguridad jurídica en la relación de la administración con los emprendedores, poniendo en carga todos nuestros activos, desde el capital físico y humano hasta el intangible de la investigación e innovación, dando pasos a la vez hacia un modelo productivo  más competitivo y sostenible.

Las políticas de respuesta a la crisis desde sus comienzos se han centrado  casi exclusivamente en la lucha contra el déficit, y ello, junto a los efectos directos de la crisis, ha producido una ruptura de la cohesión social, dado que amplios sectores de clases medias y trabajadoras han visto como su vida se empobrecía año tras año, llevando a un aumento de la desigualdad.

Condiciones de vida que parecían definitivamente alcanzadas para una mayoría de la población, gracias a las conquistas sociales de los últimos 30 años, están puestas en cuestión hoy, creando un clima de incertidumbre social sobre las perspectivas de futuro de miles de familias andaluzas.

La crisis económica y sus graves consecuencias fracturan la cohesión imprescindible de una sociedad moderna y provocan la  desafección ciudadana hacia la política, disminuyendo la confianza en las instituciones democráticas y hacia los partidos, de los que esperan soluciones a sus problemas; mucho más, cuando son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias sin ser ellos la causa.

Los ciudadanos perciben a sus políticos alejados de la realidad, cuando no de espaldas a ella, más pendientes de sus enfrentamientos que de resolver los problemas de la gente. Esa percepción cambiará si centramos nuestros esfuerzos en la búsqueda de mecanismos para atajar los casos de corrupción, en lugar de dedicarnos a echarlos en cara unos a otros.

Nos encontramos ahora ante una buena oportunidad. Acaba de entrar en la cámara para su tramitación el Proyecto de Ley de transparencia; permítanme decirles que la ciudadanía vería como una señal de que algo empieza a cambiar el que se alcanzara un elevado grado de acuerdo en esta materia.

Ésta es una buena ocasión para que profundicemos en medidas que hagan de esta cámara un Parlamento más transparente y más participativo.  El desarrollo y aplicación de la Ley estatal  y de la Ley andaluza de transparencia, así como la plasmación de las propuestas que en este terreno formulé a los Grupos Parlamentarios el año pasado me han llevado a proponerles la reforma del Reglamento, de tal forma que puedan entrar en vigor en el próximo periodo de sesiones. Ustedes tienen la palabra.

En lo que a mí concierne, como Presidente del Parlamento, les anuncio que he dispuesto lo preciso para que los servicios de la cámara tomen todas las medidas necesarias que nos permitan que el Portal de Transparencia del Parlamento de Andalucía esté operativo antes del mes de agosto próximo. Así daremos un paso decisivo hacia una nueva forma de relación de esta institución con los ciudadanos, pero también hacia una forma mejor de llevar a cabo la política parlamentaria.

Porque, Señorías, lo que los ciudadanos y ciudadanas menosprecian no es la Política, sino unas formas de hacer política que no conectan ni con sus necesidades ni con sus deseos. Necesitan política desde la cercanía, la sencillez y la ejemplaridad; y desean la política desde la participación, no desde la imposición, desde el diálogo, no desde el enfrentamiento estéril.

Son esas formas, pues, las que habrán de cambiar; aquí, en las instituciones, y también en las organizaciones políticas; en ello debemos empeñarnos todos. La sociedad ha cambiado: debemos cambiar nosotros para representarla.

Lo reiteraré una vez más: recuperar el crédito de la política debe ocupar un lugar preferente en nuestras tareas, es una exigencia nítida de la ciudadanía. Porque, Señorías, la política es necesaria; política se hace siempre y la hace todo el mundo. La hace quien gobierna y quien legisla, la hace quien administra justicia, como la hace quien elude sus obligaciones fiscales o quien cumple con ellas, la hace quien utiliza bienes públicos para su provecho particular o quien los respeta, como la hace quien recibe una prestación social sin derecho a ella, o quien antes de renunciar a una parte de sus beneficios prefiere  despedir a trabajadores.

Reivindicar la política con mayúsculas es reivindicar el único instrumento de que dispone la ciudadanía para hacer frente a sus problemas y mejorar su vida; mucho más en estos tiempos en que poderes no democráticos toman decisiones que afectan a la vida de millones de personas, la política es quien le da el poder a los ciudadanos, quien únicamente garantiza lo común y el interés general frente los egoísmos individualistas.

Por eso les diré, ahora que acabamos de conmemorar el 75 aniversario de su muerte en el exilio, como les decía a los jóvenes Antonio Machado en Juan de Mairena: "La política, señores -sigue hablando Mairena-, es una actividad importantísima... Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino, en último término, el desdeño de la política mala que hacen trepadores y cucañistas, sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros, y, naturalmente, contra vosotros. Sólo me atrevo a aconsejaros que la hagáis a cara descubierta;" y seguía Mairena: "Porque de otro modo contribuiréis a degradar actividades tan excelentes, por lo menos, como la política, y a enturbiar la política de tal suerte que ya no podamos nunca entendernos".

Andalucía siempre ha tenido una visión solidaria de nuestro modelo territorial, un modelo que se fundamenta en el reconocimiento de la autonomía sobre la base del principio de igualdad. Por eso, ahora que se acentúan las tensiones que cuestionan el modelo de organización territorial de España, con relación al cual el Pleno de este Parlamento se ha pronunciado, es necesario que la voz de Andalucía se alce con claridad.

Desde Andalucía defendemos la España constitucional, la que reconoce las singularidades históricas, culturales y sociales de las CCAA, la que garantiza unos techos competenciales comparables a los Estados más descentralizados de nuestro entorno, la que ha permitido 35 años de convivencia aceptable entre los españoles de Andalucía y los de Galicia, y los de Cataluña, y los de Euskadi, y los de cualquier territorio.

Pero esa España que defendemos es también, y con el mismo énfasis, la España de la igualdad de todas las mujeres y hombres con independencia del lugar en que residan: las mismas oportunidades para ejercitar el derecho a la educación ha de tener un extremeño que un gallego, iguales han de ser las condiciones para acceder a la protección de la salud para un andaluz que para un valenciano, el mismo proyecto personal de envejecimiento activo debe poder tener un jubilado canario que uno madrileño.

¿Se puede proponer modificar ese modelo territorial? Claro que sí, nada hay eterno e inmutable en el mundo real. Pero es absolutamente preciso, es condición inexcusable que esa propuesta se canalice y se efectúe con total respeto a los procedimientos y a las condiciones que establece la Constitución, porque ése es el gran pacto de convivencia del pueblo español. Por ello, cualquier intento de romper ese modelo, bien sea de forma unilateral, o de espaldas al conjunto de la ciudadanía, contará con la oposición de Andalucía.

Me van a permitir, al hilo de estas reflexiones, una consideración más. Asistimos a un sistemático y continuado empeño de algunos por desprestigiar al Estado de las Autonomías. Pretenden ignorar que es este sistema precisamente el que ha proporcionado el período más prolongado  de estabilidad política, crecimiento económico y progreso social de nuestra historia.

Gracias a ese sistema se han potenciado las capacidades y recursos materiales y humanos del conjunto de España como nunca, se ha profundizado en la conservación y promoción de nuestro inmenso patrimonio cultural y natural, y se han consolidado los servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Pero, además, este modelo de Estado ha permitido el periodo más largo de nuestra historia en el mantenimiento del equilibrio entre la unidad de España y el reconocimiento de su diversidad, diversidad reconocible incluso antes ya de las Cortes de Cádiz, como afirma Domínguez Ortiz.

El Estado social y democrático de derecho que consagra el artículo 1 de nuestra Constitución y el Estado autonómico que reconoce el artículo 2 de la Carta Magna son dos caras de una misma moneda. Quienes ponen en cuestión a uno están cuestionando en realidad al otro, porque son la misma cosa.

Pero, aunque puedan encontrarse errores o disfunciones en su adaptación y desarrollo e insuficiencias en su ejercicio que deban corregirse, nadie puede pretender, utilizando la crisis como excusa, desnaturalizar por vía de hechos consumados y por la puerta de atrás, ni al Estado social ni al Estado de las Autonomías: ahí estará Andalucía para alzar su voz. Porque, señoras Diputadas y señores Diputados, en el cuantioso activo de ese modelo de estado figuran en lugar eminente los progresos y avances innegables experimentados en estos años por nuestra tierra, que la situación actual de crisis no puede hoy ensombrecer ni hacernos ignorar.

Una pieza esencial para asegurar la viabilidad y el funcionamiento de ese modelo de Estado es el sistema de financiación de las CCAA, puesto que en él se deben concretar los principios constitucionales de autonomía y solidaridad, y debe garantizar asimismo la suficiencia financiera de cada territorio que asegure la prestación en condiciones de igualdad de los servicios públicos fundamentales.

Este año 2014 se abordará la reforma del mencionado sistema; por ello, Andalucía debe adoptar una posición de firmeza ante la negociación que se avecina, porque lo que está en juego no son cifras ni criterios, sino algo mucho más importante y concreto.

Lo que nos jugamos es si nuestro sistema educativo, nuestros colegios, institutos y universidades van a disponer de financiación suficiente y necesaria para atender a nuestros centenares de miles de estudiantes en las mismas condiciones que a los de otras Comunidades; si nuestro sistema sanitario, nuestros hospitales y centros de salud, va a poder dar las mismas prestaciones que los de otras Comunidades; si nuestros servicios sociales o nuestras personas en situación de dependencia van a recibir los mismos servicios y la misma financiación que los de otras Comunidades. Todo eso, como mínimo, es lo que el nuevo sistema que se acuerde debe asegurar para todos los andaluces y andaluzas.

Somos la Comunidad más poblada de España, con una población escolar que aumenta cada año, con un peso de la población joven superior a la media española, lo que constituye un potencial inmenso de futuro; y precisamente por eso debemos ser firmes en la exigencia de una financiación suficiente, que permita afrontar en condiciones de equidad la formación y las oportunidades de empleo que necesitan.

Porque ellos y ellas, nuestros niños y nuestros jóvenes no son el futuro, son el hoy que tienen el derecho de escribir el guion de  su propia historia, para lo que debemos de poner las mejores condiciones, con nuestro trabajo y con nuestro compromiso. Ellos y ellas son la mejor Andalucía. No les podemos fallar.

Señorías, hoy más que nunca una gran parte de nuestro futuro se decide en Europa. Son múltiples las decisiones de la Comisión, del Consejo y del Parlamento europeo que afectan a nuestra Comunidad y que tienen una incidencia directa en la vida de nuestros conciudadanos. Muchas políticas y avances de estos 34 años se han podido hacer con el apoyo de los fondos de la Unión Europea.

Somos 8.700.000 europeos, que cumplimos en nuestro consumo directivas de la UE, que recibimos cada año miles de estudiantes con becas Erasmus, que tenemos una industria agroalimentaria fuertemente impactada por la PAC, y que lleva sus productos a las estanterías de los supermercados del continente, que tiene uno de los puertos más importantes del sur de Europa y a la vez forma parte del destino de miles de inmigrantes que vienen a Europa  arriesgando sus vidas –como hemos visto estos días- buscando las oportunidades de bienestar que en sus países no encuentran.

Por todo ello, los andaluces y andaluzas no solo tienen el derecho, sino que me atrevo a decir que tienen la obligación de ser muy conscientes de que su participación en las próximas Elecciones al Parlamento Europeo es decisiva  para  su propia vida, para sus intereses económicos, para su formación, y para sus oportunidades.

Amplios sectores de la población miran con preocupación al futuro, como en otras ocasiones de nuestra historia. Pero hoy tenemos dos potentes instrumentos para salir adelante, que son nuestro autogobierno y la sociedad andaluza. Uno es nuestro Estatuto de Autonomía;  en él están las claves y los medios para canalizar las políticas y las medidas que den respuesta a las inquietudes y demandas de la ciudadanía. El Estatuto debe ser el palo mayor al que aferrarnos en estos tiempos de mar revuelta.

El otro y fundamental, al servicio del cual debe estar el primero, es la sociedad andaluza. Una sociedad compleja, dinámica, mejor formada que nunca, una sociedad inconformista y crítica, con espíritu creativo, con anhelos por alcanzar. Una sociedad que se crece en la dificultad, que siente orgullo de Andalucía, y que confía en sí misma. Una sociedad que sabe lo que quiere, que lucha por conseguirlo, y que espera que todos estemos a su altura.

En este día tan especial para los andaluces y andaluzas, tenemos que asumir entre todos un compromiso por aquel grito de ¡Viva Andalucía Libre ¡ de Blas Infante, porque la libertad es el aire para respirar, como la igualdad es el pulmón que la hace posible. Igualdad para la libertad, ésa ha sido siempre la tarea del pueblo andaluz, como recordaba en sus últimos escritos Domínguez Ortiz: "Andalucía siempre ha transparentado un ansia de libertad, una lucha por la libertad. No porque en Andalucía hayan faltado opresión, fanatismo y situaciones injustas; pero siempre se han levantado voces en pro de la libertad humana".

Esa pasión por la libertad es la llave de la ilusión y la esperanza de un futuro mejor. Nadie nos va regalar nada; el futuro va a depender de nosotros mismos. Por eso, cada uno debe poner lo mejor de sí. Las Instituciones, los Diputados y Diputadas, los partidos políticos, los empresarios y las empresarias, los trabajadores y las trabajadores, los movimientos sociales, las mujeres, los hombres, los mayores, los jóvenes, los medios de comunicación, los empleados públicos, los estudiantes, los autónomos, los profesionales. Es toda Andalucía la que debe unirse en un solo afán, con ilusión y confianza, como hace 34 años. Con la fuerza de 8.700,000 seres humanos, con el valor de nuestro autogobierno, con la unidad y la responsabilidad de cada cual.

Señoras Diputadas, señores Diputados, termino. Hoy es un día de fiesta para toda Andalucía. Quiero unirme en nombre de todos nosotros a las celebraciones que miles de familias, de ciudadanos y ciudadanas, están llevando a cabo por nuestra geografía. Su alegría, su pasión, su esfuerzo por mejorar su vida, su ambición de ganar un futuro mejor para sus hijos, es la nuestra. Por todo ello: ¡Felicidades, Andalucía!