Quiero en primer lugar agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, don Lorenzo del Río, su invitación. Es un placer participar en este acto solemne y en un marco que no puede ser más apropiado que esta sede. Granada es una ciudad que, a su mágica combinación de historia, patrimonio y paisaje, añade una larga tradición jurídica.

Una buena muestra de esa vinculación es esta Real Chancillería de Granada, históricas dependencias y un edificio emblemático en pleno corazón de la ciudad que realza aún más la importancia de este órgano de nuestra comunidad.

Permítanme que comience constatando un hecho: el Estado de las autonomías ha sido un éxito, y ha demostrado sobradamente su utilidad. La descentralización política ha alcanzado un nivel equiparable al máximo que sólo tienen algunos estados federales.

Es verdad que, en esta materia, siempre se ha suscitado una cuestión importante: determinar en qué medida las comunidades autónomas, a través de la denominada, en palabras del Tribunal Constitucional, "Administración de la Administración de Justicia", podían participar, colaborar o cooperar en la función de gobierno del poder judicial y de la Justicia.

A la vista del resultado de estos 25 años del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se puede considerar que ha sido más que satisfactoria.

A todos los aquí presentes no nos ofrece duda que en un Estado social y democrático de derecho la Justicia es imprescindible para garantizar la libertad.

Desde que recibimos las competencias en esta materia, nos comprometimos a modernizar la Administración de Justicia en nuestra comunidad y a situar este fundamental servicio público en una posición acorde con las exigencias y demandas del siglo XXI.

Y eso es hoy lo que simboliza el trabajo de una institución como este Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

No ha sido fácil avanzar en este objetivo. La situación económica no ha sido la mejor, por no decir complicada, como todos sabemos,  a la que se sumaba la escasez de medios y la precariedad de las instalaciones en el momento de asumir las trasferencias en Justicia.

Por tanto, llegar hasta aquí ha requerido de un gran esfuerzo en la dotación de recursos, tanto humanos como materiales, y una gestión basada en el diálogo y en el consenso.

Afortunadamente, hemos contado en todo momento con el buen hacer y la implicación personal y vocacional de los profesionales vinculados a la actividad judicial, con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial y con un alto grado de entendimiento entre la Junta y la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, debido en buena parte a la disposición y al talante de sus presidentes.

Las líneas generales de nuestro proyecto eran hacer efectiva una justicia que diera respuesta a las necesidades de los andaluces y andaluzas. Ofrecer un servicio cada vez más cercano, eficaz y transparente. Y a eso responde el intenso trabajo realizado en los últimos años y las cantidades invertidas en su mejora.

Pero no es suficiente. Todavía queda por hacer. Debemos continuar y lo vamos a hacer. Tenemos que realizar un gran esfuerzo, que no es solo de carácter presupuestario.

Tenemos la obligación y el compromiso de avanzar en dignificar y dar a conocer la función de la Justicia. Ofrecer una adecuada atención a los ciudadanos y facilitar la labor a los profesionales del sector, cuyas demandas en el día de hoy nos han hecho llegar.

En la memoria de este Tribunal se recoge que se han registrado casi dos millones de asuntos, una cifra que, a pesar del esfuerzo realizado, hace difícil todavía ofrecer la rápida respuesta que todos desearíamos. La justicia es más justa si es más rápida.

Andalucía es la comunidad que mayor actividad judicial tiene de toda España, y esa alta tasa de litigios hace necesario incrementar el número de jueces y juezas, fiscales, secretarios y secretarias, y también en algunos juzgados y fiscalías de funcionarios y funcionarias, así como también reducir la elevada dispersión para evitar la posible debilidad de la Justicia y conseguir plenamente la eficacia y calidad que los ciudadanos reclaman.

Tenemos, por tanto, que progresar en infraestructuras, tecnologías, reformas jurídicas y en capacidad de gestión. Y aquí, le ofrezco mi colaboración al presidente para avanzar en esa dirección.

Para lograrlo, vamos a dotar los instrumentos necesarios, los recursos humanos adecuados y los medios materiales precisos, a fin de ofrecer a la ciudadanía una Justicia más próxima y con los mayores niveles de calidad y de celeridad.

Creo que la nueva Oficina Judicial y Fiscal, que en breve se pondrá en marcha en distintos municipios de nuestra tierra, será una buena herramienta para acercarnos más a los ciudadanos, así como facilitar una mejor reordenación del personal al servicio de la justicia.

En breve también se iniciarán los trabajos de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, una infraestructura necesaria y esperada que, mediante un convenio público-privado, será un avance significativo de recursos para la Justicia en Andalucía.

Vamos a continuar impulsado, asimismo, la incorporación y difusión de las nuevas tecnologías, convencidos de que modernizar significa, hoy más que nunca, utilizar los medios tecnológicos e informáticos más avanzados e innovadores.

No me extenderé mucho más en este capítulo de necesidades, ya que he ofrecido la colaboración de mi Gobierno para seguir avanzando en la mejora de nuestra Justicia.

Pero quiero aprovechar este foro para llamar la atención sobre algunos aspectos sobre los que debemos reflexionar en un escenario como éste.

La Administración de Justicia es insustituible en su misión de cumplir y hacer cumplir la legalidad y, de este modo, tiene la obligación de facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. En ese compromiso debemos estar todos y todas.

Los jueces y juezas son, en este sentido, los encargados de velar por el exacto cumplimiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico, haciendo que los distintos poderes e instituciones se acojan y actúen según los principios establecidos en dicho marco.

Ateniéndonos a estos conceptos, podemos afirmar que la labor de los profesionales de la Justicia, sus métodos y sistemas de trabajo, deben acogerse a parámetros de apertura, claridad y transparencia. Algo también exigible a la política.

Conseguiremos así, entre otros aspectos positivos, que la delicada labor desempeñada por los jueces no esté nunca ajena a la realidad social, sino que sea permeable a ella y sensible al pulso diario de los ciudadanos. Esto nos permitirá avanzar y conseguir que la imagen en cierto modo críptica y temida de la Justicia, continúe cambiando y dé paso, definitivamente, a una nueva y renovada Administración judicial capaz de ofrecer a la ciudadanía un servicio moderno, eficaz y cercano a sus problemas, aspiraciones e inquietudes.

Lo anteriormente expuesto nos sitúa ante una primera exigencia, la necesidad de trasladar de forma adecuada el valor Justicia al resto de los poderes públicos y a la opinión pública, potenciando la formación en todos los sectores, con especial incidencia en los centros educativos, como pilar esencial de su reconocimiento, y la comunicación, que permita contrarrestar la carga no positiva asociada a su ejercicio como instrumento de resolución de intereses contrapuestos.

Podemos hablar de una necesaria pedagogía de la jurisdicción, esto es, transmitir la dificultad y responsabilidad que implica el trabajo diario de los magistrados y magistradas, pero también de una pedagogía de la gestión, fomentando el respeto institucional.

Pero quiero también destacar los casos que plantean problemas judiciales de menores infractores, donde debemos buscar su recuperación y su reinserción social, y aprovecho para volver a agradecer al Consejo General del Poder Judicial su reconocimiento al distinguir a Andalucía con uno de los Premios de Calidad por nuestra trayectoria en la ejecución de las medidas acordadas por los Juzgados de Menores; los derivados de la inmigración y los que, con demasiada frecuencia, provoca la llamada violencia de género.

Vamos a seguir trabajando en esta dirección, a dotar de mejores medios a los juzgados especializados en violencia sobre la mujer que existen en Andalucía, a intensificar las actuaciones de las diferentes consejerías implicadas, a hacer más efectiva la Orden de Protección y a potenciar los servicios de Asistencia a las Víctimas.

Otra razón y la de más peso en estos momentos es que, en democracia, hablar de control es referirse sobre todo a la gestión y asignación del presupuesto y de sus diferentes partidas.

Estamos consiguiendo que la comunidad andaluza avance en un modelo de transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Y este tema sigue despertando el máximo interés social y es el centro del debate parlamentario, por lo que cualquier trasgresión o desviación que se produzca o sólo se sospeche, levanta una abrumadora oleada de críticas y condenas.

Se han creado organismos autónomos e independientes, como la Cámara de Cuentas o el Consejo Consultivo, encargados de fiscalizar los gastos y las decisiones ejecutivas, de los que forman parte personalidades y expertos de reconocido prestigio y de amplia y plural representación.

No para evitar la lógica reacción de la ciudadanía, sino para impedir sus causas y evidenciar abusos o comportamientos deshonestos.

Tenemos que erradicar esas conductas, ponerlas en evidencia y ante la justicia, hacer que cada día sea más difícil que se cometan y apostar con todos los medios a nuestro alcance por la máxima claridad y transparencia, es nuestra prioridad y tiene que ser la de todos.

En Andalucía hemos sido pioneros a la hora de tomar medidas en esta dirección. Lo hemos asumido como un compromiso irrenunciable, que se ha plasmado en normas de obligado cumplimiento. Pero debemos estar en permanente alerta.

Termino. El TSJA ha sido un referente de escrupulosa profesionalidad y concluir que esta actitud ha sido trascendental desde el punto de vista judicial, social y político.

Según la Constitución, vivimos "en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Saber que existen mecanismos de control y contrapeso y que los mismos están en manos de personas especializadas y con un estricto sentido de lo que significan los citados principios constitucionales, es toda una garantía de fiabilidad para la ciudadanía y un factor de estabilidad institucional.

En este contexto se inscribe el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en estos 25 años. Un excelente trabajo que ha sabido labrarse un merecido prestigio y autoridad moral ante el conjunto de los ciudadanos, las administraciones, entidades y organismos públicos de nuestra comunidad y consolidar a Granada como núcleo y capital de la Justicia en Andalucía.

Se puede afirmar, sin caer en triunfalismo, que este período ofrece un balance muy positivo, no sólo en términos comparativos con respecto a autonomías que gozaban de mayor tradición y bagaje, sino también desde el análisis de los resultados.

Deseo reiterar el compromiso del Gobierno andaluz con este Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como expresar mi reconocimiento a la valiosa labor que han desarrollado las personas que hasta hoy han formado y forman parte del mismo.

Para concluir estas palabras, desearles mi más cordial enhorabuena por estos primeros 25 años y mis mejores deseos de éxito para los que todavía quedan por cumplir. Y que sean en beneficio de los ciudadanos y de un buen servicio de la justicia.