En mi Discurso de Investidura me comprometí a tener al menos un debate sobre la situación de Andalucía en cada período de sesiones.

Lo que tradicionalmente era un Debate sobre la Comunidad, se convertía a partir de este momento en dos, y hoy estamos aquí en cumplimiento de ese compromiso adoptado en el Debate de Investidura.

Además lo hacemos por lo que considera este Ejecutivo que tiene que ser uno de sus compromisos fundamentales y prioritarios, que es rendir cuentas.

Venimos al Parlamento de Andalucía a rendir cuentas sobre las prioridades de la acción del Gobierno, las soluciones que se han puesto sobre la mesa y aquellos problemas que puedan contar con aportaciones de los distintos grupos políticos de la Cámara.

Este es un debate sobre Andalucía. Lo que nos corresponde, por competencias y por responsabilidad, es analizar la situación de nuestra Comunidad Autónoma, la orientación general de la acción del Gobierno y todas las conclusiones que se puedan sacar en beneficio de nuestra tierra.

Ahora bien, precisamente porque se trata de Andalucía, es imprescindible situar este análisis en el contexto en el que se desarrolla. Así que me permitirán que haga una referencia a la situación actual de nuestro país.

No es solo que Andalucía esté en España, algo obvio, por otro lado; es que Andalucía es España, y es parte esencial de la misma. Nada de lo que ocurre en el conjunto del territorio nos es ajeno; todo nos concierne, todo nos interesa y todo nos afecta de forma directa y vital.

Esa es nuestra realidad y también nuestra vocación: Andalucía no es, ni quiere ser, espectadora de lo que pasa.

Queremos tener presencia, voz y voto en los desafíos que afrontamos. Desafíos que son compartidos por nosotros porque los casi nueve millones de españoles que vivimos y trabajamos en esta tierra nos consideramos partícipes de un proyecto común, un proyecto en el que creemos y al que aportamos todo lo que está en nuestra capacidad.

Es por eso que reclamo el protagonismo de Andalucía y trabajo todos los días para que desde esta comunidad podamos contribuir a ese proyecto colectivo desde la primera línea.

Sé que otros preferirían, por rutina, por comodidad o por otras razones menos confesables, que eso no fuera así, que nos quedáramos a la expectativa, que asistiéramos como testigos de lo que otros deciden, que Andalucía jugara, en fin, un papel subsidiario, secundario, ese papel que además el pueblo andaluz rechazó el 28 de febrero y que, aunque han pasado ya 36 años, algunos todavía no han asumido.

Al contrario, creo y trabajo por el protagonismo de Andalucía, precisamente porque entiendo que es la forma de expresar, en lo concreto, mi compromiso rotundo e insobornable con nuestra tierra.

A nadie se le oculta que estamos viviendo un momento particularmente delicado. Justo esta semana se va a cumplir un año desde que el Presidente del Gobierno disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 20 D y, a estas alturas, seguimos sin gobierno, en un episodio que ya está inscrito en la historia contemporánea de Europa y no precisamente como sus páginas más brillantes. Por más paños calientes que se le quieran poner a esta situación, no podemos ocultar que no tener a estas alturas un gobierno no es serio.

Es así, y aunque el día a día medianamente esté asegurado por el gabinete en funciones, y aunque, sobre todo, la sociedad española demuestre en todo momento su gran madurez, es innegable que estamos perdiendo mucho tiempo, muchas oportunidades y poniendo en riesgo muchas cosas.

Una de ellas, y no es menor, estamos poniendo en riesgo la paciencia y la confianza de los españoles en el sistema, porque ven que sus representantes no son capaces de hacer política en el escenario que los mismos ciudadanos han decidido mediante su voto en las urnas.

Necesitamos, como españoles y como andaluces, que se resuelva rápidamente la cuestión de la gobernabilidad. Más allá de cómo se haga o deba hacerse, creo que todos estamos de acuerdo en ello y creo, además, que se trata de una cuestión capital.

Porque lo que está en juego son cosas muy importantes: está en juego el bienestar de los españoles, la confianza en sus instituciones, nuestro prestigio como nación ante Europa y en el mundo y, también, no lo olvidemos, la propia unidad del Estado, objeto de inéditas amenazas que no podemos pasar por alto.

Desafíos todos de una gran envergadura cuya buena salida van a requerir de mucho rigor, determinación y confianza en las fuerzas de nuestra sociedad.

Salvaguardar el bienestar de los españoles implica una rectificación del camino que hemos seguido hasta ahora. España se ha convertido en el tercer país más desigual de Europa y no podemos asumir ese triste liderazgo con conformidad, porque detrás de ese ranking están millones de personas que, sencillamente, lo están pasando muy mal.

Hay trece millones de personas que están en riesgo de exclusión social. La pobreza extrema afecta a 3,5 millones de personas que viven en hogares en los que cada miembro cuenta con menos de 333 euros al mes. La clase media se ha visto reducida en 800.000 personas en estos últimos años, debido a la brecha cada vez más grande entre los ricos y los pobres. Hoy los que más tienen son 14 veces más ricos que los que menos tienen.

Es un paisaje inasumible que, al tiempo, es la expresión de una forma de gobernar absolutamente inaceptable. No es posible hablar de recuperación económica si, al mismo tiempo, no hay una recuperación social.

Es urgente revertir este estado de cosas y la mayoría, en el parlamento y en la sociedad, así lo reclama. Debemos hacerlo, además, en un contexto europeo en el que ha crecido la desconfianza de Europa hacia España.

Debido fundamentalmente a los incumplimientos sucesivos por parte del Gobierno de la nación. Han creado una desconfianza que se ha plasmado ya en la posibilidad cierta, obligatoria, ha dicho el propio comisario Moscovici, de la suspensión de los fondos estructurales para 2017, algo que sería un mazazo para la capacidad inversora del país y, desde luego, para Andalucía. Sólo esta amenaza justifica por sí misma que atendamos en este debate a lo que está sucediendo en España.

Y es que, al triste récord de paro, precariedad y desigualdad, se suma la realidad de que somos los campeones de Europa en déficit público y en deuda. España ha alcanzado un nuevo máximo en 107 años, superando el 100% del PIB. Un círculo vicioso que es el mejor resumen del balance del Gobierno de la Nación.

Hacer frente a esta situación verdaderamente difícil y cumplir nuestras obligaciones requerirá sacrificios, evidentemente.

Pero quiero decir con total rotundidad que, esta vez, los sacrificios no se le pueden volver a pedir ni a las clases medias y trabajadoras de este país, ni tampoco a las comunidades autónomas que somos las que tenemos que mantener la igualdad de oportunidades en el conjunto de España.

Estamos en un momento en el que hasta Mario Dragui, presidente del Banco Central Europeo, ha dicho que hay que subir en este país el salario mínimo a los trabajadores. Y todavía hay quien en esta misma Cámara quienes están defendiendo, de forma vergonzante, esas recetas austeridad que tanto sufrimiento han traído. Ya está bien de que siempre los sacrificios los paguen los mismos, y ya está bien de que los sacrificios vayan en los hombros de quienes lo han pasado mal en esta crisis.

España también debe hacer frente a un desafío, a su propia esencia como nación. Algunos parecen tomarse a broma ese camino secesionista en el que se han embarcado determinados políticos e incluso instituciones. Yo no me lo tomo a broma como presidenta de Andalucía.

Aunque estoy convencida de que eso va a fracasar, también estoy convencida de que eso va a generar y está generando un clima de confrontación, de división y de enfrentamiento al que hay que dar solución desde la Constitución y desde las leyes, pero también desde la política con argumentos y con las reformas necesarias para que podamos aunar, en el proyecto común que es nuestro país, y que además tenga el presente y el futuro que todos deseamos.

Igual que debemos hacer frente a la exigencia, cada vez más clamorosa, de una auténtica regeneración democrática en nuestro país. Es necesario un ejercicio definitivo de transparencia y honestidad pública, dar garantías ciertas a los ciudadanos de que ni un euro de los fondos públicos se dedica a lo que no se tiene que dedicar.

Los ciudadanos exigen saber, saberlo todo. Un ejemplo de que quieren información es que desde que se puso en marcha el Portal de la Transparencia en Andalucía ha habido tres millones de consultas de andaluces para saber y conocer a qué se destinan los fondos públicos en nuestra tierra. Porque existe esa demanda, venimos reclamando que igual que el Gobierno de la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha, se ponga en marcha en el resto de Administraciones. Aunque algunos, tal vez demasiados, no se dan por aludidos.

Perseguir la corrupción, apostar definitivamente y decididamente por una auténtica regeneración democrática, nos exige a todos, honestidad no sólo en la gestión sino también honestidad en la política que hacemos todos y cada uno de nosotros cada día.

Presentar como corrupción lo que no lo es, acusar a sabiendas de hacer un daño injusto y muchas veces irreparable a personas inocentes, manipular las decisiones judiciales e interpretarlas siempre en beneficio propio y no de la verdad, supone dañar nuestra democracia y beneficiar a quienes infringen la ley y buscan sombras de impunidad tratando de hacer ver que todos son iguales.

No lo somos, señorías, no lo somos. Lo sabemos todos. Y todos los que somos honrados, que somos la inmensa mayoría de quienes nos dedicamos a la vida pública, debemos conjurarnos para expulsar de la política a quienes acuden a ella con el objetivo de beneficiarse. Si no lo hacemos, si anteponemos los intereses de partido a la defensa de nuestro sistema democrático, todas nuestras libertades, todo nuestro modelo de convivencia, se pone en peligro.

Seguramente, en este terreno, como en otros, todos hemos cometido errores. Creo que nuestro país y nuestra tierra se merecen que, simplemente, nos comprometamos con nosotros mismos a no volver a cometerlos. Andalucía no se merece que su nombre se manche gratuitamente, nunca más.

Todos estos son retos que tiene por delante el espacio público que los andaluces compartimos con todos los españoles.

A Andalucía le va mucho en ello: para mejorar nuestra democracia, para avanzar en más empleo y de más calidad, para mejorar nuestro estado del bienestar, para frenar las desigualdades, para equilibrar nuestras cuentas, para todo eso necesitamos un cambio en las políticas desarrolladas, en términos generales y también en la relación del Gobierno central con Andalucía.

Necesitamos que se respete de verdad nuestra autonomía y ese objetivo se alcanza con voluntad política pero que necesita una financiación justa. No podemos esperar más para resolver esta injusticia clamorosa que no sólo repercute negativamente en los servicios públicos de los andaluces y en su calidad de vida, sino que es un atentado al principio de igualdad.

Antes decía que los sacrificios no deben recaer nuevamente en las clases medias y trabajadoras, pero decía también que no pueden recaer sobre las comunidades autónomas porque somos las que prestamos los servicios esenciales que garantizan la igualdad.

Andalucía va a seguir alzando la voz para conseguir un trato justo.

Cuando Andalucía pide un trato justo, lo está pidiendo para los millones de usuarios de la sanidad pública que acuden a su hospital o a su médico con la natural esperanza de recibir el tratamiento adecuado.

Cuando Andalucía pide un trato justo, lo hace pensando en los padres que legítimamente reclaman para sus hijos una educación pública de calidad, que les abra un horizonte de esperanza a sus hijos y que les permita formarse como hombres y mujeres libres y preparados para ganarse su propio futuro.

Cuando Andalucía pide un trato justo lo hace pensando en la dignidad de los dependientes, de sus cuidadores, que exigen con todo derecho no sentirse abandonados cuando la enfermedad llega o cuando el paso del tiempo los sitúa en una situación de vulnerabilidad.

Cuando Andalucía pide un trato justo piensa en las enormes potencialidades de nuestra tierra, de las que no podemos sacar el suficiente rendimiento en términos de riqueza y empleo por una planificación en las inversiones estatales marcada por la desigualdad y la discriminación.

¿Acaso es razonable que los andaluces reivindiquemos que el mayor puerto del Mediterráneo, y uno de los mayores de Europa, tenga una conexión ferroviaria de primer nivel? ¿Acaso no es de justicia que Andalucía reclame que esa financiación sea la adecuada, que haya 6.000 millones para el Corredor del Mediterráneo y que solo haya 50 en el tramo de Andalucía? ¿Eso es de recibo? ¿Eso es de justicia?

Naturalmente que no. Y en este debate mi gobierno y yo vamos a rendir cuentas de lo que hacemos y también lo que nos proponemos hacer con los recursos disponibles, y al mismo tiempo no vamos a dejar de mirar y de anteponer los intereses de los andaluces, le afecte como le afecte al Gobierno de la nación, porque estamos hablando del presente y del futuro de nuestra tierra.

Uno de esos asuntos clave es la financiación autonómica. Es una obviedad, que hay que rendir cuentas de lo que se ha hecho. Pero hay que explicar también lo que se ha hecho con lo que se tiene y lo que se recibe, y lo que se puede hacer con lo que nos corresponde recibir.

Y lo cierto es que contamos con un sistema de financiación que lleva ya seis años en vigor, vulnerando la LOFCA y nuestro Estatuto de autonomía, que además está agrandando la brecha fiscal entre unas comunidades autónomas y otras.

Es decir, que aumenta la desigualdad. Tenemos la experiencia en este país que cuando se aumenta la desigualdad entre unos territorios y otros, Andalucía siempre cae del lado de los más desfavorecidos.

En estos momentos tenemos una financiación que abre la brecha entre los que más reciben y los que menos. Estamos hablando de 922 euros por habitante al año entre los que más reciben y los que menos. ¿Y dónde está Andalucía?  Entre las que menos.

Concretamente, entre el año 2009 y 2014, último ejercicio liquidado, el déficit de financiación acumulado por Andalucía se eleva hasta los 4.672 millones.

Por eso, reivindicamos la urgente reforma del sistema porque no garantiza la suficiencia de recursos de las comunidades autónomas y se está profundizando en esa desigualdad, y los fondos de convergencia no sirven para atenuar las diferencias de financiación.

¿No creen que es hora ya de acabar con esta injusticia? ¿No es hora de que este Parlamento, por unanimidad, defienda los intereses de los andaluces y andaluzas?

Ya hemos debatido mucho en esta Cámara sobre la idoneidad del modelo. Pero aquí hay una aplicación torticera del mismo.

Miren, la liquidación del ejercicio 2014 ha sido positiva para Andalucía en 1.079 millones de euros. Esto significa que las entregas a cuenta que se recibieron en el año 2014 fueron menores que los ingresos que realmente le correspondían por el sistema de financiación. Y ahora, dos años después, lo paga el Ministerio. ¿Cuál hubiera sido la diferencia de haberlo recibido hace dos años?

Hace dos años todavía no se vislumbraba el horizonte de una posible recuperación económica, estábamos en un momento difícil y complicado, y si hubiéramos tenido esos 1.000 millones, evidentemente, nuestra situación hubiera sido más holgada.

Y, aun así, a pesar de eso, Andalucía ha cumplido con los objetivos de déficit cuando el Gobierno de España no estaba cumpliendo con Andalucía.

Cumplimos con España cuando el Gobierno de España no cumple con Andalucía. Incluso en asuntos sensibles, asuntos como el debate de computar o no los 200 millones que Andalucía destinó a dar el tratamiento a los enfermos de hepatitis C en el objetivo de déficit.

Más allá de los 200 millones de euros, de lo que estamos hablando es de una realidad, de un mensaje que se le estaba trasladando a Andalucía y a este Gobierno: que cuando Andalucía tomara la decisión de atender a personas en situación de vulnerabilidad, que cuando Andalucía tomara la decisión de dar cobertura o asistencia a determinados colectivos que lo demandaran, Andalucía iba a estar sola.

Así, en la misma soledad de esos 200 millones de la hepatitis C, ha dejado  el Gobierno de España a nuestra tierra en muchas ocasiones cuando hemos tenido que sacar adelante y afrontar el gasto a los dependientes en Andalucía.

No quiero seguir extendiéndome más en esta cuestión. Simplemente quiero trasladarles que es urgente la celebración de una Conferencia de Presidentes que garantice, por encima de todo, que todos los territorios, que todas las comunidades y Andalucía -especialmente Andalucía, que no lo ha visto así cumplido en los últimos años- cuenten con los recursos suficientes para garantizar no solo la prestación de los servicios públicos, sino que esa prestación de los servicios públicos se haga en igualdad de condiciones en el conjunto de España.

Este debe ser el debate, en lugar de plantearlo en clave de conflictos territoriales.

Y para lograr que el gobierno acceda a esto, incluso para obligarlo a través de un acuerdo en las Cortes Generales, es necesario que haya un gobierno que no pueda escudarse en que se encuentra en funciones para no atender nuestras reivindicaciones.

Y lo mismo sucede con leyes injustas, como la LOMCE. Sé que a algunos no les gustará oír esto, pero es mi responsabilidad advertirlo, como presidenta de la Junta de Andalucía, porque no se puede seguir sosteniendo por más tiempo que los ciudadanos estén soportando leyes injustas que pueden ser modificadas en las Cortes Generales. Aunque duela, ésta es la verdad.

Con todas estas limitaciones, mi gobierno consiguió aprobar el pasado año unos Presupuestos que han servido para impulsar a nuestra tierra. Y hace apenas unas horas hemos logrado un principio de acuerdo que garantizará unos Presupuestos para Andalucía en 2017.

Con ello, creo que estamos trasladando una importante señal de estabilidad y de avance en un momento en el que demasiadas cosas están en España en el aire o paralizadas. Honestamente, creo que hemos cumplido y estamos cumpliendo con una obligación que van a celebrar la mayoría de los andaluces y las andaluzas.

Antes de entrar en algunos aspectos de este Presupuesto, que sin duda marcará la acción del gobierno una vez sea aprobado, quiero compartir con todos ustedes una reflexión sobre la necesidad y la importancia del diálogo y de alcanzar acuerdos en esta Cámara.

La composición de esta Cámara responde, como siempre, a la voluntad de los andaluces, a la voluntad de los ciudadanos que se ha visto reflejada en una importante pluralidad. Es más, el Grupo Socialista, que es el mayoritario, es una gran minoría de este Parlamento porque los demás grupos suman más escaños que el grupo Parlamentario Socialista.

Ante esa situación, o se articulan mayorías mediante acuerdos o se produce un bloqueo político. Es lo que ha sucedido en España en los últimos diez meses y creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos que reconocer que esa es una situación indeseable.

Tengo que reconocer que estos acuerdos han sido posibles en esta Cámara por la voluntad de entendimiento que el Grupo Ciudadanos, a la que el Gobierno ha respondido con un alto grado de cumplimiento de los acuerdos. En efecto, de los 70 compromisos que incluye el Acuerdo de Investidura, más de la mitad o se han cumplido íntegramente o se encuentran en ejecución. Por eso quiero reconocer esa voluntad de entendimiento.

En el resto de los grupos, sin embargo, la tentación de bloqueo parece intacta y creo no ser injusta con nadie si digo que si por PP y Podemos fuera nunca hubiera habido investidura, tal como ocurrió en las Cortes Generales el pasado marzo, cuando ambos se pusieron de acuerdo para votar en contra de un candidato socialista a la Presidencia del Gobierno.

Digamos la verdad: tampoco hubiera habido presupuestos. He oído decir a algunos dirigentes de alguna formación de esta Cámara que con semejante actitud, han ganado en independencia. No lo sé, no puedo valorarlo. Pero sí estoy segura de que perdieron una ocasión de oro para defender los intereses de los ciudadanos. De eso sí estoy convencida.

Creo que esto no es una interpretación razonable del resultado de las urnas. Con una fragmentación como la que se registra en esta Cámara, no creo que sea de recibo descalificar los acuerdos que permiten la estabilidad. Descalificaciones gruesas es lo que han recibido el acuerdo de investidura y el presupuestario por parte de quienes no los suscribieron.

Y, hablemos con claridad, no es cierto que los supuestos extremos de la Cámara –extremos que tan a menudo se tocan— no se pongan de acuerdo.

En esta Cámara se han puesto de acuerdo y mucho. De hecho, votan con frecuencia en el mismo sentido. Lo hicieron para evitar que hubiera gobierno en Andalucía, lo hicieron para evitar que hubiera presupuesto en Andalucía y lo hacen cada vez que lo consideran oportuno, aunque sea de forma tan estrambótica como la que vivimos en el pasado pleno cuando el PP apoyó la iniciativa LGTBI que presentó Podemos.

Les pregunto si no es hora de que quienes se ponen de acuerdo para decir que no, alguna vez puedan ponerse de acuerdo en algo positivo.

En relación a los Presupuestos para 2017, nuestro objetivo es volver a poner en el primer plano las necesidades que tienen los andaluces, como son el empleo y el fortalecimiento de los servicios públicos, y espero que sea ahí donde se manifieste esa voluntad de acuerdo.

Y tiendo la mano a todas las fuerzas políticas de esta Cámara para que se sumen a unos buenos Presupuestos. A un gran Presupuesto para Andalucía que sea el que garantice la creación de empleo, de riqueza y el mantenimiento de los derechos públicos que garantizan la igualdad. Si eso es así, se abriría un camino distinto para quienes hasta ahora no han tenido la voluntad de recorrerlo.

El Presupuesto de 2017 tiene que ser un presupuesto de oportunidades para todos los ciudadanos.

Gobernar es elegir, es priorizar. Y nosotros tenemos algunas prioridades claras. Permítanme que entre directamente en materia.

Nos proponemos fortalecer algunas políticas importantes para la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, incrementar en más de un 5% (un 5,5%) las partidas destinadas al Servicio Andaluz de Salud.

La gestión de la sanidad pública universal, gratuita y de calidad exige un gran esfuerzo. Mucho más, en un contexto en el que el Gobierno de España y muchas comunidades autónomas han optado, bajo gobiernos de la derecha, por desmantelar lo que es un pilar básico del Estado del Bienestar, a través de privatizaciones, reducción de cartera de servicios o, lo que es aún más grave, expulsando del sistema a centenares de miles de personas.

Sin duda, la Junta de Andalucía puede cometer errores, puede realizar actuaciones que no son comprendidas por los ciudadanos que están preocupados, como es completamente natural, por su derecho a la salud. Errores por los que pedimos disculpas y actuaciones que posiblemente deberíamos explicar mejor.

Es verdad que esto que ha sucedido recientemente en Granada -en Granada y allí donde alguna vez pueda surgir un problema parecido- este Gobierno y yo misma vamos a estar dispuestos a escuchar, a atender, a cambiar lo que haga falta y a mejorar en lo posible los servicios que prestamos porque son una garantía para el conjunto de los ciudadanos.

Y quiero que, al mismo tiempo, los ciudadanos tengan la seguridad de que defendemos el sistema, lo modernizamos, atendemos cada enfermedad con sus tratamientos, extendemos la red pública de atención sanitaria y, lo que es aún más importante porque ha estado en peligro en estos últimos años, garantizamos la sostenibilidad del sistema.

A veces con medidas como la subasta de medicamentos que el Gobierno de España trata de obstaculizar, incomprensiblemente porque parece más pendiente de la cuenta de resultados de las grandes multinacionales farmacéuticas que por la eficiencia del gasto sanitario.

Nuestra apuesta en materia sanitaria pasa, además, por mantener la asistencia universal y gratuita para toda la población. Con tres ejes:

Fortalecer la investigación biomédica y las terapias avanzadas, que son una esperanza para miles de ciudadanos.Mantener la apertura de nuevas infraestructuras. Saben que entre finales de 2016 y principios del 2017 van a entrar otras nuevas 8 infraestructuras pendientes en vigor. Además, a lo largo del presente año ya hay 17 más que se han puesto en marcha o que han mejorado su equipamiento, entre hospitales y centros de salud.Y vamos a incrementar la oferta de empleo público sanitario en 2.500 plazas para el 2017, que se van a sumar a las casi 3.400 aprobadas en 2016.

De otro lado, este mismo mes de octubre, el Consejo de Gobierno dará luz verde al anteproyecto de Ley para la Promoción de la Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada.

Junto a la sanidad, la educación es garantía de igualdad de oportunidades para los ciudadanos y un formidable ascensor social. Además es una pieza imprescindible para el avance de cualquier sociedad.

Frente a quienes, como el Gobierno de España, se comprometen ante Bruselas a recortar aún más en ese esfuerzo educativo en términos de riqueza, el Gobierno andaluz sube su apuesta educativa incrementando sus presupuestos casi un 4%.

Antes de que acabe el año, el Consejo de Gobierno va a aprobar el Plan de Éxito Educativo de Andalucía y vamos a acentuar las medidas adoptadas en el presente año, cuyos resultados son tangibles.

Estamos haciendo un gran esfuerzo y podemos verlo en que se han creado:

3.438 nuevas plazas para educación infantil en este curso, que se unen a las 3.000 del pasado año. 9 de cada 10 alumnos de Educación Infantil tienen plaza bonificada.Casi un millón de alumnos se benefician de la gratuidad de los libros de texto en Andalucía y hay 100.000 beneficiarios del transporte escolar gratuito.Gracias a la puesta en marcha del Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2016-2017, dotado con 107 millones de euros, se van a llevar a cabo nuevas actuaciones de construcción, ampliación y reforma de centros educativos en toda Andalucía. De este plan ya hay 13 obras finalizadas, 31 en construcción y 30 en contratación. Y se han autorizado 266 actuaciones específicamente destinadas a atender necesidades de escolarización y urgencias técnicas y al Plan de retirada de aulas prefabricadas. Durante el curso 2015/2016 se han eliminado 104 módulos prefabricados y está previsto retirar otros 124 edificios más durante el año 2017.Además, se ha iniciado la retirada progresiva del amianto en las infraestructuras públicas educativas (60 millones de euros contempla el plan en 6 años).

Y mientras las políticas de la derecha han expulsado a miles de alumnos de sus estudios, en Andalucía hacemos un gran esfuerzo para facilitar el acceso a la educación:

Hemos invertido casi 30 millones de euros en becas propias. Eso ha permitido que muchos niños no abandonen sus estudios por falta de recursos. Casi 60.000 estudiantes se han visto beneficiados. Se ha congelado el precio de los Grados con un precio único para todas las ramas de Conocimiento y se ha reducido el precio de los Másteres. Y todo eso permite el acceso a una formación más especializada. Se ha tomado la decisión de fraccionar en 8 el pago de la matrícula universitaria. Y aquellos alumnos que tienen especial dificultad, en una situación más vulnerable, lo pueden fraccionar hasta en 10 plazos. Andalucía es la primera comunidad de toda España que ha ofrecido ayudas a universitarios para la acreditación de competencias idiomáticas de nivel B1 o superior, con una dotación de 3 millones de euros.

Y vamos continuar con ese esfuerzo, y puedo anunciarles que para 2017 se van a convocar 2.300 nuevas plazas de empleo público en educación en Andalucía.

Junto a las nuevas plazas de empleo público que les he señalado antes en el ámbito sanitario y las nuevas destinadas a la Administración General, en total, la oferta pública de empleo para 2017 superará las 5.500 plazas.

Y junto a la educación y a la sanidad, las políticas de igualdad son señas de un gobierno socialista. Por ello en 2017 van a ser igualmente reforzadas, con un incremento superior al 3%.

Es necesario porque los datos, por ejemplo, en dependencia, son concluyentes.

Asumimos el 80% de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. Y para que quede claro, porque algunos no quieren reconocer esta cifra, de los 1.132 millones de euros que cuesta al año la dependencia en Andalucía, el Gobierno del Sr. Rajoy ha estado aportando 242 millones y la Junta de Andalucía 891, el 80% del coste de la Dependencia.En Andalucía hay 180.574 personas beneficiarias y existen 234.307 prestaciones.Desde el inicio de la ley se ha atendido en Andalucía a 365.258 personas y se han concedido casi medio millón de prestaciones.A 30 de septiembre de este año 2016, se han incorporado 19.602 nuevas personas y se han realizado 56.440 valoraciones, prácticamente el 94,34% del total.

Además, esta apuesta por la igualdad, manteniendo a pulmón la asistencia las personas con Dependencia, ha permitido que se creen 45.000 empleos en Andalucía desde la puesta en marcha de la Ley.

En este año, la obra de este gobierno en materia social ha sido muy importante, con la aprobación del proyecto de Ley de Servicios Sociales, del proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad y del Anteproyecto de la Ley del Voluntariado.

Y además, vamos a iniciar la tramitación de la Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía y vamos a desarrollar, la Estrategia de Envejecimiento Activo y la de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía, que es una reclamación en todos los territorios.

No puedo acabar este apartado sin hacer referencia al horror que hemos vivido debido al último crimen machista que se ha producido en Andalucía. En el caso de Estefany en Olivares, además del horror que nos provoca siempre que las mujeres sean perseguidas por el hecho de ser mujeres, la cadena de errores, la negligencia con la que se ha actuado, debe hacernos a todos recapacitar.

Saben que siempre he pedido, y lo sigo pidiendo, un Pacto de Estado contra la violencia de género, un pacto urgente. Pero mientras se produce, creo que tenemos que actuar todos ya, de manera inmediata, porque nuestras mujeres merecen seguridad.

Y aquellas que dan el paso de denunciar, como el caso de Estefany, tienen que sentir que todas las administraciones, todos los gobiernos y que la sociedad en su conjunto las protege, las protege en el derecho a la vida.

Por eso reclamo y pido que todas las instituciones, la Junta de Andalucía la primera, pongamos cuantos recursos sean necesarios. Y controlemos la gestión de esos recursos, para que casos como el de Estefany, con denuncia, por negligencia y por una cadena de errores,  no se vuelvan a producir.

En lo que se refiere a la Administración de Justicia, Andalucía invertirá hasta 2020 más de 30 millones de euros en la modernización para avanzar hacia una verdadera Justicia Digital.

En 2017 van a entrar en funcionamiento los proyectos piloto de Oficina Judicial y Fiscal en Vélez Málaga y El Ejido y en la Fiscalía de Sevilla, y se va a poner a disposición de la Administración de Justicia la nueva Ciudad de la Justicia de Córdoba.

No quiero concluir este somero repaso a algunas de las principales políticas públicas, sin mencionar el importante esfuerzo que está haciendo este gobierno en materia de recuperación de derechos laborales suspendidos durante la crisis por las políticas restrictivas del PP:

Como saben, vamos a recuperar en enero la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los sectores de la administración autonómica. Permítanme que anime a la Cámara a realizar un pronunciamiento expreso para instar al Gobierno del Sr. Rajoy a que no obstaculice este importante avance con ningún recurso que pretenda paralizarlo o demorarlo.

Además, una vez abonado el 50% ya de la paga extra pendiente, como los funcionarios han podido notar en sus nóminas el mes pasado, se va a continuar con el calendario de devoluciones que se acordó y se firmó con los sindicatos.

Igualmente, vamos a proceder a la recuperación de los días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados.

Pero no sólo se trata de fortalecer la Administración con más recursos, con más personal y con más derechos. También tenemos que hacer un esfuerzo por la legitimación de lo público.

Para ello, uno de los principales objetivos que nos hemos marcado como gobierno, es precisamente colocar a la Administración en el lugar que le corresponde y para ello tenemos que dar un paso de gigante en la valoración de los funcionarios y empleados públicos, en la transparencia y en la gobernanza.

En esta línea quisiera destacarle tres ámbitos en los que estamos trabajando:

En el segundo trimestre del próximo año vamos a iniciar la tramitación de la Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos.Estamos planificando una Corporación Formativa única para coordinar la tarea de las distintas instituciones que imparten formación a empleados públicos.Vamos a implantar un modelo de evaluación de las políticas públicas que se adecua a la normativa de la Comisión Europea.

Permítanme que haga un análisis que puede parecer rompedor: tenemos que saber si las políticas que llevamos a cabo cambian o no la vida de la gente, sirven o no sirven.  Y las que no lo consiguen, pues hay cambiarlas sin titubear.

Cuanto tengamos que cambiar para ser más útiles, más eficaces y transformar la vida de los ciudadanos. Y estoy convencida de que ellos empezarán a depositar esa confianza en las instituciones que nos han retirado en los últimos años.

Igualmente, estamos ultimando un decreto por el que se creará la Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, con el fin de prevenir e investigar posibles casos concretos de uso o destino ilegales o irregulares de fondos públicos, o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses, o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

Como saben también, hace sólo unos días se firmó un acuerdo pionero suscrito por el Gobierno andaluz y los agentes sociales de Andalucía CEA, UGT y CCOO para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos.

Fue un hito importante valorado por quienes firmamos ese acuerdo, pero que abre una esperanza y, esperamos, un sendero a recorrer por el resto de administraciones.

Estas cláusulas sociales y medioambientales que incorporará Andalucía en la contratación de la Administración autonómica persigue entre sus objetivos la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, garantizar aspectos como salarios justos, condiciones laborales dignas o medidas para la conciliación, al mismo tiempo que preservar nuestro patrimonio medioambiental.

En lo que se refiere a la economía, nuestra comunidad acumula diez trimestres consecutivos de crecimiento interanual, muy por encima de la zona euro.

Debemos, sin duda, acelerar nuestro crecimiento. Pero lo fundamental no es sólo crecer, sino que eso se traduzca en empleo, y en empleo de calidad. Sin duda, el principal cambio que tenemos por delante es acabar con la lacra del desempleo.

Por eso, a combatirlo destinamos todos nuestros esfuerzos. La situación sigue siendo preocupante, aunque la evolución sea positiva.

En el último año es verdad que ha subido el número de ocupados y que ha descendido tanto el número de parados como la tasa de paro.

Y es verdad que el número de ocupados en Andalucía es el mayor de los últimos seis años.

En el último año la tasa de paro andaluza se sitúa por debajo del 30%, en el 29,07%.

Es la más baja desde el cuarto trimestre del año 2010. Y progresivamente nos alejamos de ese millón de parados inscritos: estamos en 910.000 en la actualidad.

Pero mientras haya ciudadanos que lo pasan mal, no es suficiente. Y para acentuar esta tendencia positiva, la Junta de Andalucía está actuando en varias direcciones.

Como saben, hemos retomado en este año los cursos de formación, con el objetivo de revertir el empleo perdido durante la crisis económica. En total, se destinan más de 142 millones de euros a las nuevas convocatorias para los cursos y para las acciones de Formación Profesional para el Empleo.

Además, se acaba de publicar la nueva orden para el Programa Andalucía Orienta, destinado al asesoramiento e inserción laboral.

La nueva convocatoria, con 60 millones de euros bianuales, eleva un 123% el presupuesto que destina la Junta de Andalucía a orientación laboral. Y nuevamente con esfuerzo presupuestario andaluz frente a los recortes del Ministerio de Empleo.

En este curso, el Gobierno andaluz ha dotado con 1.141 millones de euros las medidas orientadas al fomento de empleo para el año 2016, y se prevé la contratación de más de 60.000 personas en la puesta en marcha de los planes de empleo.

Además, les anuncio que antes de finalizar el presente año, la Junta de Andalucía va a poner a disposición de las empresas andaluzas tres nuevos instrumentos de ayudas:

En primer lugar, una línea de incentivos al Desarrollo Industrial (448,8millones de euros). Van a tener una especial consideración los proyectos de inversión que generen empleo y que estén alineados con las prioridades de la Estrategia de Innovación andaluza 2020.Igualmente se prevé la puesta en marcha de una orden de subvenciones dirigidas a promover la I+D+i en el sector privado en Andalucía (dotado con 135,3 millones de euros), fomentando el partenariado con los agentes públicos para estimular la generación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido.Y una línea de apoyo a las empresas TIC por 27,9 millones de euros.

Es cierto que las medidas de creación de empleo no pueden ser meramente paliativas, pero también es cierto que son bien recibidas por miles de personas que acceden a estos puestos, como muchos jóvenes que tienen la oportunidad de tener su primer empleo.

La Junta de Andalucía ha cumplido sus compromisos y los ayuntamientos ya están recibiendo las resoluciones relativas a la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria (Emplea Joven y Emplea 30+), con lo que este mismo mes de octubre comenzará el pago, porque ya se están recibiendo las resoluciones, tal y como hablamos aquí en la última sesión del pleno.

Por eso, junto a estos planes de empleo, también hacemos un esfuerzo por impulsar los sectores productivos. Tenemos que incrementar su competitividad y estimular la creación de empleo. Permítanme un pequeño repaso a nuestras actuaciones.

En cuanto al sector agroalimentario, una de las actuaciones más relevantes ha sido, indudablemente, la aprobación del inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. Un compromiso no sólo de este Gobierno, sino también del Gobierno de coalición anterior. Un compromiso que ve la luz centrado en las personas, en las pequeñas y medianas empresas, y que contará con potentes instrumentos de planificación para preservar determinadas zonas y explotaciones agrarias de especial interés o para ordenar las explotaciones, de manera que tengan una dimensión suficiente e infraestructuras adecuadas.

Además, el Gobierno andaluz apoya de forma constante el proceso de transformación en el que se encuentra inmerso nuestro sector, porque va dirigido a ser más competitivo y sostenible.

Por ello, hemos puesto a su disposición más de 700 millones de euros de incentivos en el marco del actual Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, destinados fundamentalmente a la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes y el fomento de la producción ecológica.

En relación a esta última, además, se ha aprobado el III Plan Andaluz de Producción Ecológica Horizonte 2020, que cuenta con un presupuesto de 301 millones de euros, y que contribuirá a mantener el liderazgo a nivel nacional y europeo que tiene Andalucía en estos momentos en el sector.

Por otro lado, estamos afrontando el déficit industrial que históricamente padece nuestra comunidad.

Hemos aprobado la estrategia industrial de Andalucía para convertir a este sector en el motor del nuevo modelo productivo regional, elevando hasta el 18% su peso en la economía andaluza, porque eso va a ayudar a generar nuevo empleo estable y de calidad.

Para lograr estos objetivos, se prevé movilizar una inversión de más de 8.000 millones de euros a través de instrumentos financieros y nuevos incentivos al desarrollo industrial, la creación de empleo y la I+D+i, entre otras actuaciones.

En este sentido, puedo anunciarles que la Junta de Andalucía va a promover un nuevo plan de empleo dotado con 200 millones de euros, que incluye un plan específico de Plan de Empleo Industrial y otro dirigido a colectivos vulnerables.

También se ha aprobado la nueva Estrategia Minera que establece las bases de la política autonómica de apoyo a este sector hasta 2020.

La nueva planificación aprovechará las perspectivas abiertas en los últimos años por el resurgimiento de la minería metálica, cuya creciente demanda vuelve a hacer rentable la investigación de yacimientos y la apertura de nuevas explotaciones.

Así lo demuestra la apertura o reapertura en seis yacimientos mineros de nuestra comunidad (Aznalcóllar, Riotinto, Calañas y Valverde del Camino, Almonaster la Real, Alquife y Aguas Teñidas), lo que puede suponer unos 10.000 empleos en el sector.

Igualmente, quiero anunciarles que próximamente la Junta de Andalucía va a dar un nuevo impulso al sector de la construcción sostenible. Un sector con demanda, y cuyos programas anteriores han tenido un reconocimiento importante por miles de andaluces que se han visto beneficiados. Este nuevo programa de incentivos, dentro de un programa de mejora energética que cuenta con un presupuesto de 231 millones de euros, financiará alrededor de 80 tipos de actuaciones diferentes.

Con estas nuevas líneas de incentivos prevemos que se movilice en Andalucía una inversión de 1.200 millones de euros y que genere un ahorro económico superior a los 2.000 millones de euros.

Igualmente, se ha aprobado el primer plan de acción 2016-2017 de la Estrategia Energética de Andalucía 2020, que va a permitirnos alcanzar, entre otros objetivos, que sea posible aportar con fuentes renovables el 25% del consumo final bruto, así como una reducción del 30% de las emisiones de CO2.

En el sector turístico, hemos aprobado importantes iniciativas. Iniciativas que van a redundar en la consolidación del futuro de un sector estratégico para nuestra tierra; avanzar en la creación de empleo estable y de calidad, que es la principal reivindicación que este Gobierno le hace al sector, y que nos va a permitir también aumentar su competitividad.

Destaca el Plan General de Turismo Sostenible Horizonte 2020, mediante el cual invertiremos 420 millones de euros para impulsar el sector.

Además, gracias a la aprobación a lo largo de este año de los Planes Turísticos de Grandes Ciudades, la Estrategia de Fomento del turismo de Interior y II Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística atendemos las necesidades de todo el sector en el conjunto del territorio.

El diálogo con los representantes del sector ha sido la base, lo que nos ha permitido mirar al horizonte de manera positiva. Tengo que recordar la firma en julio de 2016 de la Alianza por el Turismo Innovador y Competitivo de Andalucía, en la que de nuevo los agentes sociales de Andalucía y el Gobierno han puesto su firma para comprometerse con el desarrollo de un modelo de crecimiento turístico basado en la sostenibilidad integral, en la excelencia y en la generación de riqueza y empleo de calidad.

En Andalucía apostamos por el tejido empresarial andaluz y por los autónomos, porque sabemos además que son el verdadero motor de empleo.

Gracias a la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, actualmente en tramitación, en Andalucía vamos a impulsar entre 2017 y 2020 la creación de unas 60.000 nuevas empresas y generar en torno a 72.000 empleos.

El texto, que en su memoria económica consigna un presupuesto de 160 millones de euros para esos cuatro años, establece como principal novedad la garantía legal del derecho de las personas a desarrollar iniciativas empresariales en igualdad de oportunidades.

Para el Gobierno andaluz, la economía social es una apuesta segura para consolidar la actividad productiva y aportar estabilidad económica. Por eso, se ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de Cooperativas, que modificará la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, vigente desde el año 2011, y que tiene como fin flexibilizar las exigencias para la creación de cooperativas. Junto a ello, en junio aprobamos el Plan para el Trabajo Autónomo, que va a destinar 434 millones de euros al desarrollo de medidas de fomento empresarial, la mejora socio-laboral y la promoción del conocimiento del sector.

Hay otra demanda generalizada y que aflora en cuantas reuniones mantenemos con los distintos sectores económicos en Andalucía. Es la simplificación administrativa, que es otro de esos pilares fundamentales para facilitar que haya desarrollo empresarial en nuestra tierra. Me han escuchado decir que más normas no significan más seguridad, y lo creo, y menos cuando las exigencias de esas normas no estén absolutamente justificadas.

Ésa es la línea en la que trabaja este Gobierno, en la reducción de las trabas administrativas y al mismo tiempo en que cuando vean la luz nuevas normas se garantice que no se amplíen las trabas administrativas.

En enero de 2016 se aprobaron una serie de medidas técnicas para sustituir 36 licencias por trámites reducidos de declaración responsable. Creo que es una buena noticia y un camino en el que tenemos que seguir trabajando y donde hace falta además que lo hagamos de manera coordinada las distintas administraciones para que esos trámites se reduzcan, no sólo en el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino también en las distintas instituciones.

Sin duda, la aprobación en noviembre de 2015 del Plan de Internacionalización y su desarrollo está ayudando a mejorar las exportaciones de las empresas andaluzas y contribuyendo a su redimensión. Para ello cuenta con un presupuesto de 289 millones de euros. No olvidemos que muchas empresas han soportado una situación de crisis económica brutal porque tenían mercados y eran competitivas fuera de nuestra tierra, incluso muchas de ellas fuera del marco europeo.

Recuperar la investigación y la innovación como motor de desarrollo socioeconómico es fundamental para mejorar la cohesión social y territorial de Andalucía. Es una apuesta estratégica imprescindible para que Andalucía dé ese salto ya de competitividad que necesita para crecer. Por eso, hemos hecho un esfuerzo importante en marzo de 2016 en la aprobación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020.

El PAIDI establece el marco de la política científica y de I+D+i en Andalucía para los próximos cinco años, y tiene especial atención a la recuperación económica y a la creación de empleo.

También a este objetivo de recuperación económica y creación de empleo se destina el esfuerzo presupuestario que estamos planificando en materia de infraestructuras para 2017, en el que confiamos incrementar en torno a un 10% la partida presupuestaria de la Consejería de Fomento.

Antes de final de año se aprobará el plan PISTA 2020 que cuenta con una dotación económica de 1.300 millones de euros y que da cobertura a la culminación de los proyectos que el ciclo más severo de la crisis económica y presupuestaria impidió continuar y que ahora se podrán desarrollar. Un Plan que lamentablemente se pone en marcha sin el aval económico del Gobierno central.

Andalucía pondrá en marcha una planificación que estimamos que arrastre una inversión privada de 1.068 millones de euros (tan sólo en materia de Puertos y Áreas Logísticas) y que generará 26.607 empleos.

En los próximos meses se va a poner en carga una inversión de 97,1 millones de euros para, además de reiniciar las obras en el ramal ferroviario entre Vadollano y Linares, en la provincia de Jaén, continuar con las obras del Metro de Málaga y de la ampliación tranviaria del Metro de Sevilla hasta Alcalá de Guadaíra, así como culminar las actuaciones necesarias para la próxima puesta en funcionamiento del Metro de Granada y del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz.

De esta forma, Andalucía, que es la única comunidad con dos metros en funcionamiento en dos ciudades (Málaga y Sevilla), pasará a tener cuatro sistemas de transporte sostenibles.

Me van a permitir que repare en este punto en un proyecto fundamental para la ciudad de Sevilla: el Metro.

En relación con el Metro de Sevilla, quiero que tengan la certeza de que la Junta de Andalucía tendrá una consignación presupuestaria preparada para continuar con nuevos tramos, de acuerdo con los proyectos que ya tenemos.

Estamos dispuestos a retomar las obras en el momento que el Gobierno de la nación acuerde con el Ayuntamiento y con la Junta ese convenio necesario para su financiación, como ha hecho en otras ciudades españolas con infraestructuras de este tipo. Con el Metro de  Sevilla, que lo hizo un Gobierno socialista y que lo continuará un Gobierno socialista, lo que tiene hacer el  Gobierno de España es arrimar también el hombro, dado el coste presupuestario que tiene dicha obra, para evidentemente no agraviar ni a Sevilla ni a los sevillanos y sevillanas.

Además, durante el próximo periodo de sesiones tendrá entrada en esta Cámara el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Esta Ley persigue paliar en la mayor medida posible los efectos negativos de la movilidad, promoviendo un transporte más ecológico, fundamentalmente mediante el fomento del transporte público y de la movilidad no motorizada, contribuyendo con ello a una mejora sustancial del medio ambiente y a la salud de la población

En cuanto al Plan de Vivienda y Rehabilitación, permítanme destacar que va a desplegar sus primeros efectos con la concesión de 12.000 ayudas para el pago del alquiler de familias con escasos recursos y de 480 ayudas para la rehabilitación de los edificios donde residen 7.600 familias andaluzas.

Y entre las apuestas de este Gobierno en materia de rehabilitación, permítanme destacar también la que se va a llevar a cabo en los barrios de Parque Alcosa, en Sevilla; Torrejón, en Huelva; Polígono El Valle, en Jaén, o Fuentecica, en Almería, por citar algunas inversiones de esos 100 millones de euros que van a estar destinados a las áreas de intervención en rehabilitación.

En materia de medio ambiente, con la finalización de la declaración de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) a lo largo de esta legislatura, Andalucía pasará a tener algo más del 30% de su territorio protegido. Con ello, la región se posicionará a la vanguardia de Europa en cantidad y calidad de sus espacios naturales, dotados de innovadores instrumentos de planificación y gestión, y todo ello en un marco importante de participación social.

Hemos culminado la Red Natura 2000, que proyecta la imagen más atractiva de Andalucía a nivel mundial, y que va a permitir la puesta en valor de  nuevos enclaves naturales de gran interés, desconocidos además para el gran público, lo que contribuye, entre otros, a aumentar el interés como destino turístico que tiene nuestra comunidad.

Igualmente, de inmediato vamos a poner en marcha los planes de gestión integral de los Montes Públicos de los Alcornocales y de la Sierra Norte de Sevilla, que, recordemos, tienen como finalidad contribuir a dinamizar la economía productiva rural.

En el marco del Plan de Desarrollo Rural para Andalucía 2014-2020, aprobado en el mes de junio de este año 2016 por la Comisión Europea, se tiene previsto licitar en próximas fechas varios proyectos forestales que, en su conjunto, cuentan con un presupuesto superior a 25 millones de euros.

Para terminar en este apartado, les recuerdo que el pasado mes de agosto se aprobó la ampliación del Espacio Natural Doñana en aproximadamente 14.400 hectáreas, así como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana.

Es un paso más en nuestra defensa, absolutamente irrenunciable, del Parque Nacional, una joya ecológica del planeta que tenemos la obligación de preservar a toda costa.

¿Por qué digo esto? Porque quiero en este punto señalar que bajo ningún concepto, con ninguna excusa, vamos a aceptar ningún subterfugio ni ninguna triquiñuela legal que ponga en peligro a Doñana. No vamos a permitir que se autoricen actividades potencialmente nocivas para el parque ni su entorno. Me estoy refiriendo a la polémica sobre el gaseoducto en Doñana, para que no haya ninguna duda.

Antes de finalizar este repaso por nuestras políticas públicas quisiera detenerme en un activo capital para nuestra tierra como es la cultura. Antes de final de año van a abrir sus puertas dos espacios culturales de extraordinaria importancia: el Museo de Málaga y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía en Córdoba.

El Museo de Málaga no sólo va a convertirse en el quinto espacio museístico más importante de España, sino que significa el triunfo de una amplia movilización de ciudadanos de Málaga para que el Palacio de la Aduana se integrara en la ciudad de Málaga como un elemento de primer orden en la oferta cultural y turística.

Fue un gobierno socialista quien devolvió el Palacio a la ciudad y es un gobierno socialista quien lo ha convertido en uno de los grandes destinos culturales de Andalucía.

El Centro de Creación Contemporánea de Córdoba va a erigirse en un punto de encuentro para los creadores, un espacio para difundir su nuevo lenguaje. Y, como sucede en Málaga, y va a suceder en 2017 con la apertura del Museo de Arte Ibero de Jaén, serán un revulsivo para esas ciudades y, lo que es también muy importante, van a constituir nuevos elementos dinamizadores de la industria cultural andaluza.

La cultura andaluza no es sólo una herencia extraordinaria, que lo es, recibida además a través del impresionante patrimonio histórico de nuestra tierra.

La cultura, el talento, la creatividad de nuestra gente forman parte de nuestro ADN como pueblo y es absolutamente necesario que convirtamos ese fenomenal activo en una fuente de riqueza y empleo.

En eso estamos y en eso queremos seguir avanzando.

Estamos hablando de insertar a nuestra tierra entre las comunidades más implicadas en la industria cultural, que vive una auténtica revolución en todo el mundo. Sólo en Europa da empleo a 7,7 millones de personas, aproximadamente el doble que la industria automovilística.

La irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito cultural ha disparado las expectativas económicas de este sector. Las aplicaciones digitales destinadas al conocimiento del Patrimonio, la industria audiovisual y del rodaje –en la que nuestra tierra tiene un potencial de primer orden mundial, con más de 1.200 rodajes en 2015-, o la propia innovación tecnológica, son espacios por los que Andalucía debe apostar.

La Junta de Andalucía va a acentuar esa apuesta, que va a multiplicarse con la alianza estratégica sellada con las diez universidades andaluzas. En los presupuestos que estamos confeccionando para 2017, la Consejería de Cultura va a incrementar sus partidas por encima del 15%.

Vamos a tener un año muy intenso en lo cultural en Andalucía: el aniversario de Murillo, el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, el de la primera circunnavegación del planeta y los 90 años de la generación del 27 van a ser oportunidades. Oportunidades para reforzar a nuestra tierra en el panorama cultural mundial y, sobre todo, les insisto, para situarnos en el corazón de la industria cultural.

A lo largo de mi intervención he dado cumplida cuenta de buena parte de las políticas y actuaciones del Gobierno andaluz. De otras, muy posiblemente tengamos ocasión de analizar a partir del debate que ahora va a tener lugar.

Mucho trabajo detrás de las mismas, mucho rigor y mucho esfuerzo ante dificultades y problemas que no son, en la práctica totalidad de los casos, de fácil solución.

Políticas que son señas de identidad de un gobierno progresista, el más importante de España y uno de los más importantes de Europa.

Como presidenta de este gobierno socialista, me enorgullezco de serlo, aunque también lamento muy sinceramente que en España y en Europa no abunden gobiernos de este signo político.

Es un gobierno de izquierdas. Un gobierno que cumple con una premisa básica: derrotar en las urnas a la derecha y mantenerla en la oposición, que es donde menos daño hace. Y ahí es, donde el PSOE de Andalucía y, si me permiten yo misma, tenemos a la derecha, donde menos le gusta estar.

Soy plenamente consciente de que la existencia de un gobierno de estas características en una comunidad con nueve millones de habitantes es un espejo donde a la derecha no le gusta mirarse, porque somos la demostración palpable, y para ellos irritante, de que otra forma de gobernar es posible.

Gobernar con criterios progresistas hasta en las más pequeñas decisiones que adopta este gobierno, que no significa en modo alguno prescindir del diálogo, de la negociación y del acuerdo, como hemos hecho referencia al inicio de esta sesión.

Mucho más cuando la aritmética parlamentaria nos obliga a optar entre esos acuerdos o reducir nuestra política a algo testimonial y, en definitiva, conducirla a la irrelevancia.

Esto último no lo voy a hacer nunca, porque sería tanto como renunciar a la voluntad auténticamente transformadora de la sociedad, a veces tan injusta, en la que nos ha tocado vivir, pero que necesitamos cambiar.

Una izquierda seria, consecuente, tan alejada del pensamiento único conservador que devasta los derechos de la gente y las esperanzas; y alejada también, esa izquierda seria y consecuente, del ilusionismo oportunista detrás del cual no se esconde ninguna otra solución real, que es lo que verdaderamente reclaman los conciudadanos, que son sus derechos.

Plantearse la política como un juego de todo o nada, más que un error, es una deslealtad hacia la gente. Una deslealtad que yo, como presidenta de Andalucía, no pienso cometer.

Desde esa firmeza en mis convicciones, con la conciencia tranquila de estar trabajando sin descanso junto a este gobierno, con nuestros aciertos y nuestros errores, siempre por el bien de Andalucía, les he hablado hoy, rindiendo cuentas ante el Parlamento que me invistió como presidenta hace 16 meses.

Confío en que este debate nos permita a todos mejorar y cumplir de la mejor manera posible con nuestro compromiso con Andalucía y con los andaluces.