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Las consejeras de Educación y de Igualdad y Políticas Sociales, Sonia Gaya y María José Sánchez Rubio, han informado hoy sobre la nueva edición de la Agenda Escolar Coeducativa 2018-2019, un material didáctico elaborado de manera anual por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con la Consejería de Educación con el fin de facilitar recursos coeducativos para trabajar en el aula. La iniciativa contempla la distribución de 5.500 ejemplares de esta agenda entre todos los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de Andalucía, si bien el material está disponible también en la web del IAM y en el portal del profesorado de la Consejería de Educación para su uso por parte de cualquier educador o educadora.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha participado hoy en las Jornadas informativas sobre 'La Ley de Igualdad: un compromiso de transversalidad del Gobierno de Andalucía', organizadas por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con el fin de dar a conocer los cambios administrativos que implicará la nueva legislación, que ya ha entrado en vigor. 

 

Las medidas contempladas en esta norma son de un enorme calado administrativo, y afectan de manera transversal a áreas tan diversas como la educación, la cultura, el empleo, los deportes, la salud, la universidad o la agricultura, entre otras. La reforma, que ha sido ampliamente debatida y consensuada, debido a su repercusión en diferentes administraciones, ha contado con las aportaciones de la sociedad a través del tejido asociativo de mujeres. 

 

Uno de los principales ámbitos afectados por la nueva normativa es el educativo, ya que la ley contempla incluir la igualdad de género en todo el diseño curricular de todas las etapas educativas, lo que implicará la revisión de los libros de texto, entre otros aspectos. El nuevo diseño deberá integrar conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres, sobre autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito doméstico, sobre resolución pacífica de conflictos y sobre prevención de la violencia de género, entre otros, además de eliminar lenguaje y tratamientos sexistas o estereotipados. 

 

Además, para reforzar el papel de los centros escolares como vehículos de transmisión de igualdad, la reforma garantiza planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes, y detalla todas las funciones específicas que desempeñará cada persona responsable de coeducación de su centro docente, encargada de velar por el cumplimiento de dicho plan. La formación obligatoria en igualdad del profesorado en prácticas y del equipo directivo de los centros públicos son otras de las novedades en este ámbito.

 

Junto a ello, Andalucía incorpora un importante avance en igualdad al garantizar por ley que el sistema universitario incluya enseñanzas obligatorias en igualdad de género en los planes de estudios universitarios, con especial incidencia en el grado, máster y doctorado en Ciencias de la Educación, de modo que el futuro profesorado cuente con esa formación, que computará además en los criterios de evaluación para el acceso a la función pública docente. 

 

En materia laboral, el texto incluye novedades como medidas para combatir la discriminación laboral y el acoso por razón de sexo; la elaboración de un plan andaluz específico extraordinario para la eliminación de la discriminación salarial por razón de género; la creación de un Registro de Planes de igualdad o la inclusión en los convenios colectivos de medidas de conciliación y flexibilidad horaria.

 

Conciliación y corresponsabilidad

Junto a ello, la nueva Ley de Igualdad contempla otras medidas en materia de conciliación y corresponsabilidad como la equiparación en el ámbito de la administración autonómica del permiso de paternidad con el de maternidad o las medidas de flexibilización horaria.

 

En el ámbito de la salud, la ley recoge la protección especial de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de garantizar el pleno derecho a las técnicas de reproducción asistida de las mujeres y prever las medidas necesarias para una atención específica a las necesidades de las mujeres en materia de salud y tratamiento de enfermedades. 

 

Junto a ello, la ley garantiza la atención social a las mujeres prostituidas y víctimas de trata y contempla la elaboración de un Plan Integral para la erradicación de la trata, que incorpore medidas de sensibilización.

 

Asimismo, la ley capacita a la administración autonómica a actuar ante posibles situaciones de discriminación y desigualdad de género, pudiendo intervenir a través de la negociación, la corrección o la elaboración de informes, así como la correspondiente sanción en caso necesario. 

 

Entre las infracciones se incluyen casos como la realización de actos (culturales, lúdicos,  artísticos o en el marco de eventos deportivos) que promuevan la discriminación de género o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; o la realización de campañas publicitarias utilicen el cuerpo de la mujer como reclamo o fomenten la violencia de género o la prostitución, entre otros.

 

Otras novedades de la ley son el refuerzo del papel de las administraciones locales en las políticas de género a través de la elaboración de planes locales de igualdad; el impulso a la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres en el sector  agrario y pesquero; la formación permanente en género de todo el personal de la administración autonómica; los protocolos de prevención de actitudes machistas en la práctica deportiva y el deporte en general; el fomento de las igualdad en la ciencia y las TICs, o el impulso de políticas activas de ayuda a la creación y producción artística y cultural de autoría femenina.

 

La norma dedica además un apartado a la responsabilidad social de los medios de comunicación, que adoptarán, mediante autorregulación, códigos de conducta para el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia machista.

 

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