Page 328 - IMA 2018.Informe-de-Medio-Ambiente-en-Andalucía

Estas recomendaciones tuvieron un reflejo Para la implantación de este modelo en el terri-
desigual. Así, muchas comunidades autónomas,
conscientes de la dificultad que suponía la
gestión de numerosas instalaciones y de la falta
de capacidad técnica y administrativa de muchos
ayuntamientos, optaron por la creación de
entidades gestoras a nivel autonómico. Este es
el caso de ESAMUR en Murcia, EPSAR en
Valencia, ACA en Cataluña, el Canal de Isabel II
en Madrid, o NILSA en Navarra. Estas
entidades, mediante el cobro de un canon de
saneamiento (desigual en cuantía y también en
aspectos tributarios) han podido acometer el
mantenimiento y la explotación de muchas
depuradoras, y en su caso, la cofinanciación de
infraestructuras hidráulicas de saneamiento y
depuración.
En Andalucía no fue posible implantar este mo-
delo, dada la dificultad que suponía su peso
demográfico y su dimensión territorial, y por la
defensa por parte de las entidades locales de
sus competencias propias. Así, fueron los entes
supramunicipales y consorcios, así como las
empresas gestoras de las áreas metropolitanas
de las capitales, las que asumieron el
compromiso de la gestión, la explotación y la
cofinanciación de infraestructuras (que eran
financiadas en su mayor parte por la Junta de
Andalucía).
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torio andaluz, era necesario determinar los ámbi-
tos supramunicipales para la prestación de los
servicios urbanos de agua, e impulsar la
creación de los entes supramunicipales para la
gestión. Para el desarrollo de las obras
hidráulicas, las entidades locales debían suscribir
convenios con la Junta de Andalucía, en los que
se recogían las infraestructuras necesarias, tanto
de abastecimiento como de saneamiento para la
correcta prestación de los servicios urbanos de
agua, así como los compromisos de ambas
administraciones en cuanto a financiación y
ejecución de infraestructuras.
En estos convenios, eran las entidades locales
las que se comprometían a implantar el canon
local (para abastecimiento y saneamiento) en su
tarifa, cuya finalidad era garantizar la financiación
para la correcta explotación y mantenimiento de
las EDARs, así como para la cofinanciación de
las inversiones que debían asumir las entidades
locales en base a los convenios suscritos.
Este modelo tuvo un resultado desigual en el
territorio andaluz, muy condicionado por la
inexistencia de infraestructuras comunes a
varios municipios y por el escaso impulso a
sistemas comunes de gestión supramunicipal,
así como por la priorización de las obras de