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La depuración de las aguas residuales: en el punto de mira
abastecimiento frente a las de saneamiento y
depuración, lo que retrasaba los objetivos de
cumplimiento de la Directiva.
Por otra parte, muchos municipios pequeños que
no se encontraban agrupados en sistemas supra-
municipales, no tenían capacidad para desarrollar
estos convenios, ni escala para implementar un
canon que permitiera asumir su cofinanciación.
Ante esta situación, y dado que los plazos de la
Directiva ya estaban superados y aún quedaban
muchas actuaciones de depuración por acometer,
la Junta de Andalucía se vio obligada a cambiar de
modelo, y establecer un canon a nivel autonómico
para financiar las obras de saneamiento y depu-
ración necesarias para cumplir con la normativa
europea, siendo asumidas estas obras por la
comunidad autónoma, aunque la gestión de estas
infraestructuras, una vez construidas, siguiera
recayendo sobre las entidades locales.
Terminado en 2005 el plazo impuesto por la
Directiva 91/271 para su cumplimiento, se hacía
necesario hacer un diagnóstico de la situación y
balance de lo que se había hecho y lo que
quedaba por hacer, ya que el grado de
cumplimiento de la Directiva rondaba el 80%.
Avanzada la depuración en la mayoría de grandes
aglomeraciones, quedaba por resolver el proble-
ma de manera urgente en las aglomeraciones
más pequeñas que aglutinaban buena parte de
ese 20% de población que seguía incumpliendo la
normativa, junto con algunos casos bastante
relevantes de aglomeraciones de más de 50.000
habitantes.
Por otra parte, en 2011 se produjo una nueva
declaración de zonas sensibles por lo que la
población equivalente que requería un tratamiento
más riguroso pasó de 6 millones en 1998, a más
de 24 en 2011. Esto implicaba que muchas aglo-
meraciones que en 2005 contaban con in-
fraestructuras adecuadas para cumplir con la
Directiva (tratamiento secundario), volvieron a
encontrarse en situación de incumplimiento (exi-
gencia de tratamiento más riguroso), lo que obli-
gaba a adaptar muchas instalaciones a los nuevos
requerimientos.
También había que tener en cuenta que la Direc-
tiva Marco del Agua, que se había impuesto como
gran objetivo la protección de los ecosistemas,
obligaría a analizar si las depuradoras existentes o
previstas serían capaces de facilitar el buen esta-
do ecológico de las masas de agua.
Todo ello dio pie, por tanto, a una revisión en
profundidad del estado de la depuración en Es-
paña (la segunda en quince años) lo que deter-
minó la elaboración de un nuevo plan, llamado
Plan Nacional de Calidad de las Aguas, con un
escenario temporal que se hizo coincidir con el de
la Directiva Marco de Agua, es decir el año 2015,
y que incorpora todas aquellas actuaciones para
terminar de cumplir con la política europea en
materia de medio ambiente hídrico.
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