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La depuración de las aguas residuales: en el punto de mira
Las primeras actuaciones significativas en
materia de depuración, se hicieron en Es-
paña entre las décadas de los 70 y los 80,
antes de que existiera normativa en esta
materia ni siquiera a nivel nacional. Entre
ellas, destacan los Planes de Saneamiento
de la Costa Brava o Baleares, orientados a
la mejora del estado de las playas en zonas
eminentemente turísticas, o las actuaciones
en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla,
que no se ejecutaron en el marco de ningu-
na estrategia planificada, sino fruto del in- También el papel de las administraciones
terés y empeño de las administraciones
locales.
Pero sin duda, la palanca para el despegue
de la depuración en España fue el Plan Na-
cional de Saneamiento y Depuración de
1995, elaborado para el cumplimiento de la
Directiva 91/271.
Cuando arranca el plan, apenas el 40% de la
carga contaminante generada en las aglo-
meraciones urbanas en España cumplía con
la Directiva, concentrándose este porcenta-
je en algunas grandes capitales (Valencia,
Madrid, Barcelona o Sevilla) y en importan-
tes municipios costeros. En 2005, fecha lí-
mite para el cumplimiento de la misma,
esta cifra se duplicó, siendo más del 80% la
población que contaba con una EDAR que
les permitía cumplir con lo establecido en la
Directiva. En poco más de 10 años, se
habían realizado más de 700 actuaciones,
fundamentalmente en las aglomeraciones
de más de 50.000 h.e., que repercutieron
de manera evidente en una mejora de la ca-
lidad de los ríos y el litoral, cuyo estado de
contaminación a principios de los 90 era
inaceptable.
Este esfuerzo inversor fue posible gracias a
los Fondos Europeos (FEDER) que permitió
a la administración general del Estado dis-
poner de respaldo presupuestario para eje-
cutar numerosas obras hidráulicas.
autonómicas fue decisivo, no solo de cara a
complementar la inversión, sino también
por una cuestión clave: asegurar una ade-
cuada gestión y explotación de las infraes-
tructuras una vez construidas, algo
indispensable para alcanzar los objetivos de
depuración.
Desde la administración general del
Estado, se recomendaba a las CCAA
impulsar sistemas supramunicipales
de gestión, así como la implantación
del denominado canon de saneamien-
to, que permitiera cubrir los costes de
explotación e incluso poder servir co-
mo instrumento para la financiación
de las infraestructuras que debían
acometer las Autonomías en el marco
de los acuerdos suscritos con el Esta-
do para el desarrollo del Plan Nacio-
nal de Saneamiento.
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