La violencia machista sigue copando titulares en nuestro país. Una macroencuesta oficial sobre violencia contra las mujeres en el País Vasco, recientemente difundida por el Observatorio vasco sobre acoso y discriminación, constata una realidad que sigue interpelando el civismo de nuestras sociedades: prácticamente 1 de cada 2 mujeres vascas han sufrido algún tipo de violencia machista en algún momento de su vida (48,2% de las mujeres vascas -casi medio millón-). La cifra es descomunal y espeluznante. Basta pensar que, a escala mundial, la cifra se situaría1 de cada 3 mujeres, la mayoría en el seno de la pareja, aunque no solo.
Precisamente, el estudio vasco revela que la violencia contra las mujeres no se limita al ámbito íntimo o familiar, sino que se da en la calle, por tanto, espacios públicos y a la luz del sol, a menudo, y en los entornos digitales. Este canal gana presencia. Una de cada 10 mujeres de la Unión Europea ha sufrido ciberacoso desde los 15 años, lo que incluye haber recibido correos electrónicos o mensajes SMS no deseados, sexualmente explícitos u ofensivos, o contactos inapropiados y ofensivos en las redes sociales. Desde luego, uno de estos ámbitos de violencia sexual contra las mujeres es el trabajo.
En este inquietante escenario, parece que el colmo de un centro de investigación especializado en desigualdades sociales y, específicamente, en casos de violencia sexual en el seno de las universidades (se llama CREA: Community of Research on Excellence for All), es que su máximo responsable, el director, durante un tiempo, reciba denuncia por violencia sexual y abuso de poder de nada menos que de14 mujeres, prestadoras de servicios en el mismo en un momento u otro durante ese periodo de gestión del profesor denunciado. Así se desprendería, según se informa en los medios de comunicación, de una carta enviada por un despacho de abogadas, que representan a las referidas mujeres, al rector de la Universidad de Barcelona, donde, en suma, se relatan los: “testimonio de varias mujeres que han formado parte de CREA…, que relatan haber mantenido relaciones sexuales con el [catedrático e investigador director del centro] en un contexto de clara desigualdad jerárquica —en calidad de alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas— y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de…abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”.
Este patrón de violencia psíquica derivaría del ejercicio de una fuerte presión contra ellas -añade la carta de las abogadas-, una vez las mujeres salían de ese entorno laboral cerrado y disciplinado de modo sexista, para disuadirlas de cualquier denuncia. Por lo que todo intento de dar transparencia a la situación desencadenaba “una campaña no solo de desprestigio sino de descrédito profesional”, con proyección en los diferentes ámbitos de su vida. Sin poder entrar aquí, por supuesto, en prejuzgar la veracidad de todo ello, basta con reseñar que, en efecto, este patrón de conducta suele acompañarse de unos entornos cerrados y de profundas desigualdades de poder, lo que facilita el acoso-abuso, máxime si tiene una dimensión por razón de sexo.
Lamentablemente no es ni la primera Universidad que se ve envuelta en estas graves situaciones de violencia, psíquica y/o sexual ni será la última. Al contrario, tristemente, son constantes, como venimos dando cuenta en esta página. Sin ir más lejos, el mes pasado se daba cuenta de 2 sentencias judiciales que condenan a otra Universidad pública por acoso laboral.
Por supuesto, el “cáncer social” no está solo en las Universidades, también se halla en centros de investigación científica y tecnológica referenciales, como hemos informado en más de una ocasión en esta web. Piénsese en el caso que, con precisión, describe la Sentencia del Juzgado de lo Social n. 14 de Sevilla de 31 de enero de 2025 (autos 683/23), que no solo constata acoso sexual por parte del ex director de la entidad Infraestructura Virtual Europea de Ciencia y Tecnología para la Investigación sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas-Consorcio de Infraestructuras de Investigaciones Europeas denominada LifeWatchERIC, sino otras situaciones añadidas propias de una ambiente de trabajo hostil, denigrante de intimidatorio, causando problemas de salud y psicológicos (FJ 5). Al respecto, muy oportuna la cita que se hace del artículo 11 del Convenio CEDAW (la Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), según el cual las conductas de violencia sexual no son solo denigrantes, sino discriminatorias, en la medida en que la mujer realiza obligada determinadas conductas porque tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive. Esta observación sirve claramente también para el estado de situación de abuso de poder y sometimiento sexual que se produjo en CREA.
Por supuesto, todos estos centros aparentemente referenciales socioculturalmente, por tratarse de entidades dedicadas a la elevación del conocimiento y de la conducta humana, en especial las Universidades, cuentan con un amplio despliegue instrumental. En el caso de las Universidades incluso se multiplican (protocolos, canales de denuncia, figuras específicas de gestión de situaciones de conflicto -unidades de igualdad, defensorías de la comunidad universitaria, comisiones de gestión del acoso, etc.-). Pero la realidad es que, con frecuencia, se constata tanto pasividad-silencio como notables deficiencias en la aplicación de esos instrumentos. También aquí el “patrón de conducta resistente” a este reconocimiento y a mejorar la diligencia de gestión se reitera. El cumplimiento es más formal que real, pese a que pasan los años y las décadas y, con frecuencia, se renuevan los instrumentos protocolarios, para actualizarlos a los cambios.
Una situación deficitaria de gestión diligente que también parece constatarse en este caso, ante las ambigüedades de reacción de la Universidad a esta “denuncia”. Así se expresa en la perplejidad generada en el equipo jurídico de estas 14 mujeres posiblemente víctimas de violencia, psíquica y sexual, sorprendidas tanto por el retraso en el recibir la respuesta (no ha sido hasta primeros de julio) y, sobre todo, lo desidioso de la misma. Y ello en la medida en que se limitan a decirles que, si así lo consideran oportuno dichas mujeres, siempre tienen la posibilidad de denunciar a través del:
- “buzón de alertadores y antifraude”
- “buzón ético, de integridad institucional y convivencia”, o
- “al buzón de la Unidad de Igualdad”
Quizás este sea el problema, demasiadas vías para denunciar, pero poca confianza de las personas potencialmente usuarias para acudir a ellas, por la confirmación tan frecuente de su ineficacia, e incluso sus efectos contraproducentes. Como tantas veces hemos repetido en estas páginas, la obligación de gestión preventiva de la violencia en los entornos de trabajo (moral, psíquica, sexual, de género) no se cumple con elaborar un bonito, e interminable, protocolo, sino en la convicción de que hay suficiente voluntad y diligencia para aplicarlo correctamente.
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