Lamentablemente, nos ha costado más de 400.000 hectáreas abrasadas, 4 personas muertas, decenas de miles evacuadas, patrimonios naturales y culturales devastados (castaños centenarios de las Médulas), o amenazados (monumentos arqueológicos de las minas romanas de Médulas) para recaer -no es la primera vez, no estamos convencidos de que sea la última- en la cuenta de que los incendios forestales se apagan en invierno.Y, además, por un coste muchísimo menor que en verano, una enésima concreción de que es más eficiente y eficaz prevenir cualquier riesgo que afrontar los costes que genera cuando se actualizan en daños.
Ni que decir tiene que no es nuestro objetivo analizar este drama vivido por la España rural, con más incidencia en unas Comunidades Autónomas más (Galicia, Castilla-León) que en otras (Andalucía, por fortuna, o por gestión más eficaz, ha tenido una menor incidencia, aunque no ha quedado ajena). Pretendemos ocuparnos de otra faceta que apenas ha tenido eco en los medios (aunque ya se informa de denuncias ante la ITSS), pero que resulta de gran importancia, también a tenor del marco normativo reciente, aún inaplicado, en materia: ¿quién o quiénes protegen, y cómo, la salud mental, los estados emocionales, de las personas profesionales, incluso de las voluntarias, que nos protegen frente a los incendios forestales?
Siguiendo la recurrente sentencia de "acordarse de Santa Bárbara bendita cuando truena o arde", en este verano hemos conocido de la precariedad laboral de las personas que se dedican a los diferentes dispositivos, preventivo-extintivos, que existen para afrontar los incendios forestales. Al igual que hemos sabido también de su pretensión para acceder al estatuto de 'bombero/a profesional', pues buena parte de las personas dedicadas a estos menesteres tienen la condición de 'peón', al tiempo que hemos sabido también que incluso quien tiene la condición de bombero forestal tiene peores condiciones laborales (menos estabilidad, menos retribución) y de jubilación que los bomberos urbanos.
Menos voz (o pluma) se le ha dado a una cuestión que, sin embargo, parece fundamental para la situación profesional y vital de estos diferentes colectivos de personas profesionales (también hemos descubierto que una parte considerable del dispositivo es voluntario -típico de los servicios de protección civil-): cuál es su protección de seguridad y salud en el trabajo en general, cómo afrontan sus propios riesgos, y, en particular, cómo se gestionan sus estados emocionales, sus factores de riesgo psicosocial, en estos entornos, en especial el estrés y el burnout. La cuestión no es meramente especulativa ni tampoco oportunista.
Al contrario, presenta gran transcendencia y máxima actualidad. Hemos conocido, al respecto que, pese a que se aprobaron en el mes de noviembre del año pasado, se diseñó, pero no se puso en práctica, un nuevo estatuto profesional de 'agentes ambientales' (art. 14 de la Ley 4/2024, 8 de noviembre) y de 'bomberos forestales' (arts. 7 y 8 Ley 5/2024, 8 de noviembre) para mejorar, justamente, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en general, y en especial las relativas a los factores y riesgos psicosociales, también en perspectiva de género.
Hasta el momento, el principal riesgo psicosocial analizado para este sector profesional había sido el "estrés postraumático", con importantes consecuencias, hasta llegar incluso a cierta prevalencia de los "suicidios". En este sentido, una revisión de estudios en la materia (International Journal of Wildland Fire) mostró que los datos disponibles sugieren que el riesgo de patología psíquicas como el llamado trastorno de estrés postraumático (TEPT) es elevado en la lucha contra incendios forestales, si bien hay una significativa dispersión de cifras (un mínimo del 10% de los profesionales lo sufrirían, y un máximo del 37%, según los estudios). Pero, en todo caso, serían aún escasos, y poco consistentes, los dirigidos al análisis de los factores de riesgo y las medidas de protección.
En consecuencia, habría pocos datos de alta calidad sobre los problemas a medio y largo plazo para la salud mental de estos profesionales, sobre todo en situaciones diferentes a las de emergencia, esto es, cuando ya se ha producido el incendio, situación que, en todo caso, como es natural, cambia notablemente los valores de afectación de los factores de estrés en su entorno de trabajo.
Algunos estudios empíricos (encuestas a profesionales del gremio) en otras experiencias también significativas, como los incendios en Estados Unidos, se identificaron las siguientes incidencias:
- Ansiedad, prácticamente 1 de cada 2 (49 % de la muestra -encuesta a 700 bomberos forestales-)
- Depresión, algo más de 2 de cada 4 (44%)
- Ideas suicidas agravadas por el estrés laboral, poco menos de 2 de cada 10 (16,5 %)
- Abuso de sustancias, prácticamente 1 de cada 4 (22,7 %)
Entre los principales factores de riesgos estarían:
- La presión que supone la alta probabilidad de sufrir un accidente laboral
- La elevada carga física
- Las condiciones de estrés térmico (ambiental) que soportan en un incendio
- La inseguridad contractual en el trabajo
- Escasa formación y experiencia en determinados modelos organizativos, como los externalizados
- Jornadas prolongadas y descansos inadecuados
- Ausencia, o escasez, de apoyos psicosociales, incluso cuando sufren accidentes de trabajo
- A ello hay que añadir que la emergencia climática antropogénica que hoy padecemos ha añadido gravedad a sus condiciones de trabajo, con lo que crece el impacto psicológico y emocional del estrés térmico (en unos montes que, además, acusan el estrés hídrico)
Como vemos, unos factores se vinculan estrictamente a las situaciones propias de la emergencia del incendio, que resultan más complejos de gestionar en el momento, pero otros se asocian a aspectos contractuales, que podrían reducirse o eliminarse con una adecuada regulación (legal y convencional -como las mejoras del nuevo convenio colectivo de TRAGSA: Acuerdo parcial de modificación del XVII convenio Colectivo de empresa de transformación agraria, SA-). En todo caso, la mejora de condiciones tanto de organización del trabajo (en el evento incendiario) como de entorno (preventivamente) podría ayudar notablemente a reducir los problemas de estrés y estados de ánimo negativos.
Sin duda, el nuevo marco normativo, una vez se desarrolle, también en lo que concierne a la regulación específica para este sector, incluyendo los factores y riesgos psicosociales, también por razón de género (pese a la escasa presencia de mujeres en este ámbito, lo que es otro déficit notable que evidencia desigualdades por razón de sexo), debe ser una oportunidad para corregir este estado deficiente de protección de la seguridad y salud en el trabajo en general, y de la salud mental en particular, de estos profesionales.
Se trata de una actividad caracterizada por tener efectos negativos a nivel emocional sobre sus profesionales, condicionado o mediado especialmente por el grado de experiencia, las condiciones contractuales de trabajo y el tipo de actividad, ya sea preventiva propiamente ya extintiva, como es lógico. También por la intensidad de los apoyos (empresariales, psicológicos, familiares y sociales) con que cuentan. Aunque hay pocos estudios, que deben ser intensificados, como exige la nueva legislación, sí se cuenta con información suficiente para mejorar las condiciones laborales en el sector que lo profesionalice, reduciendo al tiempo los problemas de estrés laboral, no solo postraumático.
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