El año pasado, la Agencia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (AESST, más conocida como EU-OSHA, por sus siglas en inglés) publicaba un muy relevante informe sobre la 'Salud mental en la agricultura: prevención y gestión de riesgos psicosociales para agricultores y trabajadores agrícolas' (la publicación está solo en inglés). Entre los datos más inquietantes (extraídos combinando métodos científicos diversos, desde una revisión de estudios y documentos previos, hasta las entrevistas directas a profesionales del sector) está la estimación de que:
- La mitad de los agricultores y personal agrícola de la UE soporta altas cargas de trabajo realiza largas jornadas que regularmente superan las 48 horas semanales
- La mayoría trabajan en zonas rurales aisladas y se enfrentan a la necesidad de disponibilidad constante sin tiempo libre
Son solamente algunos de los factores de riesgo psicosocial más “típicos” (vinculados a las condiciones de trabajo, a los modos de organización del negocio y los factores ambientales) que estarían en la base de un incremento de los índices de ansiedad, estrés y depresión de este sector en el conjunto de la UE. Pero hay una estadística que resulta particularmente inquietante: las tasas de suicidio son altas, más en este sector que en otras ocupaciones y más en ciertos países respecto de otros. Particularmente preocupante los casos neerlandés y francés.
Cuando se analiza esta dramática estadística emerge, de inmediato, otro grupo de factores. Se trata del conjunto de factores asociados “al estrés regulatorio agrario”. Sus efectos en la pérdida de salud y bienestar de los agricultores podría ser tan nocivo o más que el “estrés financiero” (el desequilibrio persistente entre el crecimiento de sus costes de producción y el estancamiento o reducción del precio de sus productos, controlados por las grandes distribuidoras) e incluso que el “estrés ambiental”, derivado de la absoluta incertidumbre que genera depender de condiciones climáticas, cada vez, además, más extremas. De ahí que una parte muy significativa de los estudios más recientes en este sector se adentren en la gran carga jurídico-administrativa que pesa sobre su actividad y que hipoteca a menudo sus vidas.
Precisamente, para apoyar el diseño y la implementación de las exigencias de la Política Agraria Común (PAC), la Comisión Europea ha creado la Red de la PAC (EU CAP Network), a través de la cual se pretende optimizar el flujo de información, así como el intercambio de conocimientos sobre agricultura y política rural dentro de la UE. En su seno se ha creado un Grupo Temático de apoyo a la salud mental de las personas del agro y de las comunidades agrícolas, para identificar los objetivos más relevantes, urgentes y factibles para promover la salud mental y el bienestar de quienes se dedican a esta actividad, mejorando globalmente la calidad de vida de las comunidades rurales. Para avanzar en la práctica dispone de un documento (Key ingredients for supporting the mental health of farmers and farming communities) con 12 recomendaciones clave, individual, estatal y comunitario -ej. servicios de salud mental en los seguros agrarios obligatorios-).
La propia Comisión, directamente, dentro de un programa más amplio en esta dirección simplificadora, acaba de adoptar el Estudio sobre la simplificación y la carga administrativa para los agricultores y otros beneficiarios de la PAC”. Paradójicamente, la misma autoridad que crea esas cargas considera que son excesivas, de modo que los agricultores de toda la UE “están sujetos a pesadas obligaciones administrativas que a menudo no reflejan las realidades sobre el terreno. Esta carga normativa requiere mucho tiempo y genera costes para los agricultores y las administraciones nacionales.
Conduce a una menor aceptación de las obligaciones y también puede desalentar la inversión”. Vemos que no son las razones del bienestar y la integridad psicofísica delos agricultores lo que pesaría más en este enfoque, sino el monetario (mejorar la inversión y la rentabilidad), si bien es claro que tendría un efecto directo en la reducción del factor de estré profesional asociado a la sobrecarga de regulación-gestión administrativa.
Con todo, en algunos países no parece estar dando resultados. En Francia, un agricultor-ganadero se suicida cada dos días (más en el sector bovino y caprino). Se trata de un gran drama socioeconómico y cultural que persiste desde hace años. La sociedad guarda silencio, aunque el Gobierno lleva años con planes especiales.
La estadística procede de un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y representa una cifra 3 veces superior a la del resto de sectores. El último informe de la seguridad social rural de Francia (MSA) lo confirma, indicando que los trabajadores del campo de entre 15 y 64 años tienen un mayor riesgo de mortalidad por suicidio, siendo un 77% mayor cuando se trata de los propietarios de explotaciones agrícolas.
Esta mayor prevalencia se explica por diversas causas. A las indicadas más arriba se suma el “estrés económico-financiero” (un tercio de los agricultores viviría por debajo del umbral de la pobreza, especialmente los hombres ganaderos). Los testimonios de este abismo de agotamiento físico y mental son muchos y sus testimonios se multiplican, con palabras diversas, pero con un fondo coincidente: "Trabajaba hasta 16 horas por día (…). Es un agotamiento físico y moral. Él veía que ya no ganaba dinero con el negocio familiar" (hermana de un agricultor que se suicidó).
El grave problema de bienestar psicosocial, además de socioeconómico, se extiende por toda Europa. Según la EU‑OSHA, en Finlandia, en Irlanda o en Noruega la mitad de los trabajadores agrícolas reconocen niveles altos de estrés laboral y pensamientos suicidas. Aunque el problema se encuentra también más allá de nuestras fronteras europeas (ej. entre 2022 y 2024, 3.090 agricultores se suicidaron en Maharashtra, la India, debido a las deudas y la pérdida de sus cosechas, como expulso la directora de Ciencia y Tecnología de la ONG india Save Soil, Praveena Srindhar, durante la COP29, donde se puso sobre la mesa por primera vez esta problemática).
¿Y en España? ¿Por qué no se habla de este problema en España? Si el suicidio ha venido siendo un tema tabú en nuestro país, donde todavía no hay una estadística profesional de suicidios, de modo que en el registro que se lleva al respecto no suele figurar la profesión, algo parece estar cambiando. Y el caso que ha encendido las alarmas en España ha sido el suicidio de un joven agricultor (27 años), el pasado mes de julio: "no agunto más las inspecciones de Hacienda ni de Trabajo. No aguanto trabajar 18 horas para no vivir”, escribió el mismo joven en su carta de despedida, en redes sociales.
No era un joven anónimo, aunque sí ha querido dejarse esta faceta fuera de la difusión de la noticia. El joven encabezó las últimas protestas agrícolas en España. Lo que sí ha significado es reabrir un intenso debate sobre la precariedad del sector agrícola español, en el contexto el europeo. A resultas de todo ello, se multiplican los ejemplos de buenas prácticas, las herramientas de medición del estrés del agricultor, para dar más visibilidad a la falta de bienestar emocional en el campo y en las granjas. Pero, como llevamos proponiendo desde hace dos años desde el LARPSICO, hace falta un plan nacional, en un contexto europeo, que se tome en serio esta amenaza para la vida, no ya la calidad, de los agricultores.
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