La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha comparecido hoy jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía, para informar sobre las actuaciones acometidas por su consejería para combatir la siniestralidad laboral en Andalucía, dentro de su marco competencial que se centra en la gestión preventiva.
Blanco ha señalado que el número de accidentes en el trabajo con baja en jornada en los dos últimos ejercicios es menor al registrado en 2019, si bien se debe principalmente a la situación provocada por el COVID. Aun así, ha lamentado que el incremento del porcentaje de accidentes mortales en el trabajo en el último año, especialmente los provocados por caídas en altura. En este sentido, la consejera ha apelado a la implicación de empresas, trabajadores y demás agentes que interactúan en el mundo laboral en la tarea constante de promover y concienciar sobre la seguridad y salud laboral, “con objeto de garantizar su eficacia y su cumplimiento”.
La consejera ha destacado el papel Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales donde están representadas las organizaciones sindicales y patronales, y en cuyo seno se toman decisiones relativas a las actuaciones recogidas en la Estrategia de seguridad y salud en el trabajo, insistiendo en su aplicación e incluyendo modificaciones en cuanto a contenido y prioridad de las actuaciones “sabiendo que con que haya un solo accidente habremos fracasado”.
Incentivos a pymes
Rocío Blanco ha recordado que actualmente se encuentra abierto el plazo de solicitud, hasta el 2 de agosto, de incentivos dirigidos a pymes andaluzas para la realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, destacando que un tercio de los accidentes se producen en empresas de menos de 25 trabajadores. La consejería de Empleo ha destinado 4,83 millones de euros para estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, lo que permitirá beneficiar a más de 400 empresas y autónomos con al menos un empleado a su cargo.
Blanco ha explicado que los incentivos, de entre 1.200 y 15.000 euros, podrán cubrir hasta el 75% de las inversiones que realicen las empresas e irán destinados a financiar dos líneas de ayudas. Por un lado, se establecen ayudas de 1.500 a 15.000 euros para financiar actividades y proyectos que contemplen inversiones dirigidas a la incorporación en las empresas de medidas de mejora preventiva, como la sustitución de maquinaria antigua existente en los centros de trabajo; la incorporación de instalaciones específicas para el control de contaminantes de naturaleza química, física o biológica; las adaptaciones de seguridad de equipos de trabajo y maquinaria; o la adquisición de sistemas inteligentes para el control activo de la protección de las personas trabajadoras, entre otras.
Por otro lado, se establece una segunda ayuda de 1.200 a 12.000 euros para las iniciativas y proyectos de mejora de la integración de la prevención en las empresas, que faciliten el cumplimiento de la normativa, así como la realización de proyectos innovadores y buenas prácticas preventivas. Se incluyen en este apartado planes de formación, estudios ergonómicos y psicosociales, proyectos de I+D+i dirigidos a la mejora de las condiciones de trabajo, diagnósticos preventivos sobre riesgos emergentes y primeras implantaciones de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral.
Más de 24.000 inspecciones previstas en 2021
Rocío Blanco también ha informado en sede parlamentaria de otra serie de medidas e iniciativas que, desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, se están poniendo en marcha para concienciar a empresas y trabajadores con una serie de campañas de asesoramiento, especialmente dirigidas a sectores donde se desarrollan trabajos en altura. Asimismo, ha destacado las inversiones realizadas por la Junta para mejorar las infraestructuras de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales y los sistemas de información existentes, así como la ampliación de personal en el Instituto de Prevención IAPRL.
La labor de estos funcionarios de la Junta de Andalucía se complementa “con una intensa labor de vigilancia y comprobación” llevada a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo. En este sentido Rocío Blanco ha anunciado que la Inspección ha previsto un total de 24.158 órdenes de servicio en el año 2021, y que los 26 técnicos habilitados que colaboran con la inspección tienen previstas 6.480 visitas a empresas.
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