El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley que incluye la modificación de otros anteriores, entre los que se encuentra el que fijaba las bases reguladoras de las ayudas a la solvencia empresarial, con el objetivo de permitir a las empresas y autónomos poder justificar hasta el 31 de mayo el pago de las deudas acogidas a estos incentivos, y no se vean perjudicadas por la dificultad que conlleva la tramitación de la normativa, fijada por el Estado.
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, encargada de gestionar estos incentivos, cerró la convocatoria de estas ayudas financiadas con fondos estatales con un total de 52.870 resoluciones favorables que, posteriormente, debían justificar las pérdidas o rendimientos negativos y los costes fijos incurridos.
Pese a que se ha intentado automatizar al máximo la gestión de la tramitación de estas subvenciones, de gran complejidad en cuanto a requisitos, con la puesta en marcha de un nuevo sistema de justificación de ayudas corporativo y el uso de nuevo software de procesamiento inteligente de documentos, el alto volumen de documentación (más de 1,3 millones) hace aconsejable fijar hasta el 31 de mayo el periodo de justificación para no perjudicar a los beneficiarios.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
Por otra parte, el decreto también establece mejoras en cuanto a la normativa aprobada para desarrollar medidas de empleo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia para Andalucía, con aclaraciones y adecuaciones técnicas que permitan el desarrollo de las seis líneas de incentivos en las respectivas convocatorias que van a ponerse en marcha, con una financiación global de 167,76 millones de euros.
Entre estas mejoras, se encuentra la posibilidad de que las microempresas, trabajadores autónomos y empresas de economía social que quieran acogerse a la línea mantenimiento de empleo y a la línea de ayudas a la transición hacia una economía verde y digital, puedan presentar como actuación subvencionable la realización de acciones de capacitación, formación y sensibilización en economía verde o transformación digital con una duración mínima de 20 horas.
También se ha concretado para la línea denominada ‘Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables’ los requisitos necesarios para que las entidades accedan al incentivo de 6.000 euros por desempleado atendido e insertado laboralmente. Los colectivos a los que va dirigido este programa son personas con discapacidad, desempleados de larga duración (que lleven 12 meses en situación de desempleo en los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), personas pertenecientes a minorías étnicas, demandantes de empleo mayores de 45 años, personas inmigrantes, mujeres con problemas de integración social, personas desempleadas en riesgo de exclusión social y perceptores de prestaciones.
Compartir en