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Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía

Producida la entrada en vigor la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público (LCSP), conviene recordar que, aunque la reforma ha estado impulsada por la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/18/CE, el legislador estatal ha aprovechado para introducir muchas otras reformas. El resultado es un nuevo régimen: hay un cambio de concepción y aún de estructura respecto a la regulación anterior.

Desde la fecha de su publicación, 31 de octubre de 2007, e incluso en los meses anteriores, desde el comienzo de la tramitación parlamentaria del correspondiente proyecto de Ley, la Junta de Andalucía, a través de sus distintos Órganos y, particularmente, la Consejería de Economía y Hacienda, en el marco de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, han venido planificando y desarrollando las diversas actuaciones requeridas para su puesta en marcha en nuestra Administración Pública.

Las medidas adoptadas han sido de índole diversa. Otros proyectos deberán culminarse en los próximos meses. En todas las actuaciones se está teniendo muy en cuenta la óptica del sector empresarial de Andalucía, atento, como en el resto del Estado, a las repercusiones que la puesta en funcionamiento del nuevo texto legal podría ocasionar en el ámbito de la contratación pública y, en suma, en la economía andaluza.

Entre las novedades sustanciales que implica la entrada en vigor de un texto legal de esta entidad deben destacarse las nuevas tendencias a favor de lo que la propia exposición de motivos de la Ley denomina la desmaterialización de los procedimientos, optando por la plena inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 9/2007, de 11 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dispone en su artículo 7.1 que la aplicación de las tecnologías de la información a la Administración estará orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión administrativa. Su exposición de motivos recuerda que nuestra Comunidad Autónoma ya fue sensible a la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías al ámbito de la Administración Pública con la aprobación del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de los procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).

El pasado 30 de abril, se incorporó al Portal de la Junta de Andalucía la Plataforma de Contratación - http://www.juntadeandalucia.es/contratacion - donde se ubican los “perfiles de contratante” de los Órganos de contratación de su Administración y entidades instrumentales. Esta figura, que tiene como fin asegurar la trasparencia y el libre acceso a la información relativa a la actividad contractual pública, tendrá en la Junta de Andalucía un contenido común homogéneo, y se interconectará con la Plataforma de Contratación del Estado, así como, en su caso, con los servicios de información similares que articulen las Entidades locales de Andalucía, en la forma que se determine en los convenios que se concluyan al efecto.

Nos hallamos ante el comienzo de un nueva etapa en la gestión de la publicidad contractual y, en general, de la contratación pública en nuestra Administración, de la que será herramienta esencial la presente Plataforma de Contratación, cuyos diversos desarrollos se irán produciendo en los próximos meses.