De incumplirse la Sentencia dictada en un procedimiento de separación, divorcio o nulidad matrimonial, podrá solicitarse ante la autoridad judicial la ejecución  o cumplimiento de la misma. Para ello se requerirá la intervención de Abogada o Abogado y Procuradora o Procurador.

La autoridad judicial podrá imponer multas coercitivas al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada tanto las obligaciones de pago establecidas en la sentencia como las obligaciones no económicas  de carácter personalísimo.

La acción ejecutiva se somete a un plazo de caducidad de 5 años (a contar desde la firmeza de la sentencia o resolución judicial), salvo en los supuestos de las  pensiones alimenticias y compensatorias, para las que el plazo de prescripción  deberá computarse desde la fecha del concreto incumplimiento de cada una de las prestaciones periódicas no abonadas (artículo 518 Ley de Enjuiciamiento Civil y 1966.1 y 3 del Código Civil).

Si la resolución judicial fija la entrega de determinadas cantidades de dinero,  no será necesario el requerimiento de pago a la persona obligada para proceder al embargo de sus bienes, siempre que el ejecutado (deudor) conozca el importe de la deuda previamente a la reclamación.  

Para que el tribunal proceda a la ejecución de las resoluciones judiciales deberán transcurrir al menos veinte días, contados desde la fecha de notificación de la resolución al ejecutado (artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuando el incumplimiento consista en no respetar las obligaciones derivadas del régimen de visitas ello podrá dar lugar a la modificación del mismo.

De estarse ante resoluciones extranjeras distinguiremos entre:

  •  Las resoluciones dictadas por los Estados miembros de la Unión Europea, excepto Dinamarca, y para cuya ejecución habrá de estarse a lo dispuesto en  las normas comunitarias sobre la ejecución de resoluciones extranjeras en materia de familia y entre las que destacamos el Reglamento CE/2201/2003 del Consejo de 27-11-03 (Bruselas II) relativo a la competencia,reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, sin olvidar los tratados  bilaterales entre los países de la Unión Europeaaplicables en todo aquello que no esté expresamente contemplado en el Reglamento referido.   
  • Las  resoluciones extranjeras procedentes de terceros Estados, en las que será de aplicación lo establecido en los Convenios Bilaterales, Tratados Internacionales o Antigua Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ejecución forzosa de los gastos extraordinarios, no previstos expresamente en las medidas provisionales o definitivas, requiere, previamente al despacho de ejecución, la solicitud de declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración del gasto extraordinario se dará vista a la parte contraria y, en caso de oposición, y dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resolviéndose mediante Auto.

Las medidas previas y provisionales que pudieran adoptarse en los procesos matrimoniales tienen ejecutividad inmediata. Contra la resolución judicial por la que se determinen medidas previas, así como respecto de aquéllas solicitadas junto a la demanda de separación, divorcio o nulidad, no se admite recurso alguno.

En cambio, los pronunciamientos de Sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad matrimonial, separación, divorcio, capacidad, estado civil y derechos honoríficos, sólo tendrán eficacia cuando la Sentencia sea firme, no siendo susceptible de ejecución provisional conforme a lo dispuesto en el artículo 525 de la LEC, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con el objeto principal del proceso.

Por ello, las medidas fijadas en sentencia respecto a las hijas e hijos podrán ejecutarse desde la fecha en que se hubieren adoptado,  ya que los  recursos interpuestos contra la misma no suspenden la eficacia de las medidas acordadas (artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Estas medidas son las que se recogen en el artículo 774.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (disposiciones acerca de las hijas e hijos, vivienda familiar, cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y  cautelas o garantías respectivas).

Conviene destacar que se priorizarán las últimas medidas adoptadas en la sentencia respecto de las medidas provisionales que se hubieren establecido, y ello porque se parte de la idea de que la autoridad judicial, en cada fase posterior, dispone de mayor conocimiento y de mejores condiciones para adaptar las medidas a las circunstancias existentes.

La liquidación del patrimonio común deberá realizarse previo inventario de bienes y deudas debidamente valorados.

El régimen económico matrimonial puede liquidarse mediante:

  • Escritura  pública ante Notario.
  • Convenio regulador en procedimiento de separación o divorcio.
  • Procedimiento judicial específico.

Las partidas que habrán de componer el activo de la sociedad de gananciales son las siguientes:

  • Bienes gananciales existentes en el momento de la disolución.
  • Importe actualizado de los bienes enajenados por negocio ilegal o fraudulento que no hayan sido recuperados.
  • Importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad a cargo de un único cónyuge y otros créditos de los cónyuges contra la sociedad.

Las partidas del pasivo podrán ser:

  •  Deudas pendientes a cargo de la sociedad.
  • Importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en interés de la sociedad de gananciales.
  • Importe actualizado de las cantidades que pagados por uno sólo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad.
  • Créditos de los cónyuges contra la sociedad.

Para el caso de que no se llegue a un acuerdo en el reparto de los bienes y las deudas (activo y pasivo de la sociedad de gananciales, respectivamente),  podrá solicitarse de forma contenciosa mediante un procedimiento de liquidación  del régimen económico matrimonial (articulo 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Será competente para conocer del procedimiento de liquidación el Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio, o aquel ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil.

Admitida la demanda de separación, divorcio o nulidad, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la formación de inventario para que, una vez recaída sentencia judicial firme que resuelva el procedimiento contencioso, pueda procederse a su liquidación. Una vez presentada la solicitud, el/la Secretario/a judicial señalará día y hora para que, en el plazo máximo de diez días, se proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges. En el día y hora señalados, procederá el/la Secretario/a Judicial, con los cónyuges, a formar el inventario de la comunidad matrimonial, sujetándose a lo dispuesto en la legislación civil para el régimen económico matrimonial de que se trate.

Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca  el día señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando habiendo comparecido ambos cónyuges lleguen a un acuerdo, se consignará el inventario en el acta y se dará por concluido el acto. En el mismo día o en el siguiente se resolverá por el Tribunal lo que proceda sobre la administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario.

De discutirse sobre la inclusión o exclusión de algún concepto, en el inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el Secretario judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones planteadas, aprobando el inventario de la comunidad matrimonial y acordando lo que sea procedente sobre la administración y disposición de los bienes comunes. Concluido el inventario, una vez firme la resolución que declare disuelto el régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar su liquidación.

La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de formación de lotes, de liquidación, de pago de las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge y de división del remanente en la proporción que corresponda.

Admitida a trámite la solicitud de liquidación, el/la Secretario/a judicial señalará (dentro del plazo máximo de diez días) día y hora en el  que los cónyuges deberán comparecer al objeto de alcanzar un acuerdo o, en su defecto, designar contador y, en su caso, peritos, para la práctica de las operaciones divisorias. Cuando sin mediar causa justificada alguno de los cónyuges no comparezca  el día señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de liquidación efectuada por  el cónyuge comparecido. En este caso, como cuando habiendo comparecido ambos cónyuges lleguen a un acuerdo, se consignará el acuerdo en el acta y se dará por concluido el acto.

De no lograrse acuerdo entre los cónyuges sobre la liquidación del régimen económico-matrimonial, se procederá, mediante diligencia, al nombramiento de contador y, en su caso,  de  peritos, conforme a lo establecido en el artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 785 y siguientes del citado cuerpo legal.

Liquidada la sociedad de gananciales, se podrá realizar la compensación entre cónyuges (artículo 1.405 del Código Civil), para lo que se podrán abonar, por ejemplo, las cantidades impagadas de alimentos establecidas en sentencias de nulidad, separación o divorcio.

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