El Gobierno andaluz implanta distintas medidas para favorecer la accesibilidad.

La accesibilidad es un derecho de toda la población que adquiere su mayor relevancia en aquellas personas que tienen una discapacidad, algo que en Andalucía afecta a más de 700.000 ciudadanos, el 70% con una movilidad limitada. Sin embargo, se estima que en torno al 40% de los andaluces puede beneficiarse de la supresión de barreras, porque ello revierte también en las personas de edad avanzada y en aquellas con circunstancias transitorias que afectan a su movilidad, a causa de un accidente o de la maternidad.

El Gobierno andaluz, consciente de la importancia de la accesibilidad, está implantando diversas medidas para favorecer su impulso. Así, ha aprobado un decreto que regula las condiciones de accesibilidad que deben reunir las vías públicas, edificaciones y transportes, para permitir su utilización por el mayor número de ciudadanos posible y, especialmente, por aquellos con discapacidad.

Este decreto de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social supone un importante avance en las exigencias de accesibilidad y extiende sus efectos a entornos naturales y a nuevas instalaciones o edificaciones. En concreto, en los espacios naturales, cuando se realicen actividades recreativas, educativas, culturales o análogas, se exigirá al menos un itinerario accesible a los senderos o vías generales de recorrido.

En las playas, además de contemplarse la exigencia de itinerarios accesibles sobre la arena, será obligatoria la dotación de sillas anfibias o ayudas técnicas similares cuando haya servicios de salvamento.

En cuanto a las piscinas de uso colectivo, además de regular la accesibilidad de las instalaciones, el decreto exige que haya una grúa, escalera o rampa para entrar en la misma piscina.

Viviendas

En relación con las viviendas de nueva construcción, los edificios deberán disponer de un ascensor cuando sean de tres o más plantas (dos si hay al menos siete residencias), con la obligación de que llegue hasta el aparcamiento y la azotea.

Respecto a los inmuebles reservados a personas con movilidad reducida, la norma extiende a todas las estancias las condiciones de accesibilidad, hasta ahora limitadas al salón principal y a uno de los dormitorios. En las promociones, se reduce de 33 a 17 viviendas el mínimo exigido para que cuenten con una reserva de pisos accesibles.

Cuarto de baño adaptado.

Entre las nuevas condiciones para los medios de transporte colectivos, se amplía respecto a la normativa estatal del 10% al 15% la proporción de autobuses interurbanos accesibles que deberá tener cada compañía respecto a su flota total cuando disponga de diez o más unidades.

Vías públicas

Igualmente, se mejoran las condiciones de accesibilidad en las vías públicas, con especificaciones técnicas orientadas al aumento del ancho de los itinerarios peatonales, la rebaja de las pendientes de las rampas y el incremento del número de plazas de estacionamiento de vehículos reservadas para personas con discapacidad, que pasan de 1 por cada 50 a 1 por cada 40.

En lo que se refiere al ancho de los itinerarios peatonales, pasan de 1,20 a 1,50 metros, y la altura máxima de los bordillos se reduce de 14 a 12 centímetros, mientras que las pendientes máximas de las rampas tendrán que reducirse del 12 al 10%. También se regulan los carriles reservados a bicicletas contiguos a los itinerarios peatonales, con una señalización diferenciada en textura y color.

Plazas de aparcamiento reservadas.

Finalmente, en el ámbito de las administraciones públicas, el decreto señala que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, deberán llevarse a cabo las adaptaciones mínimas en sus edificios para posibilitar el acceso a las zonas de atención al público.

La Junta dio a conocer en abril de 2010 la nueva normativa andaluza en el transcurso del Foro Internacional sobre Accesibilidad Universal, en el que participaron más de 250 personas. A través de este encuentro, se difundieron también las ventajas de la accesibilidad para la sociedad en su conjunto. Así, responsables de diversas administraciones públicas, miembros de iniciativas europeas, profesionales, docentes y estudiantes universitarios, junto a representantes de entidades de personas con discapacidad, pudieron analizar las novedades que supone esta ley.