La Junta de Andalucía destinó durante el periodo 2014-2016 un total de 66.485 millones de euros a políticas que priorizan la igualdad entre hombres y mujeres, una cantidad equivalente a más de dos tercios de los presupuestos autonómicos de esos tres años. Así se recoge en el tercer informe de cumplimiento de la ley andaluza sobre esta materia, que ha presentado al Consejo de Gobierno la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Este dato, que refleja la alta transversalidad de género en la gestión de la Administración andaluza, ha sido también destacado por el último informe 'Gender Budgeting in G7', del Fondo Monetario Internacional, correspondiente a 2017, que incluye a la comunidad autónoma entre los principales referentes de igualdad fuera de los países del G7.
Además de reseñar que la Junta destina tres de cada cuatro euros de su presupuesto anual a programas que favorecen este objetivo, el balance aprobado destaca el "anclaje estructural" de la Ley de Igualdad de Género a través de instrumentos coordinados por el Instituto Andaluz de la Mujer que garantizan su desarrollo en las políticas sectoriales de cada consejería. Entre ellos destacan las unidades de Igualdad de Género y las comisiones interdepartamentales y de impacto de género.
El documento señala también el papel de la red de atención territorial, a través de los centros municipales de información a la mujer, que llegan a más de 120.000 personas cada año, así como el creciente protagonismo del Consejo andaluz de participación de las mujeres (CAPM), que representa a más de 235.000 asociadas, en las políticas de igualdad de la Junta. En materia de paridad en la representación institucional, se destaca que las parlamentarias de la Cámara autonómica suponen ya el 50,5% del total.
Otros hitos destacados del periodo 2014-2016 fueron la introducción de las cláusulas de igualdad en la contratación pública; el establecimiento de marcos estratégicos en las distintas políticas sectoriales (como los planes aprobados para la educación o para la actividad agroalimentaria y pesquera); la creciente oferta de formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres, o los avances en el uso no sexista del lenguaje administrativo.
Finalmente, el informe hace mención especial a la elaboración del anteproyecto modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, aprobada en 2007. Este texto, que llegará al Parlamento en 2018, cuenta con las aportaciones realizadas por el CAP y por 93 entidades representativas en temas como la igualdad de oportunidades en el empleo, la conciliación de la vida laboral o la participación política.
La reforma prevé un régimen sancionador, que la actual ley no incluye; refuerza el papel de las entidades locales en el fomento de la igualdad; potencia la coeducación de manera obligatoria, y lucha contra la brecha salarial y contra los obstáculos que dificultan el acceso al mercado de trabajo. En líneas generales, también se consolidarán y ampliarán las diversas iniciativas de conciliación incluidas en los sucesivos planes de apoyo a la familia desarrollados por la Junta, especialmente las relativas a la oferta de actividades matinales y extraescolares en los centros educativos.
Respecto a las sanciones, que incluirán medidas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas, el nuevo sistema se vinculará a las conductas infractoras que no recogen los regímenes que actualmente se aplican en materias laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y publicitaria (Consejo Audiovisual de Andalucía).
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