La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha detallado hoy en el Parlamento andaluz que las distintas actuaciones destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad han supuesto un gasto público de 230 millones de euros y han permitido la realización de más de 53.700 contrataciones en el colectivo en los últimos cuatro años.
Durante una comparecencia en Comisión parlamentaria sobre el apoyo a la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas con discapacidad, la consejera ha hecho un repaso de las distintas actuaciones que se han puesto en marcha desde 2019, y ha destacado que en este periodo se han aumentado un 45% las ayudas y subvenciones ante la situación de desventaja con la que parte el colectivo para acceder al mercado de trabajo.
En este sentido, Rocío Blanco ha citado el estudio El Empleo de las Personas con Discapacidad realizado por el IECA para resaltar que la tasa de paro de las personas con discapacidad se sitúa en el 29,3%, un porcentaje superior en 7 puntos a la de las personas sin discapacidad, y que su tasa de actividad (porcentaje de personas que están dispuestas a trabajar) apenas llega al 28,6% frente al 72,2% de las no discapacitadas, lo que hace necesario políticas públicas de apoyo porque “aún queda un importante camino por recorrer”.
En su repaso a las distintas actuaciones puestas en marcha, la consejera ha iniciado su exposición por los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, que cuentan este año con un presupuesto de cerca de 32 millones de euros y que permite diseñar Itinerarios Personalizados de Inserción y dar apoyo, asesoramiento, tutoría y seguimiento personalizado para facilitar el acceso al mercado laboral.
Junto a este programa, Rocío Blanco ha citado las Acciones Experimentales, diseñado para lograr la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo a través de información, orientación y asesoramiento, formación y práctica laboral, una actuación que durante la pasada legislatura favoreció la participación de 647 personas con discapacidad desempleadas, logrando una inserción laboral posterior del 63,67% de los participantes. La consejera ha avanzado que este último programa va a ser sustituido por la iniciativa Proyectos Integrales para la Inserción
En cuanto a prácticas profesionales no laborales, Rocío Blanco ha expuesto que 5.370 personas con discapacidad han participado en estas iniciativas en el marco del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES). De este total, 697 personas con discapacidad han conseguido una inserción laboral.
El Programa “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables”, que ha contado con un presupuesto inicial de 40,2 millones, y en el que el 10% de los participantes serán personas con discapacidad; o unas condiciones más favorables en los incentivos al empleo estable para el colectivo, aumentando 10% cuando la persona contratada sea una persona con discapacidad o un 20% cuando además sea una mujer con discapacidad, son otras medidas expuestas hoy por la consejera, que ha destacado igualmente la importancia de las acciones de Formación Profesional para el Empleo, un aspecto “clave para la inserción laboral a través de empleos de calidad, asociados a contratos laborales estables, a altos niveles de productividad y a inversión y formación continua”.
Centros Especiales de Empleo
Rocío Blanco se ha detenido especialmente en detallar las actuaciones desarrolladas en torno a los Centros Especiales de Empleo, que tienen en sus plantillas un mínimo de un 70% de personas con discapacidad, y ha destacado que en el periodo 2019-2021 se han destinado más de 229,31 millones de euros a estas empresas, lo que se han traducido en más de 53.700 contratos.
Para este 2022, la consejera ha explicado que la convocatoria de ayudas a los Centros Especiales de Empleo cuenta con una dotación inicial 70 millones de euros que se ha incrementado con 18,5 millones de euros más para poder cubrir todas las solicitudes.
Además, durante este periodo se han aumentado un 21% las calificaciones de estos centros para que puedan acogerse al programa de subvenciones, lo que sitúa el número total de estas empresas en 330 en Andalucía. “Unas cifras que ponen de manifiesto la apuesta de este Gobierno por la integración de las personas con algún tipo de discapacidad en la que, insisto, vamos a seguir trabajando”, ha concluido la consejera.
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