La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en sede parlamentaria que el Gobierno andaluz ha adoptado medidas para el servicio de atención residencial y de centros de día por valor de 158,8 millones de euros desde 2019 hasta el 30 de septiembre del presente año. Asimismo, ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, su departamento ha creado un total de 1.912 nuevas plazas de atención a personas en situación de dependencia, lo que supone el mayor incremento llevado a cabo en Andalucía y que contrasta con las 283 que el Gobierno anterior creó entre 2015 y 2018.

Así, Ruiz se ha referido al Decreto-Ley 31/2020 con una medida económica extraordinaria de apoyo a las entidades prestadoras por importe de 13,5 millones de euros; posteriormente, el Decreto-Ley 15/2021 con una cuantía de 10,4 millones de euros; y, aprobada en el Consejo de Gobierno celebrado esta misma semana, una nueva ayuda económica extraordinaria de 22,7 millones de euros que, en este caso, se cuantifica en un importe establecido por plaza concertada y ocupada en los periodos comprendidos desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 y desde el 9 de mayo hasta el 31 de octubre de 2021.

“De esta forma, la Consejería de Igualdad compensa los gastos ocasionados durante la totalidad del periodo comprendido entre el inicio de la pandemia en 2020, incluyendo los complicados primeros meses, hasta la actualidad a fecha de 31 de octubre de 2021”, ha señalado.

Por otra parte, entre las iniciativas de apoyo adoptadas para las residencias y centros de día con el objetivo de amortiguar los efectos negativos que la pandemia de Covid-19 ha venido generado y que ha puesto en riesgo la asistencia a las personas en situación de dependencia, la consejera ha destacado las asignaciones de plazas para la cobertura de vacantes, la priorización de las propuestas del Programa Individual de Atención orientadas a la modalidad de centro de día y las medidas de apoyo a las personas beneficiarias y entidades prestatarias de los servicios.

En el caso de los centros de día, “se garantizó la financiación de las plazas concertadas y ocupadas, así como la reserva en los casos de imposibilidad de incorporación de la persona beneficiaria. Además, se le aplicaba una reducción del 60% en la aportación al servicio y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia abonaría por las plazas ocupadas la diferencia entre el coste de cada plaza y las cantidades que deberían abonar las personas titulares”, ha explicado la consejera. Previamente, durante el Estado de Alarma, se había suspendido la obligación de la aportación económica de las personas usuarias y se garantizó al menos el abono del 80% del precio plaza.

Respecto a los centros de atención residencial, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia abonó el 100% del coste de la plaza hasta que esta fuese ocupada por un nuevo ingreso en el caso de las plazas concertadas que estuvieran previamente ocupadas y que quedaran vacantes a partir del 14 de marzo de 2020. “Así como la ampliación hasta los 60 días de la reserva de las plazas residenciales ante las salidas voluntarias de las personas en situación dependencia debido al Covid-19, abonando a los centros la diferencia entre el coste de cada plaza y la cantidad abonada por la persona beneficiaria”, ha destacado.

Todo ello con el objetivo de paliar y reducir los efectos económicos extraordinarios provocados por la crisis sanitaria, por el cumplimiento de las medidas obligatorias de prevención e higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades y por los gastos derivados de la puesta a disposición del equipamiento y los medios digitales para la reconfiguración de los servicios, favoreciendo la actividad económica y el mantenimiento del empleo.

Incremento del coste plaza
Por otro lado, la consejera ha informado del acuerdo del Consejo de Gobierno para el incremento, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, de un 2,6% del coste plaza para las residencias y centros de día que atienden a personas en situación de dependencia.

“Desde 2012, la primera revisión de los costes que tuvo lugar fue la aprobada en 2018 y se limitó a aplicar un incremento lineal del 1,9%. Frente a ello, este Gobierno aprobó en 2019 una subida igual al IPC previsto más un incremento adicional variable entre el 1,7% y el 6% según la tipología de las plazas. Así como la actualización de los costes máximos en 2020 mediante una subida correspondiente al IPC de 2019”, ha subrayado.

Finalmente, ha destacado la convocatoria de una mesa de negociación con las patronales, tanto del ámbito de la discapacidad como de las personas mayores, en la que “se va a seguir trabajando para establecer un calendario del incremento del coste plaza en un plazo de tres años. Compromiso en el que también está implicada la Consejería de Hacienda y Financiación Europea”.