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El impulso para el establecimiento de un procedimiento de solución de conflictos en Andalucía, emanado de la capacidad de autorregulación de los sujetos colectivos en orden a la solución concertada de las divergencias surgidas en el ámbito laboral, se manifiesta en los debates mantenidos sobre esta materia en los órganos colegiados del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (C.A.R.L.), protagonizados por la Confederación de Empresarios de Andalucía, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras y por la Administración de la Junta de Andalucía. En el Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía, de 17 de mayo de 1993, ya se aludía a la necesidad de impulsar las negociaciones precisas entre todos los implicados para la culminación de un sistema autónomo de esta naturaleza. Y posteriormente, el Pacto Andaluz para el Empleo y la Actividad Productiva, de 13 de febrero de 1995, incide en la conveniencia del desarrollo de un procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos en todas sus fases de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

Los compromisos descritos se cristalizan el 3 de abril de 1996, fecha en la que se suscribió el “Acuerdo Interprofesional para la Constitución del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía” (en adelante S.E.R.C.L.A.), que se publica en el B.O.J.A. nº 48 de 23 de abril, suscrito entre la Confederación de Empresarios de Andalucía, por una parte, y la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras por otro, en base a las previsiones contenidas en el art. 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, y de conformidad con la mayor representatividad que les otorga a los sujetos intervinientes el Título III del citado Estatuto y el Título II de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Como garante de los compromisos asumidos, firman también el acuerdo el Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejero de Trabajo e Industria. Su desarrollo reglamentario se efectúa por Acuerdo, asimismo de carácter Interprofesional, adoptado por los mismos sujetos colectivos el 11 de mayo de 1998, B.O.J.A. nº 147, de 26 de diciembre.

El S.E.R.C.L.A. viene a consolidar un proceso de potenciación de la autonomía colectiva y de la propia negociación colectiva para las que constituye un instrumento de notable interés y utilidad, promoviendo los espacios de acuerdo y la gestión participada del conflicto, así como la búsqueda de soluciones basadas en el consenso y la corresponsabilidad. Todo ello sin duda redundará en beneficio de la fluidez y normalización del sistema andaluz de relaciones laborales, y, en último término de la paz social, los cuales constituyen elementos esenciales para la efectividad y competitividad del sistema productivo y la generación de empleo en el ámbito autonómico.

Como expresamente afirma la Exposición de Motivos del Reglamento del S.E.R.C.L.A., “Estos Sistemas Compromisorios, harán posible, en nuestra Comunidad Autónoma, que las decisiones que se adopten ante procesos conflictuales estén fundamentadas en actuaciones consensuadas, fruto del diálogo y acercamiento de sus protagonistas, los Actores Económicos y Sociales, lo cual, promocionará las vías de la concertación permanente, así como la potenciación y responsabilización de la autonomía colectiva, contribuyendo igualmente a fomentar y enriquecer el proceso de negociación colectiva y a la ordenación, racionalización, y establecimiento del actual marco de las relaciones laborales.”

 

Características del S.E.R.C.L.A.

El S.E.R.C.L.A. constituye un entramado jurídicamente complejo, tal como lo diseñan sus acuerdos fundacionales, dada la trascendencia de sus funciones y la necesidad de encajar sus reglas específicas en el marco establecido por el legislador. Sintetizando mucho el conjunto de dichas reglas, pueden enunciarse los siguientes rasgos definitorios del S.E.R.C.L.A. como organización.

 

  1. El S.E.RC.L.A. tiene su origen en un Acuerdo Interprofesional sobre materias concretas (art. 83.3 E.T), por lo cual tiene atribuido, por ministerio de la ley, naturaleza y efectos de convenio colectivo. Ello implica que las normas del Acuerdo y del Reglamento tienen fuerza vinculante y directa, proyectándose sobre todos los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito de aplicación, sin necesidad de que sean recepcionadas en los convenios de ámbito inferior. Las afirmaciones anteriores sobre la naturaleza del Acuerdo S.E.R.C.L.A. y su Reglamento vienen refrendadas por la propia Sala IV del Tribunal Supremo en Sentencia de 30/1/99, que sostuvo que “El Acuerdo Interprofesional para la Constitución del Sistema Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía es un acuerdo colectivo sobre materias concretas de los que previene y regula el número 3 del art. 83 del Estatuto de los Trabajadores, pues reúne los elementos, condiciones, requisitos y objetivos propios de los mismos, ya que se trata de un pacto concertado por los representantes de empresarios y trabajadores en el que se regula una específica temática laboral en relación con el ámbito geográfico propio de una Comunidad Autónoma. Y ésta afirmación no se desvirtúa, en absoluto, por el hecho de que en él también haya intervenido una Administración Pública, como es la Junta de Andalucía, pues tal intervención es meramente instrumental”.

    La elección de estos instrumentos podría responder no sólo a su enclave en el ordenamiento jurídico, sino también a un designio de búsqueda de instrumentos más flexibles de gestión del conflicto. En efecto los acuerdos colectivos permiten una mayor adaptabilidad y acercamiento, a las demandas que se generen en la práctica. En previsión de esto, la Estipulación Quinta del Acuerdo y la Disposición Final Primera de su Reglamento atribuyen a la Comisión de Seguimiento del mismo la posibilidad de interpretar y adaptar la normativa sobre el sistema andaluz de conflictos.
  2. El S.E.R.C.L.A. es un sistema paritario, creado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas dentro de la Comunidad Autónoma, en atención a la representatividad que tienen conferida según lo establecido en los arts. 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical.

    Su administración queda encomendada directamente a dichos sujetos colectivos, que de esta forma, hacen patente su compromiso y especial responsabilidad en este empeño. La Administración, ya se ha dicho, interviene de forma meramente instrumental. Por lo tanto el S.E.R.C.L.A. queda configurado, al margen de su enclave normativo como Acuerdo Interprofesional de eficacia general, como un negocio jurídico complejo, que implica el complemento de las actuaciones de los interlocutores sociales con la colaboración que presta la acción pública, en este caso personalizada en la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales que, como garante de la virtualidad y puesta en práctica del Sistema, aporta los medios personales y materiales precisos para su desarrollo al quedar residenciado el Sistema en este Organo.
  3. El S.E.R.C.L.A. es un sistema autonómico, que está llamado a desenvolverse en el ámbito de la Comunidad Autónoma, por lo que puede y debe desplegar su actuación en las diversas demarcaciones territoriales. Ello le da tan peculiar perfil a sus órganos y a la forma que éstos actúan, a efectos de garantizar su presencia real en todas y en cada una de las ocho provincias andaluzas.
  4. Uno de los principios más protegidos por las normas reguladoras del S.E.R.C.L.A. es el de subsidiariedad. En su virtud, será preciso haber agotado el trámite ante la Comisión Paritaria del Convenio colectivo aplicable antes de acudir ante los órganos del S.E.R.C.L.A. a iniciar el correspondiente procedimiento. De esta forma se potencia la centralidad de los poderes de negociación colectiva a todos los niveles y el respeto a los instrumentos de administración que se hayan podido dar las partes suscribientes de cada convenio colectivo. Este rasgo surge con la vocación de contribuir al enriquecimiento de un Sistema dinámico de negociación superando las tendencias estáticas que influyen negativamente en un moderno Sistema de Relaciones Laborales. Lo anterior desarrolla también una importante función didáctica responsabilizando a las partes firmantes de los conflictos surgidos de la gestión de su propia obra convencional.
  5. Los acuerdos reguladores del S.E.R.C.L.A. tiene, como ya se ha dicho, eficacia de convenio colectivo y obligan a todos los empresarios y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluido el Personal Laboral de la Junta de Andalucía y de sus Empresas Públicas, pero la obligatoriedad de las normas no implica obligatoriedad del acuerdo. Al contrario, todos los acuerdos adoptados vía S.E.R.C.L.A. son fruto de la promoción del diálogo y el consenso de las partes y de una labor de aunar voluntades. En suma, de la potenciación de unas actitudes de diálogo y acercamiento que pueden proyectarse sobre el ámbito al que el acuerdo se refiere y en el que el conflicto surgió.
  6. Este sistema, culminando su tendencia a explorar las posibilidades previstas en la legislación vigente, está llamado a desarrollar también una importante labor previa al proceso de trabajo. En el marco establecido por las Leyes de Procedimiento Laboral de 1990 y 1995, ante el S.E.R.C.L.A. se han de sustanciar los procedimientos de conciliación previos a los procesos colectivos con carácter obligatorio, sin cuya tramitación la demanda deberá ser desechada. Este rasgo constituye una importante novedad aportada por el S.E.R.C.L.A., que no está establecida en otros sistemas de solución de conflictos. Conectando con lo que se ha visto con anterioridad, este procedimiento, aunque es obligatorio en su instancia, es voluntario en lo que se refiere a la aceptación por las partes de los resultados que se obtengan. En este sentido, la Sentencia nº 4.106/1999, de 26 de noviembre de la Sala de lo Social, sede Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dejado sentado que el intento de conciliación previa, en el ámbito territorial de Andalucía, ante el S.E.R.C.L.A. en virtud de las funciones que se le atribuyen por el Acuerdo Interprofesional de su constitución, constituye, en el proceso de conflictos colectivos, un requisito preprocesal necesario que no está sometido a la práctica disponibilidad de las partes, sin que pueda eludirse, incluso cuando se demanda al Estado y otros Poderes Públicos, ni en el caso de que el personal afectado por la contienda lo sea Estatutario de la Seguridad Social, ya que sus cuestiones contenciosas, en esta modalidad procesal, se sustancian ante el Orden Social de la Jurisdicción, y por ello regido por la normativa contenida en la Ley de Procedimiento Laboral.

     

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