La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado hoy la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde ha informado que actuará en la Zona Norte de dicho municipio, con una inversión de más de 890.000 euros de los que casi 202.000 corresponden a la inversión de este año.
Acompañada de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, la consejera ha informado que este plan actuará en la provincia de Sevilla en 14 zonas de 9 municipios en las que residen casi 148.000 personas de las que 5.233 corresponden a la Zona Norte de Alcalá de Guadaíra. La puesta en marcha de esta iniciativa en la provincia de Sevilla asciende a 20 millones de euros hasta 2021.
La consejera ha subrayado, por otra parte, “el alcance de esta actuación a nivel regional”, dotada con más de 169,5 millones de euros hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de un millón de personas, mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma”.
Convocatorias de ayudas
La estrategia se ha puesto en marcha este año con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas. La primera, con un presupuesto de casi 28 millones de euros, va dirigida a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, cuenta con una dotación de más de 9,3 millones de euros.
Con respecto a la primera de estas convocatorias, la provincia de Sevilla recibe en 2018 para el Diseño y Elaboración de Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas más de 108.000 euros, mientras que para la implantación, desarrollo y ejecución de las Estrategias Locales de Intervención en las zonas desfavorecidas, previa disposición del Plan Local de intervención, a través del refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios, va a recibir más de 4,4 millones de euros.
La consejera ha explicado que “las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros”.
También ha especificado que “la intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria”.
Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
El proyecto se desarrollará a través de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales. Serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
La Estrategia, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
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